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JUSTICIA
Desde el pasado 13 de mayo no ha habido más reuniones presenciales entre ambas entidades. Tras el último Pleno del pasado 20 de junio la reunión propuesta por la abogacía para el dia 23 de junio no fue considerada por Justicia Pese a que la Mesa del Congreso de los Diputados ha ampliado de nuevo al próximo 1 de julio el plazo de enmiendas para mejorar el proyecto de ley de Justicia Gratuita, las negociaciones entre CGAE y el propio Ministerio de Justicia, a través de esa Comisión Mixta creada el pasado 6 de marzo llegan a un camino complejo. Se han celebrado cuatro reuniones, la última el pasado 13 de mayo entre dos grupos de trabajo, uno formado por a la Vicepresidenta Primera y Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, acompañada de la Secretaria General del CGAE Victoria Ortega y el Consejero y Adjunto a la Presidencia Javier Caballero Martínez. Por parte del Ministerio han comparecido en estas reuniones el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Gonzalo Conde y Mireya Natalia Corredor, Secretaria General Técnica del Ministerio. Posteriormente, posteriormente, convocada la primera reunión que por ello fue aplazada, se incorporó a la representación del Ministerio el Subsecretario Juan Bravo. En estos momentos las posturas están muy distantes y el acuerdo parece complicado de alcanzar. El último gesto del propio Carlos Carnicer fue el pasado 9 de junio cuando ante un grupo reducido de periodistas, entre los que se encontraba el firmante de esta crónica, el propio presidente del CGAE, suscrito el acuerdo de la abogacía con Justicia por Lexnet, pedía al Ministro cierta aquiescencia sobre las enmiendas que la abogacía planteaba sobre el proyecto de ley de justicia gratuita. Por lo que sabemos estas palabras, que fueron respondidas por otras del Ministro Gallardon, sobre que esperaba cierto entendimiento entre ambas partes, no han fructificado en acuerdo alguno pese a los esfuerzos de la citada Comisión de Trabajo. Fue en el Pleno del CGAE del pasado 20 de junio en el que se decidió por unanimidad pedir a Justicia un giro de 180 grados en su planteamiento. Se habían logrado algunos acuerdos pero faltaba las reclamaciones básicas. Esas cuestiones encabezaban un escrito firmado por Victoria Ortega, secretaria general del propio CGAE, señalando el acuerdo adoptado en el Pleno y la convocatoria de una nueva reunión el pasado 23 de junio, reunión que no tuvo lugar ante la imposibilidad de Justicia por acudir a la misma. En dicho documento se reflejan las cuestiones clave, los elementos que están pendientes de negociar y que convierten al proyecto de Ley de Justicia Gratuita en inasumible desde el CGAE En primer lugar, hay que hablar de la territorialidad: El proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita prevé que cualquier abogado podrá apuntarse al Turno de Oficio en cualquier Colegio de Abogados, independientemente de donde tenga su domicilio profesional. Esta medida no garantiza la cercanía de la Justicia Gratuita al ciudadano. Otro asunto que preocupa al CGAE es la Garantía de cobro del abogado, en todo caso, con retribución digna, puntual y de actualización automática. Junto a ello un tercer elemento que consideran indispensable es la preocupación por la no aplicación de la Ley de subvenciones y una garantía de financiación suficiente para la organización del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita por parte de los Colegios. Tampoco se reclama que los importes de la condena en costas sean para el abogado de oficio previa devolución de los honorarios cobrados así como que se preserven las competencias autonómicas en la gestión de la Justicia Gratuita pese a los recortes que está sufriendo este servicio. Otro asunto que preocupa al CGAE es la participación de los graduados sociales como posibles ofertantes de este servicio. Para la abogacía es fundamental la intervención exclusiva de los profesionales que constitucionalmente tengan asignadas funciones de asistencia y defensa jurídica como son los propios abogados. La séptima reivindicación implica ampliar el concepto material de Justicia Gratuita a casos concretos relacionados con el Servicio de Orientación Penitenciaria, la asistencia a víctimas de violencia de género y la vía administrativa previa. Por último desde el CGAE se pide una garantía para la protección de los derechos de los ciudadanos a todos los niveles sin condicionar el ejercicio a trámites de ratificación personal, suspendiéndose automáticamente el procedimiento hasta que no exista letrado designado, aún en los supuestos de renuncia y planteamiento de insostenibilidad por parte del letrado designado. Estaremos pendientes pues a los próximos días para saber si se reactivan las negociaciones entre CGAE y el Ministerio de Justicia sobre este tema o cualquier otro que tenga que ver con la administración del justicia. Cuestiones trascendentes como la futura reforma de la LOPJ y la modificación de los partidos judiciales que podría cuestionar la existencia de determinados juzgados y alejar la justicia de los ciudadanos o la Ley de Servicios Profesionales que defiende que la cuota colegial se baje a 20 euros al mes por cada colegiado, medida que podría hacer peligrar la pervivencia económica de algunas entidades colegiales, son algunas de los temas que están pendientes y preocupan a decanos y abogados en general.
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