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COLABORACIONES / Opinión
Por Rodrigo López Garrido. Abogado Penalista
Partiendo del hecho de que una norma por si misma no basta para modificar las conductas, no. Si examinamos la política criminal seguida en los últimos años y la cotejamos con las condenas obtenidas en los tribunales podemos extraer algunas conclusiones. La seguridad pública es historia y tiende a ser privatizada. El concepto de seguridad necesita de la participación de todos los ciudadanos y especialmente de las empresas pero no como un proceso de delegación sino de cooperación. La siguiente conclusión es que al gobernante le interesa más una sensación de seguridad unida por supuesto a unas cifras que sean vendibles electoralmente que una estrategia real de prevención de riesgos. Por ultimo la seguridad es un negocio, uno de los principales. Solo así se justifican las aportaciones realizadas a los partidos políticos que han ido beneficiando a esas empresas en un proceso sin precedentes de adjudicación de funciones de seguridad pública. Desde mi experiencia como abogado, el hecho de criminalizar los comportamientos sin tener en cuenta las consecuencias es un error. Egoístamente me beneficiaria puesto que serán cada vez más los detenidos por acciones que únicamente fueron sancionadas en regímenes totalitarios. La realidad es que ningún ciudadano está exento de que se le aplique una detención y una incomunicación apoyándose en indicios sin confirmar con la intención de obtener pruebas que condenen. Cada día es más complicada la labor de defensa de los detenidos a los que debo de decir se les trata como condenados. El éxito de las operaciones policiales no radica en el número de detenidos sino en que esas detenciones sean convertidas en autos de procesamiento y condena. Sin embargo estamos asistiendo a un nivel de condenas mínimo que solo nos deja dos opciones: el Poder Judicial se ha alineado en contra de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (cosa que dudo) o bien la Policía y la Guardia Civil están siendo utilizadas con el objeto de obtener una grafica de reducción de criminalidad que sirva para las encuestas de voto. El hecho de no haber solucionado la descoordinación de las diferentes policías autonómicas y las diferencias de trato a los diferentes Cuerpos nos muestra una falta de estrategia en la seguridad ciudadana. Una reducción del número de denuncias no es sinónimo de seguridad un gran número de las denuncias no se presentan por entender que no se van a perseguir y en caso de hacerlo no servirán para una condena. Por otro lado intenten pedir unas horas en su trabajo para denunciar un delito y verán las reacciones. Una ley no puede cambiar la sensación de impunidad que tienen aquellos que manejan fondos públicos y privados, aquellos que roban desde una oficina o administración del Estado. Tampoco va a evitar que el descontento social se manifieste públicamente y en la vía pública. Esta ley no me hace sentir más seguro sino más preocupado porque establece castigos sin tener en cuenta el principio de proporcionalidad criminalizando comportamientos que forman parte de la libertad de opinión, reunión y manifestación. Supone un retroceso de las garantías que una vez perdidas es difícil recuperar. Esta ley no tiene en cuenta los derechos que están siendo ampliados en el ámbito legislativo europea al que pertenecemos y que tiene rango superior normativo. Cual es el objetivo de un legislador que es capas de enfrentarse al criterio de fiscales y jueces para imponer una ley que no ha sido trabajado conforme al derecho vigente y ni siquiera a los medios tecnológicos de los que disponemos. Parece que lo principal para este Gobierno es la solución temporal. El hecho de dotar a las Fuerzas de Seguridad de un mayor poder a la hora de detener e identificar debe de ser correspondido por un régimen interno sancionador que castigue las conductas criminales de los funcionarios. El caso del indulto de los Mossos de Escuadra que golpearon a un detenido en la sala de interrogatorio me permite plantear una gran duda sobre el exceso de poder que de por sí tiene un funcionario policial. La realidad de nuestra práctica como abogados es que cuando una persona se digna a requerir la identificación del agente lejos de obtener respuesta obtiene un aumento del nivel de fuerza en la detención. En la mayoría de los casos posteriormente aparece en el expediente de instrucción delito contra atentado a la autoridad, resistencia a la detención y por supuesto varios testigos de la misma. Sería importante no olvidar que la administración del Estado está al servicio de los ciudadanos y que no se puede tratar a los mismos como si fueran delincuentes solo por manifestarse. También sería importante introducir casos prácticos de derechos fundamentales en los temarios de preparación policial. Sobre todo el derecho a la presunción de inocencia.
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