MARKETING
COMUNICACIÓN
INTERNET
FORMACIÓN
RRHH
PUBLISHING & EVENTS
DIRECTORIO
Noticias de Despachos
Operaciones
ENTREVISTAS
En estos últimos días se han venido sucediendo las declaraciones de diferentes operadores jurídicos sobre la reforma que plantea el Ministro Gallardón de la LOPJ. Curiosamente tanto los informes del Supremo, Audiencia Nacional o Asociaciones Judiciales van en la misma dirección de criticar esta reforma que, pese a ser necesaria, establece un sistema de control que preocupa en la carrera judicial. En esta entrevista, Pedro Viguer, Juez Decano de Valencia y miembro del Comité Ejecutivo de este colectivo da su opinión sobre la misma :” Sin embargo, nos sorprende que una reforma de este calado no haya venido de forma paralela de otra reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial. Es posible que se abra un periodo transitorio hasta que se adecúe al nuevo modelo de justicia”, comenta. Desde su punto de vista la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia, figura que ya funciona en países como Francia y Alemania tiene un peligro “, el de sustituir la figura democrática de los Jueces Decanos por otra designada por el propio CGPJ, cuya configuración actual nos preocupa mucho”. En primera persona “La labor de un Juez Decano es compleja y se organiza en diferentes direcciones. Servimos de intermediarios entre los jueces, Salas de Gobierno y el propio CGPJ. También celebramos Juntas de Jueces y escuchamos a los compañeros. Es una figura centenaria, muy valorada en la carrera judicial, que ha aportado mucho en nuestra actividad. No tiene relación directa con el CGPJ y nos preocupa que ahora con esta reforma se pretenda cercenar su figura. Otra competencia nuestra es la de crear nuevos servicios. En Valencia creamos la Oficina de Presentaciones que ha ayudado a mejorar las ruedas de reconocimiento. Gestionamos el trabajo y las normas de reparto. A este respecto somos la voz que se oye para exigir medios y pedir refuerzos en determinados juzgados. También nos ocupamos de elaborar las estadísticas de la propia planta judicial y de representar a todos los compañeros ante instituciones y medios de comunicación. En una ciudad como Valencia hay 107 juzgados, con los refuerzos tenemos unos 118 jueces que trabajan en ellos. Es un capital humano muy corto para luchar contra la litigiosidad. Los puntos negros son la jurisdicción social, en primera instancia y la mercantil. En la parte mercantil tenemos tres juzgados y cada uno reforzado con un juez. La planta mercantil es claramente insuficiente. Me consta que nuestros compañeros jueces tienen una dedicación de 24 horas al dia para poder sacar los asuntos que les llegan. La potestas se puede imponer, pero la autoritas se gana. “ Sr Viguer: Si usted nos ha ido siguiendo, muchos de nuestros entrevistados nos han dado su opinión sobre la situación de la justicia. Ahora queremos la suya, como Juez Decano. La situación no ha variado mucho. Estamos igual que hace cinco años cuando nos sumergíamos en esta crisis económica. La sobrecarga de trabajo en los tribunales es evidente a la vez que es necesaria una reforma de nuestro sistema judicial. A esta reforma no nos vamos a oponer siempre que no se utilice para otras cosas. Tras esa primera reunión que los Jueces Decanos tuvieron con el Sr Lesmes, presidente del CGPJ y del Supremo, ¿Cómo ven la actividad de este organismo? Creo que hemos perdido una oportunidad histórica para cambiar el sistema de elección del propio CGPJ y regresar al sistema genuinamente constitucional. Por otro lado, la ley orgánica 4/2013 lo que hace es reducir las competencias del propio Consejo y reforzar un concepto más jerarquizado o presidencialista. Como bien sabe hay una Comisión Permanente, con dedicación exclusiva y el resto que no la tienen. Pese a que no nos gusta el sistema de elección, hay un pleno respeto por los vocales. Vamos a ver cómo funciona el Consejo y entonces podremos opinar adecuadamente. Respecto a la LOPJ, conocemos varios documentos del Supremo, Audiencia Nacional y ahora hemos leído el de ustedes, Jueces Decanos, también criticando esta reforma… En efecto, hicimos público ese documento hace tan sólo unos días. Nos parece acertada la idea de los Tribunales de Instancia, la justicia necesita una forma de organización a nivel territorial. Ya lo defendimos hace cinco años con motivo de las jornadas que celebramos en el 2009 en Pamplona. Sin embargo, nos sorprende que una reforma de este calado no haya venido de forma paralela de otra reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial. Es posible que se abra un periodo transitorio hasta que se adecúe al nuevo modelo de justicia. Tampoco está claro el modelo de la justicia penal y si se va a ofrecer a los fiscales la instrucción en el proceso penal. Este es un tema estructural y afecta a la propia planta. No se necesitará el mismo número de jueces si instruyen o no en este nuevo marco. ¿La llegada del Tribunal de Instancia puede hacer peligrar la figura de ustedes, los Jueces Decanos? Es una de las cuestiones más polémicas del anteproyecto y que más malestar ha generado. También podría desaparecer de las juntas de jueces. Tenga en cuenta que ahora los Jueces Decanos son elegidos por los compañeros de forma libre y ahora con el sistema que se quiere desarrollar más jerarquizado, esos presidentes de Tribunales de Instancia serán nombrados desde el CGPJ. También sabemos que podría ser cesado si no tuviera la confianza del propio Consejo. Me parece muy grave y supondría terminar con el último resquicio de democracia interna en la carrera judicial. Es fundamental el trabajo que hacen tanto los Jueces Decanos, como las propias Juntas de Jueces. Me resulta difícil que un presidente de Tribunal de Instancia pueda hacer todas estas gestiones. En esa reforma se habla de la jurisprudencia vinculante del Supremo. Es bueno que se busque una unificación de la jurisprudencia pero ese carácter vinculante sin modificar el artículo primero del Código Civil que no se ha hecho es un poco dudoso. Se dan al Tribunal Supremo facultades cuasilegislativas. Da la sensación que hay dos tipos de jurisprudencias, una de primera clase que sería la vinculante y otra, la de siempre. Es una situación que puede generar cierta confusión. ¿Puede ser anticonstitucional como señala el propio Supremo? No lo sé. Tendrá que valorarlo el propio Tribunal Constitucional. Lo que me preocupa es que pueda generar cierta petrificación de la jurisprudencia. Habrá poco margen interpretativo y es posible que la jurisprudencia no avance como se espera de ella con ese sistema. Otro tema que cita la LOPJ es la instrucción colegiada en la Audiencia Nacional. Nosotros en las jornadas de Sevilla defendimos la instrucción en equipo que no colegiada, tal y como aparece en la reforma del Ministerio. La idea es que jueces que asuman causas complejas puedan ser auxiliados por otros jueces. Eso sí, siempre con un juez que mantuviera la dirección de la investigación. Sorprende que en esta reforma se intente menoscabar el derecho a la liberta de expresión de los jueces y asociaciones, prohibiéndoles hacer declaraciones. Hay dos artículos el 39 y 53 que se refieren a la libertad de expresión de los jueces y que ahora la limitan de forma incomprensible. Es comprensible que juez no pueda hablar de los asuntos que lleva pero no es lo habitual. Sin embargo creo que jueces y magistrados deben ser pedagógicos y explicar a la ciudadanía cuestiones técnicas de procedimiento o de resoluciones judiciales. Es muy necesario entrar en esta dinámica. ¿Es buena idea que en este texto normativo se hable de eliminar las categorías judiciales? Creo que no es acertado. Convertir a la carrera judicial en algo plano lo que hará será desmotivar a la carrera. No habrá incentivos de promoción profesional ni retributivos. Este es un tema en el que coincidimos todas las asociaciones y el propio Supremo en rechazar este planteamiento. Le hago la pregunta del millón, Sr Viguer ¿Cuántos jueces necesitamos para poder afrontar con garantía los asuntos que entran en nuestros juzgados? España tiene un ratio de 10 jueces por cada 100.000 habitantes. La media de los 47 paises del Consejo de Europa es de 21 por cada cien mil. La verdad es que ya no pido llegar a la media de la ratio europea, me conformaría con estar a mitad de camino y subir esa ratio a 15 o 16 jueces. Esta falta de jueces viene agravada por la salida en diciembre del 2013 de casi 1300 jueces sustitutos, apartados sin razón aparente. Eso nos ha hecho mucho daño. Es cierto que debemos tender a una justicia más profesional pero desde la convocatoria de oposiciones. Lo ideal es que por esta via entraran durante varios años unos 300 jueces cada vez. No se entiende su supresión de este colectivo, sobre todo cuando más se necesitaba en los juzgados. Tenga en cuenta que en algunas jurisdicciones se ha duplicado el número de asuntos y esos jueces que hacían cobertura de algunas bajas y sobre todo de refuerzo nos hemos visto privados de su concurso.. Lo peor es que hemos tenido que poner en marcha planes de sustitución; eliminar algunos de nuestros días blancos para poder hacer la sustitución a algunos compañeros. Es evidente que esta medida genera un gran retraso en los señalamientos. Hay que tender a la profesionalización de forma progresiva, no de golpe como se ha hecho y buscar la fórmula, sobre todo de aquellos con más edad o experiencia que se incorporen a la carrera judicial a través de un concurso restringido. ¿Le sorprende que el Ministro Gallardón pida pruebas psicotécnicas para aquellos jueces que inicien su actividad profesional? No me parece mal esta idea. La labor del juez es muy delicada y tiene una responsabilidad enorme. Que se pongan en marcha estas pruebas psicotécnicas no creo que sea una medida desacertada. Ha generado la medida polémica y aquí hay opiniones para todos los gustos dentro de la carrera judicial. ¿Es partidario de mantener la oposición que existe, muy memorística para acceder a ser juez? Es posible que se puedan buscar otras fórmulas parciales complementarias a la prueba memorística que se tendrá que mantener aunque se rebajara su carga. También existe el llamado cuarto turno que bonifica los méritos de determinados juristas. Sin embargo, lo cierto es que no tengo un esquema predefinido de lo que debiera ser la oposición. ¿Tienen los jueces las herramientas adecuadas para luchar contra la corrupción? Creo que no. Tenemos un Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, en primer lugar. Luego necesitamos un cuerpo de peritos contables, como cuerpo estable, que pudiera asesorar al juez en su trabajo, además de una policia judicial auténtica a las órdenes del juez. Al mismo tiempo es fundamental con un sistema ágil para poder reforzar aquellos juzgados que lleven temas complejos como antes le indiqué. Aquí entrarían grandes catástrofes, temas de corrupción etc No es fácil encontrar refuerzos en los juzgados. Y esta cuestión se complica más cuando vemos como se organiza el sistema de competencias en justicia en nuestro país. ¿Son ustedes partidarios de reorganizar estos actores, Ministerio, CGPJ y CCAA con competencias en justicia? Es fundamental que exista una coordinación total entre estas entidades. Creo que lo mejor seria centralizar las decisiones y que no exista, como hay ahora, tantos capitanes para tan pocos barcos. Con las preferentes, aquí en Valencia, el pedir refuerzos ha supuesto esperar meses a lograr ese refuerzo. El refuerzo lo acuerda la Junta de Jueces y en una semana está. Sin embargo debe pasar luego por el CGPJ si necesita un juez de refuerzo y por el Ministerio porque al juez hay que pagarle, al igual que al Secretario Judicial que se habilite. Y además, si necesitas mesas, ordenadores, funcionarios tienes que volver a la citada Comunidad Autónoma para que sea autorizado este gasto. Si te entran de golpe dos mil demandas sobre preferentes debes ser más agil en tu respuesta. Una empresa privada con la gestión de nuestra justicia se hundiría sin remisión. Da la sensación, desde fuera, que el legislador hizo determinadas reformas, y en el caso de la laboral, no tuvo en cuenta que pudiera generarse más litigiosidad, como así ha sido. Es cierto que se ha incrementado la litigiosidad en la jurisdicción social de forma moderada. Hoy es la jurisdicción más dañada por la crisis económica. Los dieciseis juzgados de lo social de Valencia se han podido reforzar con cuatro jueces de la última promoción. Sin embargo en un informe el CGPJ habló que necesitábamos once jueces de lo social. El Ministro Gallardón tuvo la idea de crear una ley de Tasas para frenar esta litigiosidad de la que estamos hablando. El debate no es tanto la conveniencia o no de las tasas como si las tasas son proporcionadas. Esta medida existe en casi todos los países europeos; en alguno de ellos la justicia se financia de estas tasas. Da la sensación que las tasas, especialmente las de segunda instancia, son desproporcionadas. Veremos que dice el Tribunal Constitucional. No es lo mismo una tasa pedagógica que disuasoria. Hay otras medidas que se pueden impulsar como es el desarrollo de los medios alternativos de resolución de conflictos. Hay que apostar por el arbitraje o la mediación, al mismo tiempo que se cambia la mentalidad del ciudadano, así como de jueces, abogados etc. En EEUU o Francia ya llevan años con esta práctica ¿Debería el Tribunal Constitucional agilizar su fallo sabiendo que las tasas están afectando a una gran parte de ciudadanos españoles? Todos los temas que lleva el TC son importantes. Este es un tema que nos afecta a todos. Le puedo dar un dato en Valencia, por las tasas los asuntos han bajado un 14 por ciento en la jurisdicción civil y en contencioso en un 22 por ciento. Otro problema de nuestra justicia tiene que ver con la ejecución de las sentencias. Hay más de un millón de sentencias pendientes. Es el punto flaco de la tutela judicial efectiva. Da la sensación que la ejecución de las sentencias fuera una jurisdicción de segunda clase. Tan importante es dictar una sentencia como luego ejecutarla. Hacen falta medios. Grandes oficinas que se dediquen a investigaciones patrimoniales y a tramitar procedimientos de ejecución y luego tener un buen sistema de acceso a los bienes de los ciudadanos. El actual falla estrepitosamente. ¿Podría ser la solución que el procurador se encargara de este tema? Podría ser una de ellas. Otra, la que le he comentado de la creación de esos servicios comunes así como establecer convenios con entidades como la Agencia Tributaria que tiene mucha más información y actualizada que recibimos. Por cierto, decirle que los presupuestos para la Admon de Justicia han descendido para el 2014 en un 2,7 por cien pero los de la Agencia Tributaria se han incrementado en un 75 por ciento. En Justicia aún trabajamos con el papel y aún no sabemos nada del expediente electrónico. ¿Tan difícil es interoperar los sistemas de Justicia con los de las CCAA? Parece que es complicado, sí. De todas formas puede haber CCAA que piensen que su sistema operativo es el mejor. Hay que trabajar en conjunto y buscar un sistema procesal único en nuestro territorio nacional. Lo que no puede ser es que en una ciudad como Valencia el sistema procesal de los juzgados sea incompatible con el de la fiscalía. O que el propio de nuestra CCAA no tiene nada que ver con el de Castilla-La Mancha o Andalucía. ¿Qué valoración puede hacernos de la gestión del Ministro Gallardón, entonces? Hay cuestiones positivas y otras muy negativas a considerar. Es bueno que se haga un esfuerzo en una nueva ley procesal. También lo es que la instrucción se ceda al fiscal si se dan las garantías oportunas, eso haría reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia e imparcialidad. Es muy negativa la reforma del CGPJ, lo propio era que los vocales fueran de procedencia judicial y no el sistema político de designación parlamentaria que se ha optado. Y sobre la LOPJ; la idea es buena, con grandes tribunales de instancia, idea que se sigue en Francia y Alemania pero se quiere desarrollar un sistema jerarquizado como el de los fiscales donde se suprima la figura de los Jueces Decanos.
Buscar en lawyerpress.com
comparte ésta información
Tweet
<br />
copyright, 2014 - Strong Element, S.L. - Peña Sacra 18 - E-28260 Galapagar - Madrid - Spain - Tel.: + 34 91 858 75 55 - Fax: + 34 91 858 56 97 - info@lawyerpress.com - www.lawyerpress.com - Aviso legal
