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A nadie se le escapa que la carrera fiscal pasa por uno de sus momentos claves en su larga historia como cuerpo jurídico profesional. En un contexto donde se dibujan diferentes reformas para mejorar nuestra justicia, tanto desde una futura nueva LOPJ como de un nuevo Código Procesal Penal, los fiscales siguen trabajando demasiado y con pocos medios a su alcance, pese a que algunos se han especializado. “El Consejo Fiscal sigue sin estar volcado para la carrera, en definitiva. En el “caso de la Fiscalía de Madrid”, donde el nuevo Fiscal Jefe planteaba una reorganización del servicio con el que no estaba de acuerdo la mayor parte de los fiscales, el propio Consejo se lavó las manos sobre este asunto y pasó el tema al Fiscal General del Estado”, comenta Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo y nuevo portavoz de APIF (Asociación Profesional e Independientes de Fiscales). Con este profesional, impulsor de Justicia Imparcial, uno de los blogs más seguidos por sus propios compañeros fiscales, hemos hablado de la situación actual de estos profesionales. Desde su punto de vista es fundamental que existan contrapesos al poder casi absoluto del Fiscal General del Estado (FGE): “Es fundamental que se dé transparencia a la institución. Nuestro sistema es muy difuso solo queda claro que su figura es la que manda jerárquicamente”, señala. En Primera Persona “APIF, como Asociación profesional es la más joven de las tres existentes. A lo largo del pasado fin de semana tuvimos en Madrid nuestro Congreso Anual. Invitamos a Eduardo Torres-Dulce FGE para que pudiera estar con nosotros pero no ha contestado a nuestra invitación. La nueva Comisión Ejecutiva está formada por cinco fiscales, Pilar Alvarez, Fiscal de Huelva; Mabel Moran, Fiscal de Reus; José Caballero, Fiscal del Tribunal Constitucional, Rosario Sánchez Romero, Fiscalía de Sevilla y quien escribe estas líneas, Fiscal del Tribunal Supremo y portavoz de la propia APIF. Nuestra organización mira los resultados año a año. Cada Congreso señala el rumbo que marca la entidad. De esta forma esta Comisión Ejecutiva tiene un plazo de un año que luego puede verse prorrogado en años sucesivos. En este año queremos crecer y ser más visibles en todas las fiscalías de España. Queremos que nuestros compañeros fiscales nos vean como una asociación exclusivamente profesional, sin ninguna orientación política que condicione nuestra actuación. Como asociación que somos queremos defender los derechos y potestades de los compañeros de la carrera fiscal. Nuestra intención es la de romper el bipartidismo asociativo que se ha instalado en la fiscalía en los últimos treinta años. En este periodo de tiempo los altos cargos y jefes de nuestra actividad corresponde a AF (Asociación de Fiscales), de carácter conservador y UPF (Unión Progresista de Fiscales), de matiz más aperturista. La alternancia asociativa ha tenido que ver con el Gobierno y el partido en el poder. Si era el PSOE quien diseñaba el Ejecutivo, UPF era la asociación dominante en el Consejo Fiscal; ahora con el PP es la AF quien realmente manda. De hecho el actual FGE era el jefe de AF hace tres años y vocal en el Consejo Fiscal. Es el momento de despolitizar la fiscalía y profesionalizar su jerarquía para que las quejas de cualquier compañero se escuchen y tengan en cuenta. De esta forma la carrera fiscal estaría mejor orientada al bien común. Trabajamos porque la fiscalía sea imparcial, tanto desde el punto de vista interno como desde una visión externa.” Sr Viada. En primer lugar felicitarle por su nombramiento en APIF ¿Qué balance puede hacer de estos primeros cien días del nuevo Consejo Fiscal? No ha cambiado gran cosa la situación, salvo un aspecto. En este nuevo Consejo Fiscal se observa que los vocales de la UPF luchan con mayor vigor frente al anterior Consejo Fiscal que acabó siendo un desastre. Pese a ello, sigue faltando transparencia en cuanto a los cargos de libre designación. No sabemos quién concursa ni méritos ni currículum. Se niegan a proporcionarlo pese a que lo prometieron que lo darían. El Consejo Fiscal sigue sin estar volcado para la carrera, en definitiva. En el “caso de la Fiscalía de Madrid”, donde el nuevo Fiscal Jefe planteaba una reorganización del servicio con el que no estaba de acuerdo la mayor parte de los fiscales, el propio Consejo se lavó las manos sobre este asunto y pasó el tema al Fiscal General del Estado. ¿Qué está pasando realmente en Madrid? El nuevo Fiscal Jefe, Juan José Polo, elegido por el propio Torres-Dulce planteaba una reorganización del trabajo diferente, lo que está generando tensiones enormes a nivel interno. Nadie sabe realmente lo que tiene que hacer, esta es una situación que se lleva soportando durante un año. El cambio que plantea Polo, porque considera que es mejor, genera unas tensiones enormes en su contra. Hay una votación en la propia Fiscalía que arroja que 135 fiscales no están de acuerdo con esos cambios; 20 a favor y otros 20 que se abstienen. Pese a esta votación el Fiscal jefe decide seguir adelante con los cambios estructurales. Los fiscales de Madrid piden apoyo al Consejo Fiscal y como antes decía este se muestra que no es competente para tratar ese asunto. Ahora el tema ha llegado al FGE quien tiene que decidir si esos cambios se van a materializar después del verano. ¿Y ustedes qué medidas han tomado sobre este asunto? APIF ha recurrido esa decisión del Fiscal Jefe de Madrid como un acto administrativo. Entendemos que no tiene una base legal para hacer lo que ha hecho. Es discriminatorio no pueden concursar unas plazas tienen que hacerlo todas. Tampoco los criterios de atribución no son para nada claros ni objetivos. Así estamos viendo que los cambios que hay en Madrid son contínuos. Un fiscal protesta y se le cambia de lugar. Realmente la Fiscalia de Madrid pasa por una tremenda indefinición .Si el FGE no nos da la razón intentaremos recurrir en via contenciosa administrativa. Habla de la figura del FGE. Realmente es una figura con muchísimo poder… Es fundamental que dé transparencia a la institución. Nuestro sistema es muy difuso solo queda claro que su figura es la que manda jerárquicamente. Hay tanta confusión que muchos Fiscales Jefes preguntan a la inspección quién es el competente para resolver ese asunto porque no lo saben. En esta situación qué utilidad tiene el Libro Blanco Fiscal hecho con la colaboración de muchas de las fiscalías. En un principio se pensó que sería un elemento para ayudar a mejorar nuestra propia carrera fiscal. Sin embargo, las conclusiones de este Libro señalan que la culpa de lo que le pasa a la fiscalía viene de fuera. Es poco autocrítico. Cuando dice de fuera, se refiere al Gobierno… Sí, al Gobierno, cuando hay cosas internas que también hay que mejorar. Le pongo un ejemplo. El Libro Blanco ha criticado nuestro sistema estadístico. Los fiscales tenemos que hacer siempre balance de lo que hacemos: anotar número de causa y ficharlas. Mientras que el Libro Blanco se señalaba que no se podía hacer y había que cambiar el sistema en la nueva Comisión de Productividad, mantiene la estadística porque ven necesaria para cobrar la paga por productividad. Nosotros pensamos que la estadística hay que abolirla. No vale para nada. Y que en casos de desidia se puede llegar a falsear estos datos. Es el momento de buscar nuevos métodos frente a la productividad y a la estadística. Ahí la informática ayudaría mucho, no cabe duda. Los problemas en las fiscalías se reproducen, sobrecarga de trabajo, falta de medios. Todo esto genera situaciones críticas como las existentes en las fiscalías de Alicante y Málaga. La informatización es mala; muy limitada a la provincia no existe interconexión de ningún tipo con otros lugares. El problema existente es la falta de profesionales ante la gran carga de trabajo que hay. Hace unos meses se retiraron los fiscales sustitutos de la circulación, una decisión controvertida. Se ha juntado todo. Ha habido unos años en los que no se crearon plazas con lo cual jubilaciones, excedencias o bajas han hecho que el crecimiento sea negativo. Y este último año se despidieron a los fiscales sustitutos. No eran profesionales de mala calidad, al contrario, hacían bien su trabajo y ahora no lo hacen. Se ha intentado arreglar el asunto pagando adicionalmente a los Fiscales titulares por si tienen que hacer el trabajo del otro, pero es una trampa, sin el refuerzo del sustituto es complicado llegar a todo. El resultado neto señala que hemos perdido un número de efectivos grandes. Pocos para solucionar el millón doscientos mil asuntos pendientes que existen en el campo penal según el último CGPJ antes de la renovación. ¿Cuántos fiscales harían falta para atender a esos asuntos? No es fácil responder a la pregunta. En determinadas fiscalías deberíamos meter hasta un tercio más de plantilla. En otras, con que llegue un nuevo compañero les llena de alegría al resto de los profesionales. Hay que romper con la visión cortoplacista de la justicia. Ahora estamos en época de ahorro y la propia LOPJ se enfoca desde esa perspectiva. Sin embargo, las competencias del fiscal se amplían, hay fiscales en muchas jurisdicciones quizás demasiadas, ¿no? Es cierto que se han ampliado mucho. Al final la propia dinámica de la sociedad exige una especialización de esos fiscales. Hoy hay delitos ecológicos que cuando entré en la carrera fiscal casi no existían; otros económicos o la propia actividad de la delincuencia internacional te obligan a especializarte. Las plantillas decrecen para el resto de asuntos porque hay fiscales que se especializan en determinados temas. Así hay menos recursos para ser despachados mejor. Todavía utilizamos carpetillas y medios folios para anotar las incidencias de los asuntos. Se envían por el correo de la fiscalía pero hay retrasos importantes en su llegada a otras fiscalías. Es necesario informatizar este proceso y luchar contra la desidia existente, eso nos proponemos desde APIF. Desde fuera se observa a la carrera fiscal muy jerarquizada, lo que no ayuda a poder reclamar cuando existan conflictos. Somos el colectivo más honesto del mundo. Nunca se ha condenado a nadie por ningún delito. Escasos expedientes disciplinarios: sabes que tienes que adaptarte a lo que digan tus jefes y así no hay sanción. Sí hay que revelar que las sentencias de lo contencioso rebajan mucho los fallos de la inspección. Algo se hace mal en la fiscalía cuando sucede esto de forma sistemática a los fiscales que recurren. Es un círculo vicioso. La inspección depende del FGE. Todo depende del FGE. No hay nadie imparcial. Creo que nuestro sistema disciplinario es peor que el de los jueces y menos garantista, eso hace que la sanción sea probable.. ¿Se hubiera podido evitar el caso del Fiscal Frago, expulsado momentáneamente de la carrera y admitido por un fallo de la Audiencia Nacional, funcionando de otra manera? Claro que se pudiera haber evitado. La sentencia que le absuelve señala que nuestro sistema disciplinario es malo. Y que no hay nadie imparcial en la Fiscalía para corregir esa situación. En este sistema tan jerarquizado tus garantías solo existen después cuando recurres. Nosotros queremos que existan esas garantías antes, como cualquier otro cuerpo profesional. El próximo mes de julio organizamos en APIF un curso para analizar este tema el de las garantías y derechos de los fiscales y como luchar por ellos. Nuestra situación es la de una situación de inseguridad jurídica interna muy grande. Es muy duro que nuestro cometido sea el de velar por la legalidad y los derechos de los ciudadanos, tal y como se señala en la Constitución y escuchar lo que dicen los Tribunales de nosotros. Esa percepción de la sociedad sobre la figura del fiscal, ¿es positiva? Creo que a nivel general se ofrece una imagen buena del trabajo que hacemos. Todos los interlocutores que se cruzan con los fiscales ven a un profesional que se esfuerza, que trabaja; que trata de llegar a acuerdos con la defensa cuando es posible.. Hablamos de funcionarios especializados que tienen ganas que las cosas funcionen bien. A nivel general, claro que se valora. Luego hay otros casos mediáticos o políticos donde parece que el sistema de justicia tiene dos velocidades; uno para toda la gente y otro para la clase aforada de este país. En ese escenario muchos compañeros suyos señalan por la necesidad de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que preserve su independencia de los políticos. Asi se ha manifestado desde el grupo GRECO del Consejo de Europa quien en su último informe ha indicado que deben regularse las relaciones entre la Fiscalía y nuestro Gobierno en España. Lo ideal sería que el Gobierno diera por escrito las instrucciones al Ministerio Fiscal y que hubiera luz y taquígrafos en las reuniones del FGE con determinados Ministros. No pueden ser reuniones clandestinas o de las que te enteras con posterioridad. Hay que diferenciar la política criminal de los asuntos concretos. El Consejo de Europa al ver que no hay transparencia señala que es necesaria esa regulación de la que antes le hablaba. Y es que esta situación no inspira ni credibilidad ni confianza. ¿Hay que regular también el nombramiento del FGE? Es bastante necesario. Hoy día intervienen los tres poderes del Estado: El CGPJ informa sobre la idoneidad profesional, el Parlamento entrevista al FGE, aunque ya sabemos que tiene unas mayorías determinadas, con lo cual está supeditado al Ejecutivo. De esta forma el único poder que elige al propio FGE es el Gobierno. En su dia se hablaba de elegir a un profesional que estuviera unos cuantos años en ese cargo. Al final se ha solucionado el tema eligiendo personas de gran confianza. De es forma durante cuatro años el FGE no generará problemas al Gobierno. Pensamos que hay que cambiar este sistema de designación asi como los controles a su actividad profesional. Debería la propia carrera fiscal tener mecanismos adecuados para reaccionar contra la actividad del FGE. Hoy no hay ninguna norma que pueda paralizar la actividad del propio FGE. Sobre las reformas que impulsa el Ministro Gallardón, especialmente en el Código Procesal Penal y en la LOPJ, ¿están protegidos los intereses de la carrera fiscal? Nuestra organización fue la primera que señalo que el Ministerio Fiscal debería investigar las causas criminales. Ese no es un papel que sea del juez, no puede ser garante e investigador al mismo tiempo. Esa dualidad se corrige en toda Europa con la atribución al Ministerio Fiscal de la investigación tal y como le estoy comentando. El nuevo anteproyecto de ley de Código Procesal Penal que atribuye al fiscal la investigación, es, desde mi punto de vista personal, un mal proyecto. Sobre todo porque no corrige un gran defecto que es la investigación criminal en manos del juez. El sistema que se propone es contradictorio, no tiene parangón en ningún país y no es un buen proyecto. ¿Y de la reforma que se planea desde la LOPJ? Esta es una reforma compleja y amplia que hay que estudiar al detalle. APIF se ha pronunciado en algunas cosas de acuerdo como es la supresión de categorías judiciales, eso ayudaría a recoger los méritos de los abogados fiscales, catalogados así cuando ingresan en la carrera fiscal, aunque trabajan igual que los fiscales cobrando menos. Solo cuando pasa un determinado tiempo ascienden de categoría. La nueva reforma también perjudica a los llamados Fiscales de Sala, similares a los Magistrados del Tribunal Supremo, al suprimir las tres categorías existentes en la propia carrera fiscal. Ahora esta categoría es vitalicia y sus emolumentos son importantes. Estos fiscales pueden ser reelegidos cada cinco años, de lo contrario pierdes dinero y vas a otro destino de segunda categoría. Creo que esta supresión de categorías no prosperará. Lucharemos por la refundición de las dos, abogado fiscal y fiscal, pero no creemos que esta iniciativa llegue a buen puerto. ¿De la jurisprudencia vinculante algún comentario? Es una figura importada del sistema americano, pero antes habría que saber qué es la no jurisprudencia vinculante. Todos sabemos además como se eligen los Magistrados del Supremo que van a establecer esa jurisprudencia vinculante. Los elige el CGPJ organismo absolutamente politizado. Me suscita reticencias, como puede ver. Igual pasa con la Instrucción Colegiada, formada por jueces nombrados por el citado CGPJ. Se habla de poder añadir dos jueces más a una instrucción compleja. Es un sistema que no nos gusta porque podría ayudar a neutralizar el trabajo de ese juez. ¿Qué valoración hacen ustedes del Ministro Gallardón y su gestión? A un Ministro hay que juzgarle por sus resultados, creo que están ahí y no han sido los que se esperaban. En mi opinión su gestión es muy mejorable. Hay muchos proyectos en marcha, quizás demasiados. Muchos de ellos no habrá tiempo de aprobarlos. En su momento mi asociación hizo huelga por el tema de las tasas. Es un elemento que impide la tutela judicial efectiva. Las tasas son disuasorias y hay ciudadanos que no recurren. Deberían ser simbólicas pero son abusivas como se muestra en la jurisdicción contencioso administrativa donde son muy elevadas. Gallardón quiere acabar con las filtraciones de los sumarios con sanciones graves para el filtrador. Con el sistema procesal actual es complicado controlar estas filtraciones. Si la instrucción la llevara el fiscal la posibilidad de filtración es mínima, el juez anularía la instrucción. En España todas las partes tienen acceso a la información de ese proceso, las filtraciones son más posibles. Habría que reformar nuestro sistema procesal para controlar mejor estas filtraciones. Pese a que el secreto sumarial y su revelación es un delito, vemos como se funciona en este país en estos momentos, cuestión que es lamentable. Finalizamos, ¿Dónde están las claves para que la justicia sea el servicio público que deseamos? Hay muchas cuestiones a abordar. En el plano penal hay que reformar nuestro proceso de instrucción y dotar de medios a nuestra justicia. Curiosamente aquellos asuntos que van más rápidos se bloquean en la ejecución de la sentencia. Este es el otro cuello de botella de la justicia. Tenemos muchos organismos para enjuiciar pero pocos para esta ejecución. Nuestro servicio de la justicia es malo. Lo preocupante es que parece que interese modificar esta situación a nuestros poderes públicos. Hay más ventajas que inconvenientes a la hora de mejorar esta justicia, salvo para aquellos que puedan verse perjudicados por estos cambios a mejor.
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