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 En
la
Facultad
de
Derecho,
y a
pesar
de
lo
lejos
que
queda,
aún
recuerdo
explicando
al
profesor
aquello
de
que
el
poder
judicial
es
el
poder
de
control
del
legislativo
y el
ejecutivo.
Los
famosos
Tres
Poderes
del
Estado,
cuya
separación
garantiza
el
Estado
de
Derecho,
y en
definitiva,
la
Democracia.
Podemos
votar
libremente,
pero
sin
esa
separación,
el
sistema
democrático
se
tambalea
y el
voto
resulta
inocuo.
Es
claro
que
el
Ministro
de
Justicia
de
derecho
procesal
ni
“fu”
ni
“fa”,
de
éste
poco
se
aprende
en
la
facultad.
Pasó
por
ella,
por
lo
que
obvio
resulta
que
debió
asimilar
ese
Derecho
Político
que
estudiábamos
todos.
Es
de
presumir
que
lo
conoce.
No
me
creo
que
sea
tonto,
su
trayectoria
lo
delata.
Será
deformación
profesional,
pero
sigo
la
máxima
de
“piensa
mal
y
acertarás”,
y a
este
Ministro,
se
le
puede
calificar
de
muchas
cosas,
pero
“de
tonto
no
tiene
un
pelo”.
Una
de
las
promesas
estrella
del
Programa
Electoral
del
Partido
Popular,
con
las
que
concurrió
a
las
elecciones
del
2011,
al
menos
en
lo
que
respecta
a
Justicia,
fue
prometer
su
despolitización.
En
el
capítulo
titulado
“Una
democracia
ejemplar”
se
afirmaba
sin
tapujos,
el
siguiente
compromiso:
“Promoveremos
la
reforma
del
sistema
de
elección
de
los
vocales
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
para
que,
conforme
a la
Constitución,
12
de
sus
20
miembros
sean
elegidos
de
entre
y
por
jueces
y
magistrados
de
todas
las
categorías”.
En
la
primera
intervención
de
Gallardón
ante
la
Comisión
de
Justicia
del
Congreso
de
los
Diputados,
el
25
de
enero
de
2012,
defendió
con
gran
energía,
lo
que
era
“un
punto
nuclear”
de
su
programa,
pues
“los
programas
electorales
del
PP
están
para
cumplirlos”.
Según
aquel
Gallardón,
que
recibió
el
respaldo
mayoritario
de
la
ciudadanía,
“no
podemos
seguir
con
la
imagen
de
politización
de
la
Justicia
en
España.
No
podemos
seguir
con
una
imagen
en
la
que
la
división
de
poderes
que
consagra
nuestra
Constitución
está,
a
efectos
del
ciudadano,
absolutamente
vulnerada
como
consecuencia
de
la
extensión
de
la
lucha
partidista
a la
configuración
de
los
órganos
de
gobierno
de
uno
de
los
poderes
del
Estado.
No
es
eso,
señorías,
lo
que
quiso
el
legislador
constituyente.
No
es
eso
lo
que
nos
manda
nuestra
Constitución”.
En
aquel
discurso,
un
eufórico
Gallardón,
incluso,
se
vino
arriba:
“No
podemos
seguir
asistiendo
a un
relato
de
la
crónica
judicial
donde
cada
decisión
está
permanentemente
asociada
al
origen
partidario
de
los
miembros
del
gobierno
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
y,
consiguientemente,
a
una
identificación
con
una
u
otra
formación
política.
Éste
es
un
sistema
no
solamente
perverso
en
origen,
en
su
elección,
sino
que
además
perturba
y de
forma
grave
las
decisiones,
aunque
sean
adecuadas,
que
adopta
este
mismo
órgano”.
Leyéndole,
y
por
si
quedaba
alguna
duda,
es
palpable,
que
conoce
bien
la
separación
de
poderes,
y ya
hemos
dicho
que,
“de
tonto,
no
tiene
un
pelo”.
Un
año
después,
el
18
de
abril
de
2013,
ante
el
Pleno
del
Congreso,
presentó
el
Proyecto
de
Ley,
al
que,
tragándose
sus
anteriores
palabras,
calificó
como
un
“acto
de
responsabilidad”
y un
“paso
adelante”,
mostrándose
orgulloso,
incluso,
de
haber
renunciado
al
programa
por
una
“fórmula
de
consenso”.
¿Mentía
el
Ministro
cuando
prometió
despolitizar
la
Justicia?
No
lo
creo,
ningún
sentido
tenía
enarbolar
esa
bandera,
ya
una
vez
ganadas
las
elecciones.
Otra
cosa
es
que
al
poco
tiempo
de
recibir
la
cartera
ministerial,
aquella
que
recordaréis
tanto
ansiaba,
recibiera
instrucciones
precisas:
una
hoja
de
ruta,
en
cuya
fase
de
implementación
nos
encontramos,
y de
la
que
hoy,
por
cuestiones
de
espacio,
desarrollare
su
primer
paso,
pero
sin
duda,
el
más
importante,
a la
hora
de
realizar
los
siguientes.
Esa
hoja
de
ruta,
hoy
es
clara:
Reducir
el
gasto
en
Justicia,
pero
sobre
todo,
someterla
y
controlarla.
Me
centraré
en
esta
última
cuestión,
olvidándonos
de
la
primera,
a
pesar
también
de
su
gravedad.
Podríamos
decir
que
“Montesquieu
ha
muerto”,
frase
ya
histórica,
que
se
atribuye
a
Alfonso
Guerra,
y
que
pronunció
en
1985,
cuando
el
partido
socialista
aprovechó
la
mayoría
para
reformar
la
Ley
del
Poder
Judicial.
Enterraban
a
Montesquieu,
el
filósofo
que
defendió
la
independencia
de
los
tres
poderes
del
Estado,
y
encima
se
vanagloriaban
de
ello.
Pues
bien,
si
los
socialistas
en
1985
mataron
al
filosofo,
los
populares
con
la
colaboración
de
los
primeros,
y el
resto
de
grupos
políticos,
con
excepción
de
UPyD,
han
mandado
a
“Montesquieu
a
los
mismísimos
infiernos”.
El
Ministro,
sorprendentemente,
“con
consenso”,
sí,
lo
repito,
“con
consenso”
del
resto
de
grupos
(excepto
UPyD),
se
repartió
con
ellos,
los
20
miembros
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial.
Tan
escandaloso
y
bochornoso
fue
la
cuestión,
que
la
presidenta
del
PP
de
Madrid,
Esperanza
Aguirre,
en
una
entrevista
en
la
cadena
Cope
que
levantaría
ampollas,
criticó
el
“incumplimiento
flagrante
del
programa
electoral”
a
través
del
mismo
sistema
de
cuotas
con
el
que
había
prometido
acabar,
afirmando
también
que
el
Ministro
de
Justicia,
Alberto
Ruiz-Gallardón,
había
incumplido
con
las
palabras
de
su
primer
discurso
parlamentario.
Este
primer
acto,
ya
de
por
si
es
lo
suficientemente
grave
como
para
afirmar
que
nos
encontramos
ante
“EL
MAYOR
ATAQUE
A LA
DEMOCRACIA
DE
TODOS
LOS
TIEMPOS”,
pero
lo
que
pocos
eran
capaces
de
adivinar,
es
que
efectivamente,
aquello,
era
solo
el
punto
de
partida
preparatorio
de
una
hoja
de
ruta
mucho
más
sistemática.
Se
había
creado
un
CGPJ
politizado,
por
lo
que
ahora,
había
que
dotarle
de
los
medios,
para
que
el
Órgano
de
Gobierno
de
los
jueces,
de
verdad
pudiera
gobernarlos
y
someterlos,
logrando
una
total
politización
de
la
Justicia.
Vendrían
así,
a
continuación,
otro
elenco
de
grandes
reformas
legales,
que
por
desgracia
tienden
a
ese
objetivo.
Es
posible,
que
muchas
tengan
otro
junto
al
anterior,
obviamente
no
lo
iban
a
hacer
todo
tan
aparente,
pero
en
todas
se
aprecia
esa
intención
de
controlar
y
someter
a la
Justicia
y a
los
Jueces,
y
cuando
no,
a
los
Abogados,
o
directamente
al
Justiciable,
en
definitiva,
a la
Ciudadanía.
Esta
y
sus
abogados
son
molestos,
demandan,
denuncian,
plantean
cuestiones
prejudiciales
a la
UE,
y
para
colmo,
muchos
jueces
hasta
les
dan
la
razón.
Tumban
leyes,
encarcelan
a
políticos
y
ponen
en
peligro
la
propia
hegemonía
de
los
partidos
políticos
gobernantes.
No
es
difícil
observar
esa
tendencia
al
sometimiento
y el
control
de
la
Justicia,
si
lo
hacéis
siendo
conscientes
del
objetivo
de
partida
y a
la
vez
del
final.
Analizad
esas
reformas
y
las
medidas
que
implican
(tasas
judiciales,
concentración
de
los
juzgados,
jurisprudencia
vinculante
del
Tribunal
Supremo,
Ley
Mordaza
para
jueces,
instrucción
por
tres
jueces,
aforamientos,
etc.)
desde
ese
prisma,
y lo
veréis
nítidamente,
y al
hacerlo
no
olvidéis,
la
generalizada
corrupción
instalada
en
todos
los
partidos
políticos,
muchos
de
cuyos
dirigentes
deberían
estar
entre
rejas,
y el
interés
de
los
grandes
grupos
económicos
que
los
sustentan
de
eliminar
las
injerencias
de
poder
judicial,
protegiendo
así
sus
tejemanejes
y
desmanes
financieros
y
legales.
Dedicarle
unos
minutos.
¿Ya
lo
habéis
visto,
no?
Está
pasando
delante
de
nosotros.
Es
“EL
MAYOR
ATAQUE
A LA
DEMOCRACIA
DE
TODOS
LOS
TIEMPOS”,
y
para
nuestra
desgracia,
no
es
que
sean
torpes,
“saben
lo
que
hacen”.
Por
suerte,
nos
estamos
dando
cuenta,….
ahora
solo
nos
queda
reaccionar.
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