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NOTICIAS de los Colegios de Abogados de España
Los senadores se han mostrado sensibles y receptivos a las reflexiones formuladas desde el mundo colegial catalán y han manifestado su compromiso de estudio con atención. El presidente de la ‘Associació Intercol•legial de Col•legis Professionals de Catalunya’, Oriol Rusca, se reunió ayer en el Senado con un grupo de senadores del Partido Popular encabezado por el senador Manuel Altava. En el transcurso del encuentro, Oriol Rusca ha trasladado la preocupación de las corporaciones profesionales de Catalunya por el contenido del Anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto. Entre los asuntos tratados, se ha abordado el valor de la colegiación como garantía de los derechos de los ciudadanos y, en este sentido, el presidente de la ‘Intercol•legial de Catalunya’ ha reivindicado la apertura de un amplio proceso de diálogo con todos los colectivos profesionales para la formulación de la lista de obligaciones de colegiación, sin precipitaciones teniendo en cuenta el debate a nivel europeo sobre la regulación de las profesiones. Para Oriol Rusca “la tarea que desarrollan los colegios profesionales – acreditación profesional, supervisión deontológica, atención al consumidor y usuario – responde a un interés social incuestionable, que no se puede poner en peligro”. Durante la reunión se ha hablado también de la preocupación por el carácter intervencionista de este Anteproyecto de ley en detrimento de la autonomía colegial, así como por la regulación prevista en materia de financiamiento de los colegios profesionales. Los senadores se han mostrado sensibles y receptivos a las reflexiones formuladas desde la representación del mundo colegial catalán y han manifestado su compromiso de estudiarlas con atención. El presidente de la ‘Associació Intercol•legial de Catalunya’ ha entregado a los senadores las alegaciones presentadas por la Intercol•legial durante el trámite de audiencia abierta en su día por el Consejo de Estado. En este informe se llama la atención también sobre la afectación a las competencias de las Comunidades Autónomas, y en concreto de la Generalitat de Catalunya, que se desprende de este Anteproyecto, reivindicando especialmente la necesidad de mantener la obligatoriedad de la responsabilidad civil de los profesionales para la garantía de los derechos de los destinatarios de los servicios profesionales.
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