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Hace unos días tuvo lugar en el CGPJ un acto conmemorativo del 25 aniversario de la creación de los Tribunales Superiores de Justicia, TSJ, evento que congregó a la plana mayor de los operadores jurídicos. En este encuentro se puso de manifiesto la importancia de la figura de estas instituciones que con la nueva LOPJ tendrán más competencias. En ese encuentro hablaos con Lorenzo del Rio, presidente desde hace cuatro años del TSJ de Andalucía para pactar esta entrevista que nuestros lectores leerán a continuación. “Es necesario que se eliminen las controversias detectadas en la reforma de la LOPJ y que se impulse la organización colegiada para que se gestionen mejor los recursos de la justicia”; comenta. Con él, también hemos pasado revista al nuevo CGPJ; a la politización de la Justicia; a la litigiosidad en nuestro país frenada por las tasas desde una comunidad autónoma Andalucía que es la más litigiosa del país, seguida de Madrid.” Necesitamos un cambio organizativo importante para mejorar la situación de nuestra justicia. Mas jueces sin funcionarios y sin refuerzos no dará el resultado que se busca de agilizar nuestra justicia”, advierte. En primera persona “Hacer un balance de los tribunales autonómicos tras sus veinticinco años es señalar que su presencia ha sido un hecho muy positivo. Hay que entenderlo como una herramienta más del poder judicial, entendido como algo único. Con el paso del tiempo se constata la importancia del camino recorrido. Estoy convencido que con los proyectos venideros y la reforma de la LOPJ se van a convertir en una pieza importante dentro de nuestra justicia. En una comunidad autónoma como Andalucía tiene importancia como institución de referencia al recoger todas las inquietudes que tiene la carrera judicial. Es evidente que seguimos trabajando y aún no hemos logrado plasmar todos nuestros anhelos. Tenga en cuenta que algunas de nuestras reformas están vinculadas a otras de carácter general, tanto de carácter organizativa como legislativa que se tienen que hacer a nivel nacional. Nadie duda que la próxima reforma dela LOPJ va a ser clave en la carrera judicial así como en la administración de justicia. Pensamos que iba a ser más corta y se centraría en los Tribunales de Instancia pero su calado es mayor. De hecho tiene el carácter de Ley Orgánica. Los TSJ se verán potenciados, como segunda instancia ya completa con la creación de las cuatro salas jurisdiccionales que tendrán frente a las dos de la actualidad. Sr. Del Rio, hemos estado hace unos días en una rueda de prensa donde se ha criticado duramente por parte de tres asociaciones judiciales la reforma de la LOPJ. ¿Comparte usted ese punto de vista? Hay que darse cuenta que la reforma es amplia. Eso hace que estemos ante una ley problemática que necesite consenso. Creo que no es mala idea la organización colegiada de la forma de trabajo, tal y como señalaron los Jueces de Instancia. Es una iniciativa positiva. Lo que ocurre es que frente a esta idea parece que hay una supresión importante de los partidos judiciales, con la creación de un partido único provincial. Este punto es el que puede generar problemas y dificultades de llevarlo a la práctica. Creo que es un error la eliminación sistemática de los partidos judiciales. Habría que buscar otra organización territorial que fuera un punto intermedio, donde se tendiera a la concentración de los partidos judiciales. De hecho en el artículo 84.3 se habla de crear salas desplazadas, no solo en capitales de provincia. Hay que darse cuenta que hay comunidades autónomas como Andalucía o Galicia que el modelo provincial no es suficiente. A esto hay que añadirle los problemas que hay de conexión telemática de las sedes sería de inviable ejecución También plantea suprimir las figuras de los Jueces Decanos y las juntas de jueces. Es cierto, y es algo que me preocupa. Son figuras muy arraigadas en la carrera judicial. Hay que buscar otro punto de equilibrio para que junto a los cargos elegidos de forma discrecional por el CGPJ se mantengan estas figuras muy valoradas por todos los jueces. El propio informe del CGPJ pide al legislador una reflexión sobre su posible supresión. Tenga en cuenta que representan la voluntad democrática de la carrera judicial y deben seguir existiendo. ¿Colocar a los presidentes de Tribunales de Instancia es teledirigir algunos tribunales desde el CGPJ? Bueno, tampoco hay que pensar que sea así. Es evidente que con la nueva reforma los Tribunales de Instancia tienen unas funciones enormes que se potencian con la nueva LOPJ Ahora son responsables de las cuatro salas en cada provincia, también de la organización e incluso de crear Plenos para iniciación de prácticas procesales; unificación de criterios que dará más seguridad jurídica. Creo que dentro de este contexto puede seguir apareciendo la figura del Juez Decano y ver su relación con los presidentes de los Tribunales de Instancia. En este contexto el legislador debe revisar este asunto con calma. Otro asunto como la jurisprudencia vinculante ha suscitado la unánime repulsa de Supremo, Audiencia Nacional y asociaciones de jueces. Es un asunto en el que no hay división de opiniones. Todos los jueces cuando tienen varios fallos en el mismo sentido del Tribunal Supremo sobre un tema optan por seguir esa tendencia. No es necesario cambiar nada en estos momentos desde esta perspectiva. Le recuerdo que ya existen en el Supremo Plenillos jurisdiccionales de unificación de doctrina, el Tribunal Supremo los hace cada seis meses, en estos momentos están en uno de ellos para lograr esa unificación. Luego la inmensa mayoría de jueces lo siguen en sus resoluciones. Este anteproyecto de la LOPJ relaciona la independencia de los jueces con su libertad de expresión, cuestión ésta que ahora queda mermada, igual para asociaciones judiciales. Son cuestiones diferentes, no se puede unificar la labor del juez en general, con un caso concreto o lo que digan las asociaciones judiciales a las que no se debe mermar su capacidad de opinión y de crítica. Tampoco hay que cambia nada. La libertad de expresión lo tenemos todos. Habría que hacer una llamada a la prudencia en las declaraciones que hagan los jueces con las personas, instituciones o asuntos que lleven. Pero este tema ya está recogido en nuestro derecho disciplinario. Al final no es necesario incluir artículos nuevos que enrarecen el ambiente y dificultan la aplicación práctica. Desde hace unos meses los jueces tienen un nuevo formato de CGPJ ¿Le gusta este modelo mixto donde hay unos vocales con dedicación total y otros a tiempo parcial? Pese a no estar en el día a día de los compañeros está en el ambiente que quizás no sea el diseño más adecuado para esta institución. Por las funciones del CGPJ y lo que representa creo que necesita un trabajo full time. Lo mejor sería una reducción de sus miembros que ahora son veintiuno para que pudieran dedicarse a tiempo total a su labor. Si se hiciera ese cambio tendríamos que modificar la Constitución en el apartado referido al propio CGPJ- Una de las primeras medidas del CGPJ fue reorganizar el modelo disciplinario y crear el llamado Promotor de Acción Disciplinaria para la carrera judicial. Creo que este nuevo modelo tiene elementos positivos. Frente a la dispersión de quien hacia el procedimiento disciplinario ahora hay una forma única de organizar estos asuntos. Ahora hay un encargado único de la instrucción de esos expedientes disciplinarios Ahora la centralización es buena. Veremos con el tiempo de rodaje de la nueva institución si realmente es lo que necesita la carrera judicial para gestionar su disciplina interna. Se habla siempre de la politización de la justicia y ahora con este nuevo CGPJ las críticas son mayores en este sentido. No será fácil dejar de hablar de politización de nuestra justicia. Se ha hablado que el propio CGPJ para evitar que fuera una reproducción de las dos fuerzas políticas tuviera una forma de elección diferente pero no será sencillo Creo que la legitimación siempre va a ser constitucional. Este sistema como cualquier otro tiene su ajuste constitucional. Pero las críticas estarán ahí mientras no se logre romper la imagen que el CGPJ es la reducción del debate partidista de los políticos. ¿Tienen ustedes los jueces las leyes y herramientas adecuadas para luchar contra la corrupción? Desde el punto de vista procesal le diría que no. Necesitamos una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita agilizar los procedimientos donde se eviten los recursos constantes. Necesitamos que se modernice esta ley que data del siglo XIX. Al mismo tiempo necesitamos refuerzos en los juzgados de personal especializado; de técnicos que ayuden a no dilatar los procesos en el tiempo. Uno de los problemas de la corrupción es la dilación de estos procedimientos. Necesitaríamos profesionales peritos; tanto de Hacienda, de intervención del Estado, policiales. Esta ayuda permanente es muy necesaria al igual que los refuerzos que se necesitan en determinados asuntos para que estos no se estanquen. Llegan casos como el de los ERES de Andalucía y la Jueza Alaya, con cuatro años de instrucción y doscientos imputados… Este es un caso especial, de gran complejidad, por lo que vemos. Se observa que hay temas que se cruzan de forma añadida. Sin embargo parece que a corto plazo veremos cómo se van encauzando los hechos Es una pregunta típica pero necesaria ¿Cuántos jueces necesita nuestra justicia de más, para tener un funcionamiento adecuado? De nada vale pensar en los números si no tenemos una mejor gestión organizativa de los recursos. Hay que aceptar la premisa que se necesitan más jueces y fiscales, a nivel general. Lo que sí es cierto también es que tenemos un déficit enorme de gestión de personal. Sucede así en algunos partidos judiciales de Andalucía. De esa forma no se pueden duplicar señalamientos y resoluciones. Necesitamos un cambio organizativo importante para mejorar la situación de nuestra justicia. Mas jueces sin funcionarios y sin refuerzos no dará el resultado que se busca de agilizar nuestra justicia. De esa forma se podrá lograr una mejor gestión de los asuntos. En nuestra Comunidad Autónoma hemos hecho los cálculos y con otros 80 jueces podríamos mejorar este tiempo de respuesta de nuestros juzgados. Curiosamente esta reforma de la LOPJ la hemos conocido sin la reforma de la Planta y Demarcación Judicial, cuestión que se antoja imprescindible para que funcione la nueva administración judicial. Deberían haber venido juntas. O mejor dicho, hay tres reformas que tendrían que hacerse juntas. Junto a la citada LOPJ, tenía que venir esa Ley de Planta que usted ha citado y la LEC, Ley de Enjuiciamiento Criminal, claves para establecer los cimientos de nuestra futura justicia. Respecto a la Ley de Planta su contenido, que conocemos por un borrador, suprime muchos partidos judiciales de forma drástica. Es evidente que los Tribunales de Instancia no podrán entrar en vigor mientras no tengamos esta Ley de Planta. Se sabe que en dos años tendremos esta Ley de Planta por tanto ya estaríamos en otra legislatura. Lo Lógico es que ambas leyes vayan juntas. Que se intente superar la supresión territorial y ver como se conjuga con los partidos judiciales que ya existen, con los edificios que ya existen. Habría que ver fórmulas intermedias de concentración de sedes que se deben buscar En este contexto de falta de medios, hace más de un año el Ministro Gallardón decidió retirar a un tercio de la plantilla de jueces, formada por sustitutos que llevaban años haciendo bien su trabajo. Se ha intentado ir a un modelo que las sustituciones las hicieran los jueces titulares. No es que se hayan eliminado de golpe a los jueces sustitutos pero si es verdad que trabajan bastante menos. Es evidente que de momento no se ha logrado el efecto que se buscaba y la sobrecarga de trabajo ahí está en muchos juzgados. No es fácil que un juez pueda llevar dos juzgados a la vez durante un espacio largo de tiempo. No es malo buscar una justicia profesional. Eso tienden todas las profesiones pero eso no quita para reconocer el trabajo de muchos profesionales que han hecho una gran labor como jueces sustitutos Revisando los datos del CGPJ en cuanto a litigiosidad, se observa bajadas en todas las jurisdicciones, salvo en la social. ¿Al fondo se ve la sombra de las tasas? Bueno, le comentaré que la jurisdicción penal sigue siendo importante. Ahora supone un 78 por cien del total de los asuntos que entran en nuestros juzgados. En la vía civil si se ha notado la bajada y sobre todo en la segunda instancia, los recursos de apelación o casación en función de lo que se busque. Ahí si se ha visto una bajada importante. Podemos estar hablando entre un 20 a 30 por ciento. En el resto de jurisdicciones, la jurisdicción social ha subido algo, la contenciosa ha bajado también. Aquí se han impuesto el vencimiento de las costas que quizás haya modificado el aumento de litigiosidad existente. Y ese 78 por ciento de litigiosidad penal, ¿hay alguna forma de reducirlo o reconducirlo en la jurisdicción ordinaria? Es una cuestión ética. Creo que van demasiados pleitos a los Tribunales. Cuestiones vecinales, insultos, amenazas que llegan a colapsar la jurisdicción penal. Al mismo tiempo nos falta una cultura de mediación o de consenso. Sería beneficioso apostar por la resolución extrajudicial de conflictos o los llamados acuerdos de conformidad que aligerarían nuestro sistema penal. Todavía estas figuras no han calado en nuestro país. Es necesaria en esta jurisdicción una reforma legislativa y otra del sistema. Es necesario un Código Procesal Nuevo donde todo esto que estamos hablando se pudiera articular. Se trataría también de caminar hacia una justicia de menos papel y más rápida. Y adaptar la mediación a muchas faltas y algunos delitos para evitar el colapso judicial. El proceso penal necesita cambios. Llevamos tres legislaturas discutiendo sobre el tema y no se ha logrado el consenso adecuado. Tuvimos otro proyecto de Código Procesal Penal que al final no cuajó. Llevamos tiempo en que se anuncia este cambio necesario y no se hace nada. La verdad que al final se está deteriorando mucho la justicia penal. ¿Sobre la gestión del Ministro Gallardón tiene algún punto de vista? No entraré a valorar políticamente su gestión. Es cierto que muchas de sus propuestas han generado rechazo generalizado de los operadores jurídicos. De todas formas, lo único que tenemos es anuncios de proyectos pero no se ha cristalizado nada aún a nivel legislativo. Las iniciativas se están quedando en borradores, Código Mercantil, Ley de Planta, Jurisdicción Voluntaria, pero no cuajan. ¿Y qué falta para que cuajen como textos legislativos? Falta consenso para que estos textos se conviertan en leyes. Y un Pacto de Estado en Justicia similar al que hay en Educación o Sanidad. Sin esa voluntad política consensuada no iremos a ningún lado. Vivimos de parches, los cambios no han llegado a la justicia y asi se ha visto en los sucesivos gobiernos que ha tenido este país. El diagnóstico de la justicia es claro ahora hace falta que los partidos mayoritarios tengan voluntad política de cambiarla. La Justicia también está dentro del juego político y eso perjudica a que sus reformas se pongan en marcha. Los perjudicados por estas carencias somos todos operadores jurídicos y ciudadanos. A un año para que culmine esta legislatura. ¿Qué se puede hacer? Buena pregunta. Es posible que la LOPJ eliminando las aristas que han sido tan contestadas por la carrera judicial se podría tramitar en el Parlamento. Vuelvo a insistir que es muy importante potenciar la organización colegiada que nos vendría muy bien para una mejor gestión de los recursos. Y de forma complementaria la gestión del personal y buscar la adaptación de la plantilla en función de su movilidad Se trataría de darle un empujón, en definitiva, a la Oficina Judicial y a su nueva organización, tema que tiene un desarrollo irregular. Creo que en este año que queda si se puede sentar las bases de estos aspectos Hay que darse cuenta que hay una crisis de eficacia y de organización en nuestra justicia. La nueva LOPJ con los retoques que hemos hablado ayudaría a superar estos inconvenientes. En este modelo de Ministerio, CGPJ y CCAA, con tantos interlocutores, ¿es el adecuado para impulsar las reformas de la justicia? Tenemos tres centros de gestión judicial que deberían estar mejor coordinados y eso hace que el sistema tenga muchas disfunciones. Así ha pasado con la tecnología con sistemas incompatibles entre si. Ahora tenemos cinco que no se pueden interoperar entre ellos. El modelo es extraño, los jueces dependemos de un órgano; secretarios judiciales de otro y funcionario del tercero. Al final esta situación dificulta una mejor gestión del servicio público que queremos sea nuestra justicia.
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