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Victoria y Gumpert, preocupados por la financiación de la Justicia Gratuita como servicio público
MADRID, 16 de JULIO de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 

Reunión de trabajo de ambos mandatarios para analizar la situación del servicio, en vísperas de una concentración el próximo 17 de julio frente al Ministerio de Justicia.

Abordar la situación de la Justicia Gratuita y la agilización de lo pagos de este servicio público esencial en nuestro ordenamiento jurídico han formado parte de la agenda de la reunión mantenida en la mañana de ayer por el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional, Salvador Victoria y la decana del ICAM, Sonia Gumpert. Supimos tras esta reunión que el último año se invirtió por parte de la Comunidad de Madrid 47 millones de euros en este servicio mientras que crecían casi en un 50 por ciento el número de usuarios, al resolverse 129.969 expedientes de asistencia jurídica gratuita. Ambos dirigentes mostraron su preocupación por la financiación de la Justicia Gratuita y Victoria confesó haber pedido por carta a Gallardón una aclaración sobre el dinero de las tasas recaudado “Con ese dinero recaudado se podría financiar todo el servicio en toda España”, apuntó.
Vísperas de la primera concentración que tendrá lugar mañana jueves frente al Ministerio de Justicia, a la que acuden abogados de toda España en defensa del modelo habitual de Justicia Gratuita, tuvo lugar en la madrileña sede de Pontejos esta reunión de trabajo entre el Consejero Victoria y la decana Gumpert. Sobre la mesa diferentes temas, todos ellos relacionados con la financiación del servicio, cuestión que preocupa y mucho a ambos dirigentes jurídicos.. Gumpert manifestó a los periodistas que tenía el compromiso del Consejero que se iban a abonar en los próximos días el cuatrimestre ultimo del 2013 y en breve el primero del 2014 a los abogados del turno de oficio.
Por su parte, el propio Consejero alabó el trabajo de los abogados de la Comunidad de Madrid en relación a este servicio tan esencial y recordó la necesidad de buscar una financiación adecuada para que el modelo no deje de funcionar. “Nuestra Consejería destina una media de unos cuarenta millones anuales para garantizar al servicio, cantidad que supera los datos que se presupuestaron, de nueve millones, antes de hacerse las competencias transferidas en Justicia a Madrid”, recordó
.A este respecto Salvador Victoria volvió a reiterar su preocupación de que el dinero que los ciudadanos aportan a la justicia en tasas judiciales no vaya a financiar la justicia gratuita “Queremos que se cumpla lo que dice la Ley 1072012 de tasas judiciales cuando señalaba que su recaudación iría destinada a financiar la justicia gratuita”, recordó. En este contexto el Consejero ha pedido al Ministro Gallardón por carta que convoque una Conferencia Sectorial, en la que participen las CCAA con competencias transferidas y el Ministerio de Justicia para aclarar este asunto tan clave para la viabilidad del servicio.
Respecto a la reforma de la justicia gratuita, que tanta polémica está generando en la abogacía, oposición parlamentaria y otros operadores jurídicos, el propio Consejero, no quiso entrar a valorar la protesta aunque sí dijo que respetaba las acciones que iban a poner en marcha los abogados, indicó que se había perdido una gran oportunidad de cara a homologar los baremos de todos los abogados de Justicia Gratuita del país. Y recordó que la diversidad de operadores jurídicos; Ministerio, CGPJ y CCAA con competencias transferidas no ayuda a la gestión de la justicia en nuestro país.
Por su parte, la decana del ICAM, Sonia Gumpert, justificó la manifestación del día 17 de julio, que su entidad apoya al mismo tiempo que otros convocantes, al igual que otros actos reivindicativos que habrá a lo largo de este mes de julio por no estar de acuerdo con la política reformista del Ministro Gallardón. “ No podemos estar de acuerdo con unas tasas que impiden el acceso a la justicia gratuita y con una reforma de este servicio que restringe este derecho a colectivos tan afectados”. Al mismo tiempo recordó que la Ley de Servicios Profesionales podría poner en juego la viabilidad y autonomía de diferentes Colegios Profesionales.
 

 

 

 

 

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