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 Los asociados a
AJUDICAT
nos
orgullecemos
de
ser
absolutamente
plurales
y
transversales,
pero
con
una
idea
común
de
justicia,
de
cómo
tiene
que
ser
por
quien
se
tiene
que
gestionar
e
impartir
para
que
sea
un
auténtico
servicio
público
al
alcance
de
todos
y
para
todos,
independiente
y
alejada
de
los
poderes
fácticos,
pero
sobretodo
social
y
físicamente
cercana
a
quienes
contribuyen
a su
sustento
y
mantenimiento
pese
a
aquellos
que
la
quieren
des
de
dentro
y
fuera
desguazar
por
piezas.
En este primer
y
único
artículo
relacionado
con
la
reforma
de
la
Ley
orgánica
del
Poder
Judicial,
que
vamos
a
hacer
público,
puesto
que
en
las
múltiples
entrevistas,
ruedas
de
prensa,
notas
y
artículos,
resta
más
que
clara
nuestra
posición
en
cuanto
a la
imposición
de
cambios
retrógrados,
mantenimiento
de
decimonónicas
instituciones
o
sistemas,
vulneraciones
de
Derechos
Constitucionales
que
se
pretenden
y
que
se
palmean
por
parte
de
muchos,
conforme
a
ello
y
habiéndolo
más
que
fundamentado
sólo
nos
resta
manifestar
que
nos
mantenemos
firmes
y en
sus
propios
fundamentos,
en
cuanto
a
todo
lo
denunciado
en
múltiples
ocasiones.
Sólo queremos
hacer
mención
de
las
distintas
vías
que
se
barajan
para
"solucionar"
la
problemática
actual
de
los
jueces
sustitutos
y
magistrados
suplentes
(llamados
jueces
suplentes
en
el
proyecto
de
ley
orgánica),
y
que
de
nuevo
aparecen
cada
vez
que
se
proyectan
reformas
de
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial,
vías
de
las
que
en
ocasiones
se
nos
había
convencido
de
su
bondad,
nos
referimos
especialmente
a la
posibilidad
de
que
se
realice
un
proceso
selectivo
particular
o
particularizado
tipo
cuarto
turno
de
acceso
a la
carrera
judicial,
para
quienes
hayan
desarrollado
profesionalmente
la
judicatura
como
Juez
sustituto
o
magistrado
suplente,
con
la
inclusión
de
alguna
disposición
adicional.
No se trata de
un
error
estratégico
o de
una
carencia
de
capacidad
jurídica
de
los
que
la
proponen
y
abogan
por
ella,
sino
de
una
programada
salida
a
una
muy
conflictiva
situación
en
la
que
se
hallan
el
Consejo
del
Poder
Judicial
y el
Ministerio
de
Justicia,
que
no
es
otra
que
la
vulneración
sistemática
de
los
Derechos
laborales,
sociales
y
profesionales
de
los
Jueces
Sustitutos
y
Magistrados
Suplentes,
quienes
no
han
creado
ni
patrocinado
esta
situación
que
se
prorroga
a lo
largo
de
los
años
gobierne
quien
gobierne,
conforme
a
ello
no
nos
corresponde
facilitar
ni
mucho
menos
proponer
una
salida
"honrosa"
pero
fuera
del
marco
legal,
sino
exigir
el
cumplimiento
de
la
legalidad
vigente,
con
la
aplicación
al
colectivo
de
la
DIRECTIVA
1999/70
CE,
tan
sencillo
y
tan
complejo
cómo
ello,
lo
qué
además
por
parte
de
muchos
compañeros
y
compañeras
y de
todas
las
asociaciones
ha
sido
objeto
de
Preguntas
Parlamentarias
a la
Comisión
Europea,
Denuncias
Quejas
a la
Comisión
Europea,
Peticiones
a la
Comisión
de
Peticiones
del
Parlamento
Europeo,
y de
las
que
todavía
se
está
a la
espera
de
respuesta
o
respuestas
definitivas
desde
el
mes
de
septiembre
pasado,
así
pues
no
sólo
en
el
Estado
Español
la
respuesta
institucional
es
lenta
sino
que
como
un
mal
virus,
parece
que
se
ha
contagiado
en
tierras
lejanas
donde
también
se
decide
nuestro
futuro.
Además de ello
muchos/as
de
nosotros/as
también
hemos
presentado
de
forma
diversa
y
con
peticiones
distintas,
reclamaciones
previas
y
derecho
de
petición
al
Consejo
General
del
Poder
Judicial
y al
Ministerio
de
Justicia
en
aquello
que
denominamos
la
bicefalia
de
una
sola
cabeza,
para
que
cesen
las
discriminaciones
y
abusos
de
contratación
temporal,
siendo
los
Jueces
sustitutos
y
fiscales
sustitutos
a
quienes
no
se
ha
aplicado
la
directiva
1999/70
CE
de
todos
los
trabajadores
y
trabajadoras
públicos
o
privados
en
el
Estado.
En estos momentos
tras
más
de
dieciocho
meses
después
de
la
publicación
de
la
LO
8/12
por
la
que
se
modificaba
la
LOPJ
y
que
ha
supuesto
nuestra
fulminación,
el
más
que
sabido
ERE
encubierto
a un
20 %
de
la
Planta
Judicial,
debemos
afrontar
nuestra
responsabilidad
de
forma
individual
y
colectiva
sin
esperar
soluciones
para
no
incomodar
al
poder
establecido,
o a
que
amaine
la
tormenta
y
volvamos
a lo
de
siempre
agazapados
y
callados,
o
proponer
salidas
honrosas
a
este
callejón
al
que
nos
han
conducido
el
órgano
de
gobierno
de
los
Jueces,
el
ejecutivo
y el
legislativo
del
estado.
Esta MALA VÍA
no
conduce
en
ninguna
parte,
es
una
quimera
y en
caso
de
aprobarse
deja
de
nuevo
en
manos
del
ejecutivo
la
convocatoria
o
no,
el
número
de
plazas
y
especialmente
los
requisitos
para
valorar
méritos
en
manos
de
quien
no
olvidemos
nos
han
vulnerado
sistemáticamente
y a
sabiendas,
nuestros
derechos
más
básicos.
Los asociados y
asociadas
a
AJUDICAT,
no
creemos
en
esta
mala
vía
de
acceso,
u
otras
algo
más
complejas
de
analizar
pero
que
van
en
la
misma
dirección,
sino
que
creemos
en
el
BOE,
la
historia
que
parece
que
algunos
desconocen
o
ignoran
tiene
cosas
extrañas
y
siempre
se
repite,
así
esta
situación
que
desgraciadamente
está
viviendo
la
justicia
en
general
y la
judicatura
en
particular
ya
se
produjo
en
1981,
hallando
la
solución
en
unos
jueces
actualmente
presidentes
de
altos
órganos
judiciales
y
muy
valorados
en
cuanto
a su
profesionalidad
por
todos
los
operadores
jurídicos,
a
excepción
de
los
que
se
atribuyen
la
denominación
de
“patas
negras”
que
les
reprochan
que
un
día
ellos
fueron
“gurkas”.
Para que no se
nos
tilde
de
ilusos
aportamos
la
prueba
en
documento
público,
que
suponemos
no
se
impugnará
que
da
fe
de
ello,
https://www.boe.es/boe/dias/1981/12/01/pdfs/a28099-28100.pdf |
