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JUSTICIA
Los magistrados de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Santiago Pedraz y Carlos Domínguez, Abogado General de la Comunidad de Madrid, debaten sobre esta figura judicial ¿Quién ha pervertido el concepto jurídico de imputado? Para contestar a esta pregunta tuvo lugar en el CGAE este martes un interesante debate organizado desde Wolters Kluwers para ahondar en lo que supone la imputación. Moderado por Rosalina Díaz, presidenta de la Fundación de esta editorial jurídica, intervinieron Eloy Velasco y Santiago Pedraz, magistrados de la Audiencia Nacional y el abogado general de la Comunidad de Madrid, Carlos Domínguez. Mejorar la formación de los medios de comunicación y crear una cultura jurídica en nuestra sociedad sobre estos asuntos fueron dos de las ideas fuerzas que a modo de conclusión se extrajeron del debate que congregó a juristas como Francisco Javier Vieira, presidente del TSJ de Madrid, Manuel Moix, fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, José Manuel Maza, Magistrado de la Sala Penal del Supremo, entre otras personalidades. El concepto imputado preocupa a todo el mundo y tener esta etiqueta supone un estigma social peligroso. Eloy Velasco, en su intervención, hizo un repaso sobre la figura de la imputación; su base jurídica y a los derechos que lleva inherente esa situación del ciudadano en el proceso penal. “Esta es una situación que llega en su momento y que bajo ningún concepto se puede precipitar dentro del proceso penal”. Y hablo de linchamiento mediático para explicar el comportamiento de determinados medios informativos que quieren decantar la balanza de ese asunto hacia una dirección en concreto “Es evidente que la llamada imputación en los medios de comunicación no tiene porqué tener un reflejo en la via judicial aunque los daños reputacionales para esa persona pueden ser enormes”, aclaró. Y advirtió como los medios de comunicación tienen un ritmo diferente del judicial, más lento por querer atar todos los cabos relacionados con la investigación de cualquier asunto. Desde su punto de vista, como juez de la Audiencia Nacional, esta problemática derivado del uso del término imputado puede encontrar solución desde diferentes vertientes: “ Creo que hay que evitar en lo posible el uso del Código Penal para cualquier asuntos, hay soluciones en derecho administrativo o civil también muy buenas”. También confesó que en determinados momentos los jueces por falta de tiempo, al tener importante carga de trabajo, prefieren imputar antes de eludir el asunto. “Otra solución es mejorar la relación con los medios informativos y su formación en justicia. De esa forma muchos de los juicios mediáticos que surgen podrían evitarse o prevenirse”, señala. También dejó claro que los políticos deben colaborar en este contexto “es fundamental que tengamos mejores leyes y que cuando se les pide información colaboren con la justicia y no tengamos que ir a sus sedes a pedírselas”, apunto. En esta línea de argumentación, Santiago Pedraz, aludió también al peligro que supone que los medios de comunicación sean un contrapoder. “No podemos olvidar que en determinadas ocasiones el juicio paralelo lo que pretende es orientar el asunto hacia un determinado lugar y evitar el juicio justo que cada ciudadano tiene derecho constitucionalmente”, explicó. Y apuntó que los propios medios informativos, por cómo funcionan como empresas periodísticas, todos y cada uno de ellos responden a intereses muy concretos. “Es evidente que el propio juez debe evitar aislarse de este entorno mediático para preservar la presunción de inocencia del propio imputado. Y también tuvo tiempo para hablar de la figura del jurado, “una figura especial que ofrece soluciones diferentes en casos como el del joyero de Tous o el de la propia Rocio Wanninkog que estuvo más de año y medio en la cárcel por un crimen que no cometió. En ambos caso el veredicto del jurado fue revisado y cambiado por el Tribunal Supremo” Por su parte, Carlos Domínguez señaló a los asistentes a este debate que el término imputado había perdido su auténtico significado y convertido en algo peyorativo: ”Estamos casi ante una muerte civil donde la persona sufre graves daños reputacionales al final del proceso”. Y aludió a los medios de comunicación como uno de los principales culpables de esta situación “al querer crear un clima de opinión diferente del proceso judicial. La llamada condena de imprenta está ahí y es preocupante”, señaló. También coincidió con el resto de los ponentes que el uso excesivo de la via penal genera mucho de estos supuestos “se generan filtraciones interesadas pese a que se establece el secreto del sumario. Hay que darse cuenta que los tiempos de la justicia no son los de las redes sociales”, recordó. Y destacó que en los últimos años parece que todo el mundo sabe de justicia “hay que hablar con conocimiento de causa y los opinadores profesionales no siempre saben lo que están diciendo”. Como soluciones a medio y largo plazo a este problema recordó la necesidad de desarrollar una cultura jurídica en la sociedad. “Es fundamental que los jóvenes conozcan lo que es la justicia y sus detalles y sepan respetar lo que es el procedimiento judicial. Al mismo tiempo creo que sería necesario mejorar la formación en material jurídica a los propios profesionales de la información con programas de formación continuada”. También vio positivo que en el nuevo Código Procesal Penal se vaya a hablar de encausado o querellado, término más suave que el que conocemos habitualmente de imputado que se encuentra ahora en nuestra legislación vigente penal. En el turno de preguntas, tomaron la palabra ilustres juristas como el penalista Luis Rodríguez Ramos quien apuntó que la condena en costas en el proceso penal podría ser una solución para evitar ciertas malas prácticas en este sentido. También aludió a seguir las prácticas que hay en países como Alemania donde a aquellas personas que acaban en la cárcel por un delito que no han cometido reciben con posterioridad la indemnización correspondiente. En una breve pero brillante intervención, como es habitual en él, el magistrado del Supremo José Manuel Maza pidió acuñar el término investigado en lugar de imputado para quitar hierro a la situación actual que genera la citada imputación.
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