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La
llamada
Tasa
Google
o
canon
AEDE:
¿multa
por
compartir
en
Internet
o
justa
compensación
económica
por
aprovecharse
del
esfuerzo
ajeno? |
|
MADRID,
30
de
JULIO
de
2014
-
LAWYERPRESS |
|
Por Santiago Mediano, Presidente de Santiago Mediano Abogados |
|
 La
vida
da
muchas
vueltas,
y,
para
muestra,
un
botón:
durante
años,
la
prensa
impresa
y
digital
se
ha
hecho
eco,
de
forma
prácticamente
unánime,
de
todo
tipo
de
críticas
contra
la
remuneración
que
se
debe
pagar
a
autores,
artistas,
productores
fonográficos
y
audiovisuales
y
editores
de
libros,
por
la
utilización
masiva
que
otros
hacen
de
sus
respectivas
creaciones,
interpretaciones,
producciones
y
ediciones.
La
gestión
colectiva
de
estos
derechos
ha
estado,
además,
en
el
punto
de
mira
de
los
medios
de
comunicación
social,
los
cuales
han
alentado
en
demasiadas
ocasiones
la
animadversión
de
muchos
ciudadanos
contra
las
entidades
que
la
desarrollan.
Sin
embargo,
son
los
mismos
medios
informativos
los
que
van
a
beneficiarse
en
el
futuro
del
nuevo
canon
por
el
uso
de
propiedad
intelectual:
la
llamada
tasa
Google
o el
canon
AEDE,
prevista
en
el
proyecto
de
ley
de
reforma
de
la
Ley
de
Propiedad
Intelectual
que
ha
aprobado
la
semana
pasada
la
Comisión
de
Cultura
del
Congreso
de
los
Diputados.
Tras
su
entrada
en
vigor,
estos
medios
tendrán
derecho
a
recibir
una
remuneración
económica
equitativa
de
los
agregadores
de
contenidos
en
la
red,
cuando
usen
fragmentos
no
significativos
de
los
contenidos
divulgados
por
los
primeros.
Este
derecho
es,
además,
de
gestión
colectiva
obligatoria.
¿Paradojas?
Que
cada
cual
juzgue
por
sí
mismo.
Ríos
de
tinta
han
corrido
en
la
prensa
contra
las
diferentes
formas
de
convertir
el
uso
de
la
propiedad
intelectual
ajena
en
ingresos
para
los
que
la
generan:
el
canon
por
copia
privada,
la
recaudación
de
las
entidades
como
la
SGAE
en
locales
abiertos
al
público
por
el
uso
de
música
o
películas,
o
por
las
fotocopias
que
pueden
hacerse
de
libros
en
copisterías.
La
mayoría
de
esos
ríos
de
tinta
han
corrido
para
denostar,
criticar,
atacar
y
crear
una
corriente
de
opinión
contraria
al
pago
de
los
derechos
de
propiedad
intelectual.
La
Asociación
de
Internautas
-autoproclamada
representante
de
los
que
usamos
Internet,
pero
en
verdad
defensora
de
los
intereses
de
las
empresas
de
telecomunicaciones-,
ayudada
por
ciertos
supuestos
defensores
de
la
libertad
en
la
red,
y
por
partidos
políticos
(alguno
de
nombre
como
poco
cuestionable,
como
el
Partido
Pirata),
puso
la
proa
al
canon
por
copia
privada,
a la
prohibición
de
las
descargas
ilegales
de
música,
películas
y
programas
de
ordenador,
a la
persecución
de
los
suministradores
de
enlaces
ilegales
a
estos
contenidos
y a
la
regulación
de
los
trabajos
de
la
Comisión
de
la
Propiedad
Intelectual
(la
Ley
Sinde,
tan
profusa
como
hasta
ahora
estéril).
Amplificada
su
voz
por
los
medios
de
comunicación
social,
en
especial
los
periódicos,
y
coreada
por
políticos
en
demagógica
búsqueda
de
votos,
acabó
consiguiendo
la
complicidad
del
actual
Gobierno,
que
poco
o
nada
ha
hecho
por
la
defensa
de
la
propiedad
intelectual
en
nuestro
país,
más
preocupado
por
darle
el
enésimo
revolcón
al
sistema
educativo,
que
por
la
promoción
de
la
cultura.
Como
no
podía
ser
de
otra
manera,
ha
corrido
como
la
pólvora
que
el
nuevo
canon
es
un
golpe
más
a la
libertad
en
Internet.
Portavoces
de
la
Asociación
de
Internautas
y
blogueros
de
toda
índole,
hablan
de
multas
por
agregar
noticias,
o
–peor-
del
pago
de
un
impuesto
revolucionario,
lamentable
expresión
que
ya
le
costó
a la
otrora
famosa
periodista
radiofónica
Encarna
Sánchez
una
sentencia
condenatoria
ejemplarizante,
por
intromisión
ilegítima
en
el
derecho
al
honor
de
la
SGAE.
Pero,
en
esta
ocasión,
quienes
profieren
estas
manifestaciones
no
pueden
contar
con
recibir
el
mismo
eco
que
en
el
pasado,
pues,
no
en
vano,
la
beneficiaria
de
esta
forma
de
protección
de
la
propiedad
intelectual
es
la
propia
prensa
escrita.
Es
lógico
preguntarse
cómo
solventarán
la
nueva
situación
los
que
antes
veían
en
la
gestión
colectiva
de
la
propiedad
intelectual
sólo
un
“negocio
de
unos
pocos”,
puesto
que
son
ellos
mismos
los
que
se
beneficiarán
con
la
nueva
regulación.
Y es
lógico
preguntarse
hasta
qué
punto
este
nuevo
derecho
a
ser
remunerados
cuando
se
utilicen
sus
prestaciones,
es
una
multa,
un
“impuesto
revolucionario”,
o
tiene
un
fundamento
y
razón
sociales
de
utilidad.
¿Por
qué
se
incorpora
este
nuevo
derecho
al
elenco
de
los
derechos
de
remuneración
por
uso
de
propiedad
intelectual
ajena?
Porque
se
ha
trasladado
al
mercado
de
la
prensa
de
los
problemas
ocurridos
en
otros
sectores
del
mercado
cultural:
se
ha
creado
un
negocio
pujante
en
torno
al
aprovechamiento
por
terceros
del
esfuerzo
y la
reputación
obtenida
con
ingentes
inversiones
económicas
y
gran
esfuerzo.
Ahora
es
el
negocio
de
estas
empresas
el
que
se
ve
afectado
por
el
hasta
hace
bien
poco
imperante
gratis
total
de
la
red.
Sí,
la
prensa
escrita
(en
papel
o en
digital)
requiere
una
gran
inversión
económica,
y un
gran
esfuerzo.
En
cuanto
a la
reputación,
también
es
difícil
y
esforzado
obtenerla,
y
pesará
a la
hora
de
seleccionar
la
fuente
de
la
que
beben
los
agregadores
de
contenidos.
Sin
duda,
tendrán
más
tendencia
a
utilizar
los
de
medios
como
El
País,
El
Mundo,
ABC,
La
Razón,
RTVE,
Antena
3,
Tele
Cinco,
etc.
que
los
contenidos
de
otros
medios,
digamos,
con
menor
difusión
social.
Es
posible
que
haya
llegado
el
momento
en
que
los
editores
de
los
diarios
escritos
y
digitales
más
importantes
hayan
comprendido
el
auténtico
valor
de
la
propiedad
intelectual,
y el
peligro
que
para
las
industrias
culturales
y de
la
comunicación
supone
atacar
su
base,
que
no
es
otra
que
esta
especial
forma
de
propiedad.
La
incorporación
de
este
derecho
a
nuestro
ordenamiento
jurídico
es,
pues,
oportuna.
En
cuanto
a
cómo
se
ha
hecho,
suscita
dudas,
como
poco,
la
asunción
del
legislador
(y,
en
este
caso,
del
Gobierno,
quien
ha
redactado
la
norma)
de
que
todo
contenido
divulgado
en
publicaciones
periódicas
o en
sitios
Web
de
actualización
periódica
y
que
tengan
una
finalidad
informativa,
de
creación
de
opinión
pública
o de
entretenimiento,
está,
por
este
solo
hecho,
protegido
por
derechos
de
autor.
Y
ello
por
cuanto,
sin
distinción,
se
otorga
a su
editor
el
derecho
a
percibir
una
compensación
económica
equitativa
por
su
utilización
por
parte
de
los
llamados
agregadores
de
contenidos.
Es
importante
recordar
que
el
artículo
32.2
de
la
Ley
de
Propiedad
Intelectual,
en
que
se
encuadrará
este
nuevo
derecho,
se
ubica
sistemáticamente
entre
los
límites
a
los
derechos
de
autor.
Recordemos
que
para
que
exista
un
límite,
debe
existir
el
derecho,
y
que
dicho
derecho
sólo
debería
existir
cuando
nos
hallamos
ante
una
obra,
esto
es,
ante
una
creación
intelectual
original
expresada
por
cualquier
medio
o
soporte.
De
forma
que
la
propia
redacción
de
la
norma
deja
ya
mucho
que
desear,
puesto
que
a la
hora
de
otorgarles
el
beneficio
de
la
remuneración
que
prevé,
debería
referirse
a
obras
divulgadas
por
prensa
escrita
o
digital,
más
que
a
contenidos
divulgados
por
dichos
medios.
Resulta
ciertamente
inquietante
que,
para
beneficiar
a la
prensa,
el
legislador
prescinda,
al
menos
en
la
letra
de
la
norma,
de
la
nomenclatura
que
usa
a lo
largo
de
la
Ley
de
Propiedad
Intelectual.
El
uso
del
término
“obras”,
y no
meramente
“contenidos”,
implicaría
la
exigencia
de
los
mismos
requisitos
para
la
obtención
de
esta
remuneración
que
los
aplicados
a
los
autores
de
otras
obras
también
beneficiadas
por
derechos
de
remuneración.
O al
interpretar
la
norma
se
llega
a la
conclusión
de
que
nos
hallamos
ante
un
error
en
la
redacción,
o se
acaba
de
reducir
el
nivel
de
exigencia
para
la
obtención
de
esta
remuneración,
discriminándose
favorable
e
injustificadamente
a la
prensa
con
relación
a
otros
agentes
de
los
mercados
culturales.
Confío
en
que
no
sea
ése
el
resultado.
Respecto
de
que
se
trate
de
un
derecho
sea
irrenunciable,
y de
obligada
gestión
colectiva,
opino
que
no
cabe
otra
forma
cabal
de
construirlo.
La
irrenunciabilidad
del
derecho
garantiza
su
eficacia
en
ámbitos
en
los
que
la
diferencia
de
poder
negociador
haría
fácil
sortear
la
aplicación
del
mismo
en
el
momento
de
suscribirse
ciertos
contratos.
Y
respecto
de
la
obligación
de
que
se
gestione
colectivamente,
es
fácil
darse
cuenta
de
que,
o la
remuneración
es
ciertamente
elevada,
con
lo
que
se
beneficiaría
a
los
agregadores
con
mayor
capacidad
financiera,
o el
derecho
se
tornaría
ineficaz
por
ser
su
gestión
individual
antieconómica.
Me
pregunto
cómo
construirá
la
entidad
de
gestión
colectiva
la
tarifa
que
cobrará
a
los
agregadores.
¿Será
un
tanto
alzado,
lo
que
beneficiaría
obviamente
a
los
económicamente
más
fuertes?
¿O,
por
el
contrario,
será
un
porcentaje
de
los
ingresos
derivados
de
este
uso?
Esta
opción
parece
más
justa
por
proporcional,
pero
suscita
importantes
interrogantes
en
torno
al
cálculo
de
la
misma
y su
gestión,
por
no
hablar
de
su
fundamento
económico.
En
todo
caso,
no
debe
permitirse
el
engaño
en
que
algunos
pretenden
hacernos
caer:
los
particulares
que
deseen
compartir
noticias
en
redes
sociales
y
otros
medios
no
estarán
sujetos
al
pago
de
la
compensación,
pues
los
servicios
de
la
sociedad
de
la
información
se
definen
en
el
Anexo
de
la
Ley
de
Servicios
de
la
Sociedad
de
la
Información
como
todo
servicio
prestado
a
normalmente
a
título
oneroso,
a
distancia,
por
vía
electrónica
y a
petición
individual
del
destinatario.
Así
pues,
quienes
no
compartan
noticias
cobrando
o de
otra
forma
lucrándose
con
ello,
no
deben
temer.
Luces
y
sombras
ofrece
este
nuevo
derecho.
Sin
embargo,
la
causa
de
la
propiedad
intelectual,
gravemente
herida
por
un
Gobierno
que
ha
hecho
bandera
del
ataque
al
sector
cultural
y a
sus
entidades
de
gestión
colectiva,
por
los
escándalos
hechos
públicos
en
la
más
importante
entidad
de
gestión
colectiva,
diezmada
por
un
IVA
inasumible
por
el
público,
por
la
depauperación
de
las
subvenciones
a
nuestra
cinematografía,
definitivamente
en
estado
comatoso,
prospera.
Y
quienes
dedicamos
nuestros
esfuerzos
en
la
defensa
de
la
cultura
a
base
de
mantener
vivos
los
mecanismos
jurídicos
que
la
hacen
posible
(esencialmente,
la
propiedad
intelectual)
no
perdemos
del
todo
la
esperanza
de
haber
ganado
un
nuevo
aliado
en
nuestro
empeño:
la
prensa
escrita.
Habremos,
por
tanto,
de
esperar
a la
gestión
que
haga
la
entidad
que
se
ocupe
de
este
nuevo
derecho
–sin
duda,
CEDRO,
a
quien,
desde
aquí,
deseo
éxito
en
la
misma-
para
valorar
hasta
qué
punto
la
medida
es
acertada,
o si
se
queda,
como
los
trabajos
de
la
Comisión
de
la
Propiedad
Intelectual,
en
una
mera
acción
cosmética
para
seguir
evitando
que
España
sea
de
nuevo
incluida
en
la
lista
de
los
países
con
mayor
nivel
de
piratería
del
mundo.
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