En
un mundo en el que cada vez hay mas
movilidad laboral y personal, empieza a ser
frecuente que los despachos especializados
en familia nos encontremos con
procedimientos que tienen como objeto los
traslados internacionales de los hijos de
padres divorciados, traslados sobre los que
difícilmente se logra un consenso ya que, en
principio, ningún progenitor quiere que su
hijo se traslade a otro país ni sea educado
en otro idioma y bajo otra cultura.
Mucho se ha debatido acerca de si la decisión del
traslado de domicilio de un menor
corresponde en exclusiva al progenitor
custodio o si, por el contrario, es una
facultad inherente al ejercicio de la patria
potestad. Dicha cuestión había sido resuelta
de forma dispar por las Audiencias
Provinciales existiendo sentencias en ambos
sentidos, lo que aumentaba la inseguridad
jurídica. Sin embargo, desde la STS de 26 de
octubre de 2012 existe prácticamente
unanimidad acerca de que para proceder al
cambio de domicilio de un menor es necesario
el acuerdo de ambos progenitores o, en su
defecto, decisión judicial sin que se pueda
adoptar unilateralmente por el progenitor
custodia al ser una decisión que se integra
en el contenido de la patria potestad.
Por lo tanto, se necesitará acuerdo para trasladar al
menor pero ….¿cual es el procedimiento a
seguir si el no custodio se opone? Pues
bien, el custodio deberá notificar
fehacientemente al otro progenitor el cambio
de domicilio que pretende y, si éste no está
de acuerdo, tendrá 30 días para oponerse
presentando la correspondiente demanda de
discrepancia en el ejercicio de la patria
potestad, demanda que se tramitara por el
procedimiento de jurisdicción voluntaria.
Sin embargo, este procedimiento no esta
exento de riesgos ya que contra el mismo no
cabe recurso de apelación, por lo que si el
juez acuerda otorgar la facultad de decidir
al progenitor que solicita el traslado, la
decisión devendrá firme. Por eso,
personalmente creo que es mucho mas
adecuado, garantista y seguro interponer un
procedimiento de modificación de medidas ya
que, inevitablemente, el traslado provocara
que también tenga que modificarse el régimen
de visitas del otro progenitor para
adaptarlo a las nuevas circunstancias
existentes por lo que la sentencia que en su
día se dicte, ademas de ser apelable,
permitirá que, si el traslado se autoriza,
se modifique en la misma sentencia el
régimen de visitas del no custodio para
adecuarlo a la distancia con el nuevo
domicilio.El traslado así obtenido será
licito siendo importante señalar que nuestra
experiencia nos dice que la solicitud de
autorización previa al traslado incrementa
muchísimo las posibilidades de que se le
conceda.
Pero, desgraciadamente, en ocasiones el progenitor
custodio no actúa del modo descrito y decide
llevarse al menor a su país de origen o,
estando de vacaciones en el mismo, no lo
retorna al de su residencia habitual,
produciendose entonces un traslado ilícito o
sustracción.
¿Y que se entiende por traslado ilícito? Pues
cualquiera que se produzca en alguno de
estos supuestos:
1.- con infracción de un derecho de
custodia atribuido separada o conjuntamente
a una persona, a una institución o a
cualquier otro organismo, con arreglo al
derecho vigente en el Estado en que el menor
tenía su residencia habitual inmediatamente
antes de su traslado o retención.
2.- Cuando este derecho se ejercía en forma
efectiva, separada o conjuntamente, en el
momento del traslado o de la retención, o se
habría ejercido de no haberse producido
dicho traslado o retención.
Así lo describe literalmente el Convenio de la Haya,
siendo fundamental para determinar la
licitud o ilicitud establecer cual es la
residencia habitual del menor pues la misma
no será donde lo haya trasladado o retenido
el sustractor sino el lugar donde residía
con anterioridad.
Veamos un ejemplo: argentino casado con española que
tienen un hijo nacido en España y viven
aquí. Después del nacimiento del niño
deciden trasladarse a Argentina donde viven
desde entonces ( hace ya mas de 2 años).
En el mes de julio, la madre y el hijo vienen de
vacaciones a Barcelona ( donde residen los
abuelos maternos) y, sin el consentimiento
del padre, la madre decide no regresar con
el niño pues quiere divorciarse y vivir en
España.
La madre consulta 5 abogados y todos, a excepción de
uno, coinciden en aconsejarle que se quede y
que interponga una demanda de divorcio con
medidas provisionales, pues tratandose de un
niño español que reside en Barcelona, el
Juzgado de esta ciudad será competente y a
buen seguro autorizara el traslado.
Solamente uno de los abogados consultados le
advierte que ha cometido una sustracción
ilícita, que los juzgados españoles no son
competentes pues el domicilio del menor no
es Barcelona al no llevar residiendo aquí
mas de 1 año y que el padre puede
interponer el procedimiento para la
restitución del menor que regula el Convenio
de la haya.
Ante dicha situación, la madre piensa que esa única
abogada que le advierte de tantos riesgos
esta equivocada y decide quedarse en España
interponiendo el procedimiento de divorcio.
¿Y que sucede entonces? Que se pone en
marcha la rápida maquinaria legal prevista
en estos casos por el Convenio nº XVIII de
la Conferencia de La Haya sobre los aspectos
civiles de la sustracción de menores de 25
de octubre de 1980. Dicho Convenio permite
que el padre ( en este ejemplo) pueda
efectuar la solicitud de restitución ante
la Autoridad Central del Estado de
residencia habitual del niño, o ante la de
cualquier otro Estado parte, o bien
directamente ante las autoridades
judiciales, sin que exista ningún plazo de
caducidad ni prescripción para la
interposición de la solicitud, si bien se
establece que la autoridad judicial podrá
rechazar la solicitud si la misma se
presenta transcurrido un año desde que se
produjo el traslado o la retención ilícita
o desde el momento que el menor es
localizado, siempre y cuando se demuestre
que el niño esta arraigado en el país al
que fue ilícitamente trasladado y tras oírle
si tuviera suficiente edad.
En estos casos yo siempre recomiendo utilizar los dos
medios, es decir, comunicarlo a la Autoridad
Central y, ademas, interponer una demanda
ante el Juzgado del lugar en el que se
encuentre el niño pues, de este modo, el
procedimiento se tramitara mas rápidamente.
Interpuesta la demanda se celebra una vista cuyo único
objeto será decidir si el traslado es
ilícito o no y si procede la restitución,
sin que se pueda entrar en el fondo, es
decir, determinar quien debe ser el
custodio, ya que eso deberá decidirse en el
posterior procedimiento de divorcio o de
regulación de las relaciones paterno
filiales.
El Convenio de La Haya establece que la sentencia que
ordene o deniegue la restitución del menor
debe dictarse en un plazo máximo de seis
semanas y contra la misma cabe recurso de
apelación que se tramitara de forma urgente.
Volviendo a nuestro anterior ejemplo: Después de tres
meses de residencia es Barcelona, segura de
que los Tribunales Españoles le darían la
razón y no tendría que volver a su antiguo
país de residencia ¿se imaginan como se
quedo la madre cuando le notificaron la
sentencia en la que se ordenaba la
restitución del menor a Argentina en el
plazo de una semana? Obviamente no entendía
nada ¿ como podía ser que las leyes de su
país no los “protegieran” denegando la
restitución? La respuesta es sencilla:
porque tanto los Convenios Internacionales
como los Reglamentos Europeos integran
también nuestro ordenamiento interno y, por
tanto, son directamente aplicables. Quizá
fue eso lo que ella no sabia. ¿habría
cambiado la situación si hubiera optado por
elegir a la abogada que le advirtió del
riesgo de quedarse en España? No lo sabremos
nunca, pero es probable que así fuera.
Lo que si podemos afirmar sin ningún genero de dudas es
que es fundamental que las parejas o
matrimonios mixtos sean asesorados por
abogados especializados en derecho de
familia internacional.