Y estas investigaciones se encuadran, a mi entender, en tres posibles escenarios que provocan que el 95 % de ellas queden en punto muerto:
1.- Que el delincuente realice la conducta antijurídica con un dispositivo electrónico geolocalizado dentro de nuestra frontera espacio-tiempo y mundo cuatridimensional. En este caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad junto con los jueces pueden solicitar a los operadores de telecomunicaciones ubicados en España que les indiquen el número IP y hora de conexión. De esta manera, la investigación puede determinar el lugar, hora y presunto propietario del dispositivo.
Además también puede incautarse de otras pruebas, como son el ordenador y smartphone en posesión del infractor.

Esta primera posibilidad es la más sencilla de perseguir pero, lamentablemente, los ciberdelincuentes no son tan ingenuos como para llevar a cabo sus acciones criminales de esta forma.

2.- Que el delincuente realice la conducta antisocial desde un dispositivo geolocalizado en territorio extranjero. En este supuesto, la investigación se complica a tal nivel que queda en un punto muerto ya que conseguir la colaboración de los proveedores de internet (buscadores, redes sociales, etc.) y operadores de telecomunicaciones extranjeros es una tarea titánica a día de hoy.
3.- Que el ciberdelicuente realice su acción de forma anónima, enmascarado y utilizando la tecnología sencilla y barata que le brinda Internet para esconderse y no dejar rastro. En estos casos, la acción se realiza desde dispositivos ocultos y diversos que dificultan su persecución desde un punto de vista técnico y práctico.

Volviendo a la “alarma social” surgida en los últimos días como consecuencia de muchos comentarios vertidos en las redes sociales en relación a diferentes acontecimientos, tanto el Gobierno como el Ministerio Fiscal, se han visto obligados a dar una respuesta a esta situación, señalando la necesidad de actuar de manera contundente contra este tipo de conductas y adoptando las primeras medidas para tratar de centralizar y unificar la respuesta judicial ante las mismas, concretamente en la sala coordinadora en materia de Criminalidad Informática del Ministerio Fiscal.

A pesar de esa respuesta por parte de los poderes públicos, esta semana también se han puesto de manifiesto algunos aspectos que pueden limitar la capacidad de persecución y castigo de este tipo de actuaciones, teniendo en cuenta que muchas de las fórmulas jurídicas existentes pueden resultar insuficientes, y que los medios técnicos y humanos hacen prácticamente imposible actuar de manera global y generalizada contra todos los comentarios publicados en las redes sociales que puedan ser considerados constitutivos de delitos.

Entonces, ¿qué debería hacer el poder legislativo, judicial y ejecutivo para proteger a sus ciudadanos de los cada vez más frecuentes Ciberdelitos? A mi entender, existen tres vías de colaboración:

1.- Crear cuerpos de élite digitales, compuestos por expertos informáticos y juristas, tanto del sector civil, como del sector militar -y tanto del sector público como del privado-.
2.- Acudir a todos los congresos internacionales y multisectoriales (stakeholders) para promover la aprobación de normas internacionales que persigan los ciberdelitos.

3.- Crear un Comité de Estudio que analice los principios clásicos del Derecho para proponer los principios de un nuevo modelo y método de estudio, creando una nueva materia jurídica, similar al Derecho marítimo y aeroespacial, que se denomine “Derecho del Ciberespacio”. Esta nueva disciplina tendría muy en cuenta nuevos principios de aplicabilidad que se adapten al nuevo y revolucionario mundo llamado “Internet”.