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184.060 personas en situación de dependencia, y con prestación reconocida, un 20% del total, siguen sin hacer efectivo un derecho establecido legalmente. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Gobierno del Estado y a las Comunidades Autónomas un gran acuerdo político para reducir a cero el número de personas en situación de dependencia reconocida oficialmente que no reciben prestación pese a tener derecho a ella con arreglo a la Ley 39/2006. Según datos oficiales de Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), a fecha de mayo de 2014, tenían reconocida situación de dependencia un total de 920.837 personas, de las que 736.777 recibían efectivamente prestación, lo que suponía el 80% del universo de beneficiarios con derecho. Por el contrario, 184.060 personas en situación de dependencia, y con prestación reconocida, un 20% del total, siguen sin hacer efectivo un derecho establecido legalmente. Ante este incumplimiento palmario de los mandatos legales, responsabilidad de las distintas Administraciones públicas, el CERMI exige decisiones políticas y presupuestarias para que a fecha de 1 de enero de 2015, el SAAD se haya puesto al día, y no existan cientos de miles de personas, como sucede ahora, con un derecho nominalmente reconocido pero que en realidad continúan sin obtener ningún apoyo ni recurso. Para la discapacidad organizada, es una burla hablar del SAAD como un dispositivo de derechos subjetivos cuando personas que reúnen todos los requisitos para recibir una prestación siguen en un limbo de desatención por la negligencia de los poderes públicos, que ignoran las leyes que protegen a la ciudadanía más vulnerable. Acabar con esta bolsa de personas en espera ha de constituir una prioridad política y económica para todas las Administraciones, que han de hacer realidad los sistemas de protección social dirigidos a personas mayores y personas con discapacidad. Inclusión en la Estrategia de RSC Por otro lado, el propio CERMI considera positivos para el objetivo de la inclusión los contenidos en materia de discapacidad de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, informada ayer por el Consejo Estatal de RSE, del que forma parte el CERMI, a través de Enrique Galván, director de Feaps. La Estrategia finalmente adoptada recoge aspectos relevantes relacionados con la igualdad de oportunidades y la no discriminación, la accesibilidad en los distintos entornos, incluidos los digitales, la de defensa de los derechos de las personas con discapacidad como consumidores y por tanto la necesidad de asegurar la accesibilidad en la compra de bienes y servicios. El documento también asume referencias a la diversidad y la inclusión de grupos sociales, como el de las personas con discapacidad y sus familias, colectivos en riesgo de exclusión. El proceso de elaboración de la Estrategia ha sido abierto y participativo, y las distintas instancias y operadores, como la discapacidad organizada, ha ido planteando aportaciones y sugerencias, buena parte de las cuales han sido incluidas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social La Estrategia ha sido aprobada por unanimidad, por lo que es un documento que cuenta con un gran consenso, el cual ha sido posible gracias a un laborioso proceso de trabajo en el que se ha valorado de forma especial incluir instrumentos de gobernanza como la consulta pública que promueve la transparencia y la participación. A juicio del CERMI, la Estrategia Española de RSE es globalmente positiva pues ha generado una expectativa de impulso y relanzamiento de la Responsabilidad Social como motor de la innovación y cambio en el ámbito empresarial, necesitado de incentivos y apoyos para remontar años de dificultad y decaimiento. Para esta tarea de incidencia en la Estrategia Española de RSE, el CERMI ha contado con el apoyo de la Fundación ONCE como entidad que encabeza la Red Europea de RSE+D, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
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