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JUSTICIA
Decisión polémica que genera crispación en el cuerpo de Registradores y sorpresa en los Secretarios Judiciales que señalan siguen estando dispuestos a gestionar este servicio Ni Secretarios Judiciales, ni notarios ni registradores de la propiedad. Los registradores mercantiles serán quienes asuman la gestión del Registro Civil. Así lo manifestó en la tarde de ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón en el pleno del Senado .La Ley 20/2011, del Registro Civil, aprobada por el PSOE, desjudicializaba el Registro Civil, pero sin determinar qué funcionario se haría cargo de ello. Finalmente, se encomendará esta gestión a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles, y que, en línea con el objetivo anunciado por el Ministerio, tramitarán todos los certificados y expedientes de forma gratuita para el ciudadano. Sin embargo, la polémica sigue abierta. A última hora de la tarde de ayer un comunicado del Colegio de Registradores dejar claro su disconformidad con la medida. A su juicio esta medida “ puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia. Otro frente se abre al Ministro Gallardón. Si con los abogados está la brecha de la Ley de Tasas Judiciales y la Justicia Gratuita y los Jueces, casi en su totalidad rechazan la reforma de la LOPJ, ahora el Colegio de Registradores claman al cielo por la decisión de habérseles adjudicado, al cuerpo de registradores mercantiles la gestión del Registro Civil. Frente a esta decisión Justicia la justifica porque a su juicio este colectivo, frente a los registradores de la propiedad o los secretarios judiciales estaban avalados por su experiencia en las funciones registrales, su capacidad para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital y su conformidad con una de las líneas rojas del Ministerio, la gratuidad de los trámites para los ciudadanos. Sin embargo, la voz de los Registradores no se ha hecho esperar. Primero se leía con gran expectación un tuit desde su cuenta general. Tuit que causaba reacciones de diferente índole en la comunidad jurídica. Con posterioridad los medios de comunicación recibíamos un escueto y contundente comunicado en el que indicaba la “ total disconformidad con Justicia con la decisión que los registradores mercantiles se encarguen de la llevanza del Registro Civil” Al mismo tiempo este medio de comunicación se ponía en contacto con el Colegio de Secretarios Judiciales, donde un portavoz mostraba su extrañeza ante esa decisión. Desde este colectivo se indicaba a este periodista que los propios secretarios judiciales eran la mejor oferta para poder gestionar el Registro Civil. Sin embargo, también se nos comentaba que el proceso aún será largo, con lo cual puede haber aún cambios importantes en el desarrollo de esta medida que ha generado tanto estupor en la comunidad jurídica. Para el Colegio de Registradores es evidente que ya tuvieron la oportunidad de manifestar su oposición a la asunción del Registro Civil en la Asamblea General celebrada en Zaragoza en abril de 2013, así como en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio. También se señala en la comunicación recibida que ante la pretensión del Ministerio, el Colegio presentó distintas propuestas que, a diferencia de la decisión adoptada, respondían, a juicio de este Colegio, a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil. En opinión de este colectivo, “ Además el anuncio del ministro pone de relieve el desconocimiento de la estructura del cuerpo de registradores, formado por un cuerpo único de funcionarios, que sirven indistintamente tanto Registros de la Propiedad como Registros Mercantiles.” De hecho, por ese desconocimiento se indica que la decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia. Desde esta entidad se lamento que una decisión de este calado no se haya adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011, cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza. Asimismo expresa su preocupación y malestar por esta forma de proceder por parte del Ministerio -que puede provocar un cisma en el cuerpo de registradores- después de la colaboración que en todo momento ha prestado este colectivo financiando y gestionando, en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos. La Junta de Gobierno de este Colegio, una vez que tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión, -de la cual ha tenido noticia a través de los medios de comunicación- estudiará y, en su caso, adoptará las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, sin detrimento del interés general. Decisión polémica de Justicia La decisión que ha tomado el Ministerio de Justicia y que el propio titular Alberto Ruiz-Gallardón ha dado a conocer a través de una pregunta que ha contestado en el Senado, sin que antes Registradores ni Secretarios Judiciales estuvieran informados viene respaldada porque para Justicia Los registradores mercantiles se encargan ya de un registro muy similar al modelo que quiere establecer el Ministerio y que ya apuntaba la ley de 2011, que se basará en las personas y no en los actos que deban ser inscritos. Actualmente, los registradores mercantiles -que según los artículos 274 de la Ley Hipotecaria y 536 del Reglamento Hipotecario tienen carácter de funcionarios públicos, dependientes del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado- se encargan de la llevanza de registros de personas jurídicas y con la puesta en marcha de esta reforma asumirán también los de las personas físicas. La reforma ahora anunciada continúa con el espíritu de la ley de 2011 para tratar de frenar los problemas que plantean los registros civiles, cuyos ejemplos de colapso quedan patentes en las largas colas que se acumulan en las puertas de estos centros o en el hecho de que en algunos casos se estén dando citas para 2019. Situaciones como éstas explican por qué estos órganos acumularon en 2012 uno de los mayores porcentajes de quejas presentadas contra la Administración de Justicia, hasta un 44%, según la Memoria del año 2013 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para paliar estas disfunciones y garantizar un servicio público efectivo, el Ministerio considera indispensable dar un paso más en la informatización de los datos y aparcar el papel. Por eso los registradores mercantiles realizarán esta gestión a través de una plataforma digital, que financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y el ciudadano, pero que siempre se mantendrá bajo titularidad pública, en la que se abrirá un folio o historial a cada persona, no a cada acto que realice (como el nacimiento, el matrimonio, un cambio de apellidos o la propia defunción). El tratamiento de los datos de esta plataforma de gestión pública tendrá un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes para garantizar la privacidad de los mismos y el Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración General del Estado. Gracias a la interoperabilidad entre Administraciones que permitirá este sistema informático, el 85% de las certificaciones que se expiden actualmente en el Registro Civil, unas tres millones al año, serán innecesarias y evitarán que el ciudadano tenga que acercarse físicamente al registro a realizar sus trámites. Tras analizar en profundidad los problemas reales de ejecución que presenta la ley aprobada en 2011, se ha decidido incluir algunas modificaciones, motivo por el que su entrada en vigor inicial, prevista para el próximo 22 de julio, se prorrogará en los próximos días. Es evidente que este plan de buenas intenciones queda pendiente de las reacciones de Registradores y Secretarios Judiciales que, en los próximos días se pondrán en contacto con Justicia para ver realmente si el modelo que hemos conocido hoy es viable. De momento la polémica vuelve a estar unida a otra decisión del Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
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