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JUSTICIA
Benigno Blanco, ex secretario de Estado y presidente de Iuris Law Institute, presentó la jornada que contó con las ponencias de Carlos Gómez Jara, socio director de la firma Corporate Defense y profesor de Derecho Penal, y Jesús Santos Alonso, socio de Baker & Mackenzie y ex-Fiscal de la Audiencia Nacional. “Estamos abordando una transformación de la Justicia en España. La Justicia es un factor de competitividad y la competencia de un país no se mide solo por el desarrollo de sus infraestructuras y la cualificación de sus profesionales, que también, sino por la ausencia de elementos perturbadores. Tener un sistema ágil de resolución de conflictos es un gran factor de competitividad y eso es lo que estamos haciendo con la reforma del Código Penal. Creemos necesario abordar una reforma que adecúe la ley a la realidad y queremos hacerlo con vocación de permanencia”, aseguró el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, en la conferencia inaugural de la jornada sobre la reforma del Código Penal organizada por Iuris Law Institute en la mañana de ayer en el Hotel Villa Magna de Madrid. Nuestros lectores ya conocen los números cambios que se han hecho en la legislación penal. De hecho el propio José Manuel Maza, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, señalaba que no entendía como dos buenos proyectos de ley del nuevo Código Procesal Penal no habían cristalizado en los últimos años. Ahora Gallardón da una nueva vuelta de tuerca a la legislación penal en un intento por regular nuevas formas delictivas, tanto a nivel de persona física, como de la persona jurídica, ahora también implicada en el orden penal al trasponer nuestro país una directiva europea sobre este tema. En su intervención, el ministro de Justicia abordó uno de los grandes temas de la reforma penal: la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que introduce una figura que sanciona la falta de implantación de los programas de prevención, que tiene que ser adaptado a las necesidades de cada empresa, acorde a su tamaño y actividad. De hecho nos consta con por comentarios de algunos magistrados que hay muchos asuntos en marcha e imputaciones a empresas por esta cuestión, algunas de ellas famosas, Pescanova; FC Barcelona entre otras. También trató la regulación del pago de sobornos y de la figura de la administración desleal, que afirmó que se trata de un delito patrimonial. “Esta reforma penal tiene como objetivo castigar conductas que hasta ahora eran difíciles de sancionar. Ahora el Estado va a contar con un instrumento adecuado para proteger los patrimonios tanto públicos como privados”, afirmó el ministro. Asimismo, Ruíz-Gallardón manifestó que “hemos aplicado el principio de intervención mínima y no hemos querido establecer una regulación opresiva que dificulta las transacciones. Hemos querido acabar con espacios de impunidad y somos conscientes de que así podemos ayudar al progreso económico de España”. El ministro recordó también que se trata de un proyecto de ley que está en tramitación parlamentaria e invitó a Iuris Law Institute a colaborar del proceso legislativo a través de las conclusiones de esta jornada. Por su parte, Carlos Gómez Jara, socio director de Corporate Defense y profesor de Derecho Penal, en su ponencia habló sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A este respecto comentó que “en el Código Penal propuesto se reconoce expresamente que los Compliance Programs -sc. medidas eficaces de prevención y detección de delitos- pueden excluir la responsabilidad penal de la persona jurídica si se han adoptado con anterioridad al hecho delictivo”. Asimismo, Gómez Jara aclaró que “esta exención no sólo se produce en caso de delitos cometidos por empleados de la misma, sino también por sus administradores de hecho o de derecho.” Finalmente, se detalló cuáles son los elementos fundamentales de un programa de cumplimiento efectivo, generando así seguridad jurídica para los distintos operadores. Por último, Jesus Santos Alonso, socio de Baker & Mackenzie y ex-Fiscal de la Audiencia Nacional, trató en su ponencia el tema de la administración desleal y los delitos de corrupción en el nuevo Código Penal y comentó que “al albor de la entrada en vigor de la nueva reforma del Código Penal que se adivina en el horizonte, el proyecto de ley presenta una nueva regulación de los delitos de corrupción y particularmente de la administración desleal, a la que se reconoce con una nueva sección”. Asimismo, Santos Alonso afirmó que “esta modificación tan esperada acierta al atajar algunas de las demandas más acuciantes impuestas por la realidad social, configurando el delito de malversación como una modalidad de administración desleal y arrojando luz sobre el perenne debate jurisprudencial y doctrinal acerca de los límites entre esta figura y la apropiación indebida, si bien deja pendientes algunos aspectos que habrán de ser mejorados en el preceptivo trámite parlamentario”.
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