|
Periodistas,
editores,
legisladores
y
expertos
analizan
la
repercusión
de
la
nueva
norma
en
la
profesión
periodística
 El
anteproyecto
de
reforma
de
la
Ley
de
Propiedad
Intelectual
(LPI),
aprobado
por
el
Gobierno
en
febrero
y
ahora
en
trámite
parlamentario
de
enmiendas,
abre
la
posibilidad
de
que
en
España
termine
por
implantarse
un
canon
digital
por
cita,
ya
puesto
en
marcha
en
algunos
países
europeos.
Para
debatir
sobre
esta
nueva
figura,
el
pasado
29
de
mayo
se
dieron
cita
periodistas,
editores,
legisladores
y
expertos
en
el
Foro
"Los
derechos
de
autor
en
la
reforma
de
la
Ley
de
Propiedad
Intelectual",
organizado
por
la
Asociación
de
la
Prensa
de
Madrid
(APM).
La apertura
del
foro
corrió
a
cargo
de
la
presidenta
de
la
APM,
Carmen
del
Riego,
quien
recordó
que
la
Comisión
Europea
ya
ha
reconocido
al
periodista
como
autor
de
los
contenidos
en
internet.
En
esta
recomendación,
la
Comisión
considera
que
proteger
“los
derechos
de
los
periodistas
y
garantizar
que
puedan
decidir
sobre
la
forma
en
que
desean
que
sus
trabajos
sean
explotados
es
esencial
para
preservar
un
periodismo
independiente,
profesional
y de
alta
calidad”,
recordó
Del
Riego.
La presidenta
de
la
APM
dijo
que
la
recomendación
de
la
Comisión
Europea
refuerza
la
reivindicación
de
la
profesión
periodística
unida,
por
primera
vez,
para
que
en
la
Ley
de
Propiedad
Intelectual,
actualmente
en
tramitación
en
el
Congreso,
“haya
un
reconocimiento
claro
y
explícito
de
nuestros
derechos
de
autor
y
garantice
que
los
periodistas
saben
cómo
se
utilizan
y
cómo
se
explotan”.
Esto,
según
Del
Riego,
“nos
daría
pie
para
negociar
después
con
nuestros
respectivos
medios
y
beneficiarnos
también
de
esa
compensación
que
la
ley
establece”.
Según
denunció
la
presidenta
de
la
APM,
el
proyecto
de
ley
“se
ha
olvidado
de
estos
derechos”
y,
sin
embargo,
sí
reconoce
“los
derechos
de
edición,
una
compensación
que
los
agregadores
deberán
pagar
por
el
uso
de
fragmentos
no
significativos
de
información
y
opinión
con
autorización
previa,
que
tendrán
que
negociar
con
las
entidades
de
gestión
de
derechos”.
Para
Del
Riego,
“un
medio
de
comunicación
es
una
producción
muy
compleja,
pero
que
sin
periodistas
no
sería
posible
y
como
autores
que
somos
debemos
tener
el
mismo
derecho”.
Choque
de
trenes
El canon
digital
por
cita
recogido
en
la
reforma
de
la
Ley
de
Propiedad
Intelectual
provocó
posiciones
muy
encontradas
entre
los
editores
de
diarios
-a
favor-
y
los
agregadores
de
noticias
-en
contra.
Un
verdadero
choque
de
tenes.
Nemesio
Rodríguez,
vicesecretario
de
la
APM
y
moderador
de
la
mesa
redonda
de
los
afectados
por
la
ley,
recordó
el
informe
emitido
el
28
de
mayo
por
la
Comisión
Nacional
de
los
Mercados
y la
Competencia
en
el
que
cuestiona
la
necesidad
de
imponer
un
canon
digital
y
pide
que
deje
de
ser
irrenunciable
y se
negocie
entre
las
partes.
Para
Rodríguez,
todo
esto
“es
consecuencia
del
afianzamiento
de
internet”.
Ahora
mismo,
dijo
Nemesio
Rodríguez,
“es
un
juego
de
niños
vulnerar
los
derechos
de
los
periodistas,
por
la
facilidad
con
la
que
se
reproducen
y se
reeditan
sin
control”.
El vicesecretario
de
la
APM
informó
de
que
se
ha
creado
la
Plataforma
por
los
Derechos
de
Autor
de
los
Periodistas,
integrada
por
asociaciones
periodísticas
y
sindicatos,
para
parar
“los
abusos
de
los
derechos
morales
y
económicos
de
los
periodistas”.
Carlos
Astiz,
secretario
general
de
la
Asociación
Española
de
Publicaciones
Periódicas
(AEEPP),
afirmó
estar
a
favor
del
reconocimiento
de
los
derechos
de
autor
y de
su
gestión,
pero
señaló
“que
es
algo
que
se
debe
debatir
y
discutir,
cosa
que
no
se
ha
hecho”.
“De
repente,
el
Gobierno
decide
hacerle
un
regalo
al
grupo
de
los
grandes
diarios
españoles
(AEDE)
y
decide
hacerlo
de
una
manera
chapucera
y
sin
contar
con
los
afectados,
los
usuarios
ni
con
el
resto
de
editores”,
reclamó
Astiz.
Astiz
informó
de
que
lo
que
pretende
la
nueva
ley
es
el
pago
por
enlace,
irrenunciable
y a
través
de
una
sociedad
de
gestión.
Reticente
con
estas
entidades
de
gestión,
el
secretario
general
de
la
AEEPP
teme
que
esta
eventual
sociedad
suponga
“recuperar
una
nueva
SGAE
(Sociedad
General
de
Autores
y
Editores)"
y,
en
última
instancia,
un
control
acentuado
del
Gobierno.
En
busca
de
una
ley
que
no
sea
precaria
En la
misma
línea
que
Carmen
del
Riego
y
Nemesio
Rodríguez,
el
representante
del
FOP
explicó
que
lo
que
piden
los
periodistas
es
que
“la
ley
de
propiedad
intelectual
no
sea
una
ley
de
precariedad
intelectual”,
y
que
reconozca
“que
los
periodistas
son
los
autores,
únicos
o
colectivos,
de
los
artículos,
imágenes
u
otros
materiales
informativos”.
Benjamí
Villoslada,
socio
fundador
del
agregador
Meneame.net,
se
opuso
frontalmente
al
canon
digital
por
cita.
Aclaró
que
su
empresa
“siempre
ha
sido
un
aliado
de
los
autores,
puesto
que
fue
concebido
como
un
lugar
para
dar
visibilidad
a
blogs
y a
medios,
enlazando
así
directamente
a la
fuente”.
Villoslada
dejó
clara
su
postura
contraria
a la
instauración
del
llamado
“Canon
AEDE”
por
considerar
que
“limita
el
derecho
a la
cita
breve
en
internet”,
restringiendo
el
derecho
fundamental
a la
libertad
de
expresión
y
“desarticulando
la
esencia
de
internet,
que
es
la
posibilidad
de
conversar
para
organizarnos”.
Para
Villoslada,
el
proyecto
de
Ley
de
Propiedad
Intelectual,
tal
y
como
está
redactado,
“hará
inviables
miles
de
conversaciones
que
hoy
se
producen
en
internet”
y
aseguró
que
la
nueva
ley
“solo
puede
proponerla
alguien
que
pretende
instaurar
un
corporativismo
estatal
totalitario
y
una
economía
dirigista”.
A favor
de
la
compensación
económica
por
cita
se
mostró
Javier
Díaz
de
Olarte,
director
del
gabinete
jurídico
de
la
entidad
recaudadora
Cedro,
quien
explicó
que
“llamemos
como
llamemos
a la
conocida
como
‘Tasa
Google’,
es
una
forma
legítima
de
aplicar
el
principio
básico
de
los
derechos
de
propiedad
intelectual”.
En
relación
con
el
reciente
informe
de
Competencia
que
cuestiona
el
canon,
dijo
que
“no
es
vinculante,
no
derrumba
ni
deja
sin
efecto
la
‘Tasa
Google’..
Para
Díaz
de
Olarte,
la
reforma
de
ley
beneficiaría
a
los
titulares
de
derechos
de
las
publicaciones
periódicas
y de
los
sitios
web
y no
se
trata
de
pagar
por
enlazar,
sino
por
reproducir
parte
de
los
contenidos.
También
beneficiaría
a
los
agregadores,
explicó,
“porque
podrán
utilizar
de
manera
legal
todos
los
medios,
e
igualmente
a
los
ciudadanos
porque
les
garantizarían
un
internet
más
seguro
y
más
legal”.
Finalmente,
intervino
Carlos
Hernández-Sanjuán,
asesor
jurídico
de
la
APM,
que
advirtió
de
que
“desde
el
punto
de
vista
de
los
periodistas
y
sus
derechos
de
autor,
esta
reforma
no
sirve
para
nada”,
sino
que
“beneficia
a
editores
y
entidades
de
gestión”
únicamente.. | 
