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DESPACHOS
Después de cinco años de pleitos en los tribunales parece que la Administración se aviene a reconocer la situación de este colectivo Tras cinco años de pleitos judiciales y media docena demandas interpuestas en los juzgados contra laboratorios fabricantes del medicamento -Sanofi Pasteur Merck, Sharp & Dohme (MSD) y GlaxoSmithKline- y Ministerio de Sanidad, para que comience a percibirse un mínimo interés por las afectadas por parte de Sanidad, asi se desprende de la reunión que mantuvieron el pasado martes. La Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) por medio de su presidenta Alicia Capilla y su abogado, Francisco Almodóvar, del Bufete Almodóvar & Jara con representantes de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Los propios afectados han puesto sobre la mesa la necesidad de reconocer su status de víctima y el organismo público ha emplazado a este colectivo a una nueva reunión dentro de tres semanas. Dos datos que se han reflejado en la reunión es que, según los informes de la Agencia Europea de Medicamentos, sólo en Europa existen más de 150 notificaciones de sospecha de muerte por esta vacuna. En España, hay al menos tres niñas muertas muy probablemente a consecuencia de la vacuna. A nadie se le escapa que la relación entre esta Asociación de Afectados por la Vacuna del Papiloma (AAVP) y la propia Administración entra en otro nivel, menos tirante que en otras ocasiones, así paso hace años con los casos generados por la talinomida y ahora parece que Sanidad va a escuchar y tener en cuenta las reclamaciones fundamentadas de este colectivo. En esa reunión, Capilla comenzó explicando a los representantes de la Administración sanitaria que la atención que han dedicado a las víctimas de la vacuna del papiloma desde 2009, fecha en la que la vacuna se lanzo al mercado y cuando se produjeron los primeros daños graves por esta vacuna no ha sido adecuada. Precisamente ahí arrancó la propia Asociación que no ha dejado de crecer en asociados y afectados. Además, la propia asociación entrego un dossier con información científica y con estudios de farmacovigilancia de varios países europeos cuyos datos el Ministerio desconocía y este se ha comprometido a estudiarlo y a tener en breve otra reunión en la que llegar a conclusiones. “Nuestras peticiones están bien fundamentadas. Cualquier medicamento genera reacciones adversas. Da la sensación que Administración y laboratorios generan una estrategia conjunta para señalar que esas reacciones no han sido producidas por la propia vacuna, pero en esa información aportada se observa que es así”, explica Francisco Almódovar, letrado de la AAVP . De hecho esas reacciones adversas suelen venir en ficha técnica y prospecto de las vacunas. Los funcionarios que han participado en la reunión, dirigidos por la Directora General de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, reconocen que hay que reforzar la información al público y profesionales sanitarios sobre la vacuna del papiloma para, entre otras cosas, mejorar el consentimiento informado de quienes usen este producto. “ La verdad que los padres que ponen la vacuna a sus hijos menores carecen de información sobre el alcance de la misma. En realidad solo protegen de dos de los quince virus oncológicos para los que se aplica”, comenta Almodóvar. Si algo ha quedado claro en la reunión y en esto el Ministerio se ha mostrado coincidente, es que ha fallado clamorosamente la comunicación a la sociedad sobre todos los aspectos de la vacuna (no sólo los ”buenos” sino también los negativos). “ Es necesario desarrollar un protocolo de actuación de cara a saber qué hay que hacer cuando surjan estas reacciones adversas a este tipo de vacuna”, explica el letrado de AAVP. Afectados a nivel internacional Este letrado nos comenta que su asociación está muy en contacto con una red internacional de víctimas en todo el mundo. “Países como Japón han retirado esta vacuna del calendario vacunal, en Francia ya han empezado los litigios y es posible que en Inglaterra también se pongan en marcha este tipo de pleitos”, advierte. Desde el Ministerio se ha observado más receptividad y un compromiso de estudiar los casos de niñas y jóvenes afectadas de cara a evitar que puedan surgir casos como los surgidos en nuestro país. Los representantes de la Administración también creen posible trabajar en la elaboración de un protocolo de actuación oficial ante una sospecha de reacción adversa a la vacuna, así como en que pueda haber un reconocimiento del estatus legal de víctima de la vacuna. La AAVP a través de su abogado, Francisco Almodóvar, ha pedido la creación de un fondo de compensación de daños de esta vacuna y otros medicamentos. En países como Estados Unidos (EE.UU.) existe y sólo por la del papiloma llevan presupuestados seis millones de dólares para intentar resarcir los daños causados a quienes se la han puesto. “Es la respuesta normal a este tipo de situaciones y creo que en este caso debería estar financiado por los propios laboratorios y sus aseguradoras”, aclara Francisco Almodóvar. Para el próximo encuentro hay un compromiso de dar a las afectadas el número exacto de notificaciones de reacciones adversas de esta vacuna en España, la tipología de los daños notificadas y la tasa de incidencia de los mismos.
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