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JUSTICIA
Los jueces afirman que las declaraciones de la presidenta de Castilla-La Mancha en 2011, en las que hablaba de un supuesto espionaje a miembros del PP, se “enmarcan dentro de la libertad de expresión”. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Coslada -que resolvió desestimar la demanda de Detectives Almirante e Isidro García contra María Dolores de Cospedal por vulneración del derecho al honor-, al entender que las declaraciones vertidas en enero y febrero de 2011 por la presidenta de Castilla-La Mancha, y la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero y el portavoz del PP en esa comunidad, Francisco Cañizares, sobre presuntas acciones de espionaje a miembros del PP realizadas, supuestamente, por esta empresa, “se enmarcan dentro de la libertad de expresión”. La resolución de la Audiencia Provincial, contra la que no cabe recurso, recuerda, en principio, que “de conformidad con la reiterada doctrina jurisprudencial, recogida y resumida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2014, el derecho al honor se encuentra limitado por las libertades de expresión e información”. La Sección Octava condena a Detectives Almirante y a Isidro García al abono de las costas. Por tanto, los magistrados de la Sección Octava establecen que las manifestaciones realizadas por los demandados en diversos medios de comunicación se enmarcan “sin duda en el espacio de la libertad de expresión en tanto constituyen emisión de juicios y opiniones de carácter personal”. Además, prosigue la sentencia, “se ha de tener en cuenta que todas ellas (las manifestaciones) se realizaron hallándose próximas las elecciones locales y autonómicas y, por tanto, aunque no había comenzado la campaña electoral, puede afirmarse que se realizaron en el marco de una contienda política”. El tribunal entiende en todo caso que, teniendo en cuenta el contexto político en que se encuadraron las declaraciones de los tres responsables políticos demandados, éstas no son en modo alguno atentatorias al honor de los demandantes, ya que debe prevalecer el ejercicio de la libertad de expresión, más aún cuando en la mayor parte de las manifestaciones no se efectuaron alusiones personales y carecían de toda condición insultante o descalificadora. De nuevo la Justicia da la razón de nuevo a los tres dirigentes populares y confirma la sentencia de primera instancia que absolvía a Cospedal, Romero y Cañizares. Esa sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Coslada resolvió la denuncia que la empresa presentó por las declaraciones que los tres acusados realizaron, entre los meses de enero y febrero de 2011, sobre presuntos casos de espionaje a varios miembros del PP realizados por esta agencia, aunque la decisión del juez no era firme y, por tanto, era aún recurrible a instancias superiores. Detectives Almirante alegó, en el recurso de apelación, que las declaraciones que dieron origen a la demanda constaban de elementos «principalmente valorativos», pues los demandados «emiten juicios de valor y no relatos de hechos y por lo tanto determina claramente que estamos ante manifestaciones de la libertad de expresión». La primera sentencia aseguraba que había «elementos más que suficientes para, al menos, poder sospechar» que la investigación que hizo la agencia de detectives sobre cargos del PP era para «utilizarla con alguna finalidad política». El juez concluyó que podían tener «algún indicio de veracidad» las denuncias de espionaje que formuló Cospedal, además de la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y el portavoz del PP en las Cortes de Castilla, Francisco Cañizares, que también fueron absueltos en la sentencia de enero de 2013.
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