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“Es fundamental que se cumplan las normas que tenemos en el sistema financiero y que los reguladores hagan su función”. Este es el primer comentario que Carlos Blanco Morillo, socio director del despacho legal Blanco & Silva y profundo conocedor de los mercados financieros hace al hilo del ya tristemente famoso “caso Gowex”, donde una de las empresas más emblemáticas del MAB, Mercado Alternativo Bursátil, creado hace años para que jóvenes empresas encuentren financiación alternativa a la bancaria, ha confesado por declaraciones de su presidente que las cuentas de la empresa en estos últimos cuatro años estaban infladas. “ Si nadie lo remedia entramos en una batalla judicial de difícil resolución a corto plazo. Ni la recuperación de las cantidades aportadas ni el posible proceso penal será rápido a nivel de instrucción. Lo importante es que se encuentre patrimonio que pueda responder de lo sucedido”, señala. Sr Blanco, la pregunta es obligada. ¿Tan fácil es falsear las cuentas de una empresa en nuestro país, como se ha visto en el caso Gowex? En primer lugar, lo que hay que darse cuenta es que no estamos ante una inversión arriesgada que ha terminado con un resultado negativo para los inversores, sino que estamos ante unos hechos que pueden ser perfectamente constitutivos de delito. Esos mismos hechos han sido reconocidos por el propio administrador de la compañía Jenaro García. Este suceso ha ocurrido en el MAB pero también ocurrió algo similar en el mercado continuo con Pescanova. Tenemos que ser críticos y promover las mejoras de nuestras instituciones financieras pero no olvidemos que estamos ante un posible hecho ilícito que podría ser constitutivo de varios delitos penales. Es evidente que ha habido un fallo de supervisión de los reguladores en este asunto. ¿Debemos preocuparnos seriamente por esta falta de control? Es posible que así sea, yo me centraría más en el auditor, creo que lo que se ha hecho con las cuentas de Gowex estaba muy pensado y planeado. Las declaraciones del Ministro De Guindos son lógicas y coherentes, se trata de trasladar confianza a los inversores. En el MAB sobre todo se pretende que las pequeñas y medianas empresas tengan una vía de financiación que no sean las bancarias. Hay que dar un voto de confianza a este mercado alternativo. En países como Francia y Reino Unido funcionan muy bien mercados parecidos y debería seguir siendo así pese a estas noticias desagradables. ¿Necesitan los auditores un control adicional para que no sean contables a sueldo de las empresas? Nadie discute que el auditor es una figura clave en la confianza de los mercados e inversores. Ya lo dice la propia Ley de Auditoria que su labor pretende comprobar si esas cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio de las empresas y, por ende, la situación financiera de la compañía. Cuando un auditor firma las cuentas de una empresa se compromete con ello a avalar la situación real de esa compañía. Creo que los auditores deben ser conscientes de lo que supone emitir un informe de este tipo. Posiblemente hubiera que introducir algunas cautelas de cara a que el cliente no tuviera tanta influencia en el ejercicio profesional del auditor. Que hubiera sanciones más duras y así se evitaría la figura del “contable a sueldo” que usted ha mencionado. La Ley de Auditoría está bien planteada en estos términos, siempre hay outsiders ajenos al sistema que pueden ser peligrosos. Quizás dar publicidad a las sanciones podría ser una fórmula para reducir este tipo de comportamientos que crean alarma social. Hay que explorar esas vías que eviten que surjan este tipo de situaciones. En los últimos años en el MAB ha habido noticias de empresas que se salían del mercado. Es lógico que eso suceda, este es un mercado en el que cotizan numerosas compañías jóvenes o startups, muchas de ellas del sector tecnológico. Es evidente que por las características de su negocio, su inversión tiene algo más de riesgo que en otros sectores. Este tipo de noticias también las hemos tenido de promotoras inmobiliarias que cotizaban en el mercado continuo y es consustancia a la renta variable y a los mercados de valores. ¿Tiene el MAB los mismos controles que el iBEX 35? Sus controles son más laxos y flexibles que el mercado continuo. Sin embargo, no se trata de que cada vez que surja un problema se dicten nuevas normas, sino de que las que tenemos se cumplan de verdad. La regulación del MAB es homologable a los países de nuestro entorno y lo que hay que procurar es que esta entidad y la CNMV ejerzan las competencias que tienen en materia de supervisión. De esa forma evitaríamos problemas en el correcto funcionamiento de los mercados financieros. En estos momentos la Audiencia Nacional estudia instruir el caso, de hecho ha preguntado el juez Pedraz a la Fiscalía por este tema. La Audiencia Nacional tiene competencia para enjuiciar las Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. Además hay una serie de afectados, tanto trabajadores como inversores que empiezan a organizarse en plataformas. Lo que sí es importante apuntar es que se debe tener cierta prudencia con este tema. Los inversores deben darse cuenta que recuperar su inversión será complicada pero es posible. Dejarnos llevar por el sentimiento de engaño o frustración contra el CEO de Gowex nos puede hacer adoptar acciones legales que no son las más pertinentes como puede ser ir por la vía penal. No digo que la vía penal no sea la adecuada, sino que hay que pensarlo bien y ver la jurisdicción adecuada en este asunto. Así estamos asesorando a inversores que llegan al despacho. Les pedimos que no tomen decisiones apresuradas. Además hay un problema añadido en nuestro país y es que la llamada class action o reclamación conjunta no está regulada en nuestro ordenamiento. Es un fenómeno complejo. El profesor Zunzunegui, que ha asesorando en varios casos relevantes confiesa que no es sencillo llevar este tipo de asuntos. De todas formas, creo que al final tendrá que asentarse en nuestra doctrina este tipo de reclamaciones. Cada vez son más frecuentes este tipo de casos en nuestro ordenamiento. ¿Qué responsabilidades se pueden derivar de lo sucedido en Gowex en estos años? Nadie discute la responsabilidad del CEO; Jenaro García en la gestión de la empresa pero hay que contar con otra serie de agentes. Habrá que ver que responsabilidades tienen los auditores que firmaron esos informes. De igual forma, habrá que determinar las actuaciones de los asesores registrados, con función no auditora, cuyo rol está muy relacionado con el MAB, y que acompañan a las compañías en su salida a Bolsa y una vez cotizadas les ayudan a cumplir la normativa vigente. Habrá que hilar fino para saber su responsabilidad directa. ¿Tendrá el MAB alguna responsabilidad por no haber establecido los controles adecuados? Se podría pedir. De hecho hubo inversores que con el caso Bankia pretendió ir contra el Banco de España por no haber ejercido su supervisión correctamente. Lo que sí es censurable es que tardaran dos días en suspender la cotización de la empresa. Hay una normativa clara que, otra vez más, no se ha cumplido. De todas formas hay que ser práctico. No se trata tanto de buscar una portada en un diario de información general como de lograr que nuestros clientes puedan recuperar la mayor parte de la inversión realizada en Gowex. Da la sensación que hay poco dinero en caja. Habrá que ver donde pueden ir a cobrar los inversores. No olvidemos que Gowex ha solicitado la declaración de concurso de acreedores. Habrá que investigar si el Sr. García así como los auditores, cuentan con patrimonio personal para poder afrontar las responsabilidades derivadas de los hechos cometidos. Asimismo, habrá que estudiar la posible responsabilidad que pudiera tener EY como asesor registrado de la compañía. ¿Qué tipos de delitos pueden existir en la conducta del Sr García y su gestión en Gowex? En los dos días que llevamos estudiando el tema hemos hecho un análisis preliminar. Creemos que podríamos encontrarnos ante varios delitos: En primer lugar, el delito de estafa de inversores que caso que el perjuicio fuera de notoria gravedad estaríamos hablando de una pena de 1 a 6 años de prisión. La acción típica es el falseamiento de la información económica financiera con el propósito de captar inversores Puede haber también un delito de maquinación para alterar los precios que lleva consigo una pena de 6 meses a 2 años de cárcel. En el caso de que se hubieran hecho operaciones en corto utilizando esa información estaríamos hablando de un delito de abuso de información privilegiada. Tampoco queda claro si el Sr. García se ha beneficiado de operaciones en corto. Aquí la pena que establece nuestro Código Penal es de 1 a 4 años de cárcel. Por último, podría haber un delito de falsificación de cuentas que conlleva una pena de 1 a 3 años de prisión. ¿Es un eximente esa confesión pública hecha por Jenaro García como eximente en la aplicación de estas penas? Respecto al Código Penal sería un atenuante y eso acarrearía que las penas que se le impusieran fueran aplicadas en su mitad inferior. Sin embargo, habrá que analizar la concurrencia de este atenuante con otros agravantes como son la notoria gravedad o el daño ocasionado. No sabemos si se aplicará una rebaja de la condena realmente. Afectados tenemos junto a los inversores, los trabajadores de Gowex. ¿Qué les espera? Los trabajadores son, por desgracia, los convidados de piedra de este asunto. De hecho en el comunicado que publicaron recientemente dejaron claro que habían trabajado todo lo posible para que la empresa creciera pero que no tiene nada que ver en este asunto. Hay que partir de la base, además, que estamos en un desarrollo concursal. Según la normativa concursal tienen una preferencia de cobro frente a los acreedores pero no será fácil que cobren. Habrá que ver qué dinero hay en la compañía porque los 180 millones de facturación no son reales y se quedan en 7 millones de euros anuales. Es posible que pudiera responder por ellos el FOGASA pero habrá que ver hasta donde cubre. ¿Y los inversores? Lo tienen muy complicado. El accionista es el último en cobrar en un escenario concursal. No es un acreedor sino que se considera como un dueño de la compañía. Además hay que darse cuenta que esas acciones que compraron en su día ahora no valen realmente nada. Respecto al concurso, habrá que ver también si fue forzado o no… Es cierto, la normativa habla del concurso culpable. Esto haría que se añadiría a la responsabilidad penal o civil en su caso. Hay un dato importante es que Gowex comunicó al mercado que Jenaro García fue el único que falseo las cuentas y que asumía toda la responsabilidad. Conforme a la Ley de Sociedades, la responsabilidad es solidaria de todos los administradores, salvo que sea evidente que no solo no lo apoyaron sino que hicieron todo lo posible para evitarlo. Desde fuera, se ve que puede ser una estrategia del Sr García para eximir a su mujer de la citada responsabilidad. Habrá que ver cómo queda este asunto también en el futuro. Lo que sí parece evidente es que puede generar este asunto un daño reputacional importante al propio MAB. Hay que analizar bien los hechos. Las empresas que han anunciado que se marchan del MAB es porque dan el salto al mercado continuo. Dos de ellas ya lo habían avisado. Son dos compañías que van muy bien y cotizan en un ratio alto. Es posible que hayan adelantado esta noticia al conocer la situación de la que estamos hablando. No sabremos hasta dentro de unos meses el daño reputacional que se le habrá hecho al MAB. Este es un elemento importante para la financiación de pymes no bancaria. Por desgracia, la mayor parte de la sociedad se ha enterado de lo que es el MAB ahora , con este escándalo, pero en el caso de Pescanova no hubo una huida masiva en el mercado continuo. Confiemos que se estabilice pronto y pueda seguir siendo la herramienta que es clave de financiación de pymes.
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