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Manifestación
de
abogados
para
pedir
la
retirada
del
Proyecto
de
Ley
de
Justicia
Gratuita |
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MADRID,
16
de
MAYO
de
2014
-
LAWYERPRESS |
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La
protesta,
convocada
por
la
Agrupación
de
Jóvenes
Abogados
de
las
Islas
Baleares
y
secundada
por,
entre
otros,
el
decano
del
ICAIB
y
varios
miembros
de
la
Junta
de
Gobierno,
tiene
por
objeto
sensibilizar
a la
ciudadanía
sobre
los
efectos
de
una
reforma
que,
a
juicio
de
la
abogacía,
puede
suponer
un
nuevo
recorte
de
derechos
 Varios
abogados,
entre
ellos,
el
decano
del
ICAIB
y
diversos
miembros
de
la
Junta
de
Gobierno
de
la
corporación
colegial,
han
secundado
la
protesta
convocada
por
la
Agrupación
de
Jóvenes
Abogados
de
las
Islas
Baleares
(AJAIB)
ante
los
Juzgados
de
Vía
Alemania
para
exigir
la
retirada
del
proyecto
de
ley
de
Justicia
Gratuita.
Durante
la
concentración,
los
letrados
han
repartido
dípticos
entre
los
ciudadanos
para
informar
de
los
efectos
del
proyecto
de
reforma
del
sistema
de
justicia
gratuita
aprobado
el
pasado
21
de
febrero
por
el
Consejo
de
Ministros
y
sensibilizar
a la
sociedad
sobre
“las
carencias,
lagunas,
deficiencias
y
contradicciones
de
la
propuesta
de
reforma,
que
impedirán
que
este
servicio
público
funcione
de
forma
eficiente
y
sea
accesible
para
los
ciudadanos
que
lo
requieran”.
La
presidenta
de
la
AJAIB,
Neus
Canyelles,
ha
leído
un
manifiesto
en
el
que
se
resume
la
postura
de
la
abogacía
al
respecto.
En
declaraciones
a
los
medios
de
comunicación,
tanto
tanto
Neus
Canyelles,
como
Martín
Aleñar,
decano
del
ICAIB
han
coincidido
en
señalar
“que,
una
vez
más,
nos
encontramos
ante
un
propuesta
de
recorte
de
derechos”.
Ambos
han
indicado
que,
en
sus
sus
actuales
términos,
el
proyecto
limita
seriamente
las
opciones
de
muchos
ciudadanos
a
acceder
a un
abogado
de
ocio
para
defender
sus
legítimos
intereses
y
han
puesto
como
ejemplo
a
las
personas
que
integran
unidades
familiares
unipersonales,
a
quienes
la
propuesta
de
Alberto
Ruiz
Gallardón
rebaja
el
umbral
mínimo
de
ingresos
que
les
permitiría
beneficiarse
de
la
justicia
gratuita,
de
los
actuales
14.910
euros
anuales
a
los
12.780
euros.
“Si
se
tiene
en
cuenta
– ha
asegurado
el
decano-
que
casi
el
25%
de
los
hogares
españoles
son
unipersonales,
los
ciudadanos
que
podrían
verse
excluidos
del
beneficio
de
justicia
gratuita
podrían
contarse
por
miles”.
Martín
Aleñar
y
Neus
Canyelles
se
han
referido
asimismo
el
“clima
de
desconfianza
hacia
el
ciudadano”
que
se
desprende
del
proyecto
de
ley,
una
desconfianza
que,
a su
juicio,
se
materializa
claramente
“desde
el
mismo
momento
en
que
el
legislador
presupone
que
una
persona
abusa
del
sistema
cuando,
por
desgracia,
y
excepción
hecha
del
orden
penal,
precise
más
de
tres
veces
en
un
mismo
año
acceder
a la
justicia
gratuita”.
Finalmente,
el
decano
ha
criticado
que
no
haya
en
todo
el
proyecto
ni
una
sola
coma
que
permita
a
los
abogados
de
oficio,
“los
mismos
que
se
dejan
la
piel
en
la
defensa
de
las
personas
más
vulnerables”,
albergar
alguna
esperanza
de
ver
cumplida
su
justa
y
merecida
aspiración
a
percibir
una
remuneración
digna
por
un
trabajo
de
valor
esencial
en
un
Estado
de
Derecho”.
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