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JUSTICIA
Reclama más beligerancia al FGE a la hora de defender a la carrera fiscal y considera que la reforma de la ley orgánica del aborto que planea Gallardón es un ataque frontal a los derechos de la mujer Interesante el 29 Congreso de la UPF, como ya nos adelantaba Alvaro García, su presidente, ( en la foto a la izda entregando conclusiones al FGE). En Cádiz han tenido lugar dos intensas sesiones de trabajo que han abordado la actualidad de la justicia y sus reformas en marcha, por un lado. Y, por otro, el papel del fiscal en esos cambios desde una entidad, UPF, de marcado carácter progresista. Estas conclusiones rechazan el borrador de Código Procesal Penal y el anteproyecto de LOPJ: En consecuencia, la UPF demanda” un proyecto serio y definitivo que verdaderamente aborde los problemas estructurales del proceso penal español, atribuyendo al Ministerio Fiscal, en condiciones de efectiva autonomía, la dirección de la investigación penal y acabando, así, con la figura inquisitiva del juez de instrucción” , tal y como señala el documento que a modo de conclusiones hemos recibido los medios informativos. También se reclama al propio FGE que sea más beligerante a la hora de defender a la carrera fiscal: ” Exigimos un Fiscal General comprometido y beligerante, capaz de oponerse a aquellas decisiones del poder ejecutivo que perjudiquen a la carrera fiscal, de liderar las demandas de los fiscales y de la institución. Nos gustaría que el máximo responsable de la carrera hiciera valer su relevancia constitucional para defender en estos momentos y, sobre todo, de cara al futuro, a la Carrera Fiscal”, se indica en ese texto. Momento clave el que vive la carrera fiscal en estos momentos; hablamos de un cuerpo con una carga de trabajo importante, muy mediado de efectivos, tras haberse eliminado los fiscales sustitutos y cuyo ámbito de actuación se ha ampliado demasiado. En las conclusiones de este 29 Congreso se indica que “nuestro trabajo se sostiene gracias a un impagable esfuerzo personal y de organización colectiva, al que los actuales recortes y el aumento de las cargas de trabajo llevan indefectiblemente a la precarización del modelo existente.” A juicio de estos profesionales las nuevas reformas procesales no hacen sino perpetuar errores conceptuales sobre la naturaleza de nuestra función y mantener la desconfianza institucional hacia la figura del Fiscal como defensor de la legalidad. Otro de los temas que se analizó en este Congreso tiene que ver con las instrucciones del propio Fiscal General del Estado que pueden ser recurridas por via contenciosa administrativa de la Audiencia Nacional :”. La UPF considera que esa insólita interpretación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal atenta gravemente contra el principio constitucional de autonomía del Ministerio Fiscal y quiebra por la base cualquier posible garantía institucional de la imparcialidad del Ministerio Público. En consecuencia, exigimos al Fiscal General del Estado la adopción de medidas para frenar esta práctica”. Sobre el problema organizativo de Madrid, la asociación progresista de fiscales reclama “un marco normativo que dote a las plantillas en su conjunto de una seguridad jurídica de la que hasta la fecha carecemos que impida situaciones de desamparo y que ayude a que las plantillas participen de mayor forma en la decisión de las fiscalías.” Oposición frontal a la reforma del aborto Mención especial en este Congreso ha tenido el anteproyecto de reforma de la Ley del Abordo para el que UPF no tiene paliativos: ”Frontal oposición al anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer por considerarla un ataque directo a la dignidad de la mujer, haciéndonos regresar a épocas pasadas en las que se consideraba que las mujeres no eran capaces de tomar sus propias decisiones por entender que eran seres necesitados de tutela. Al mismo tiempo nos aleja de las legislaciones de la mayoría de los países de nuestro entorno”, indica. En opinión de este colectivo de fiscales Los supuestos legales que regula son claramente insuficientes y van a dejar sin respuesta a aquellas mujeres que quieren ejercer su libre opción frente a la maternidad. Y para aquellos supuestos, muy escasos, que quedaran dentro de la legalidad, se exigen requisitos disuasorios que entorpecen innecesariamente la libre y legítima opción de la mujer. Otras cuestiones que se recogen en estas conclusiones tienen que ver con la propuesta de reforma de Código Penal presentada por el Gobierno supone un evidente paso atrás que atenta directamente contra los derechos fundamentales de las personas aquejadas de una enfermedad mental, atenta contra los derechos humanos y es anticonstitucional. También se menciona el aumento de la desigualdad de riqueza en nuestro país así como un nuevo enfoque más humano en las políticas migratorias de nuestro país. También se reclama una mejora de la cooperación jurídica internacional donde se tenga en cuenta el papel de los fiscales en dicho entorno. A este respecto desde la UPF se volvió a ratificar e insistir en la petición de cese del Director Genera l de Cooperación Jurídica Internacional, e insta al Fiscal General para que mantenga una posición más comprometida en defensa de las competencias de los Fiscales.
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