La reforma laboral que inició el Gobierno mediante el RDLey 3/2012, de 10 de febrero, y posteriormente convalidado con la Ley 3/2012, de 6 de julio, dio lugar a numerosas críticas sobre la posible cuestión de inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos, entre ellos la razonabilidad del periodo de prueba de un año.

El 15 de agosto de 2014, en pleno periodo estival, se publicó en el BOE la primera de las sentencias que ha resuelto parte de las cuestiones sometidas a debate, interpuesto en este caso por el Parlamento de Navarra, referente al periodo de prueba de un año para el contrato de emprendedores, así como la modificación de aspectos en la negociación colectiva, y el sometimiento a arbitraje obligatorio, declarando la constitucionalidad de todos ellos.

Dada la repercusión de la referida sentencia, tanto a nivel de seguridad jurídica como de repercusión mediática, el Tribunal Constitucional, publicó en su web el 16 de julio 2014, tanto la sentencia, como el voto particular de tres de los magistrados que se apartaban de la tesis mayoritaria, y una escueta nota de prensa.

Por la extensión de la sentencia, va a ser objeto de este articulo, el análisis de la constitucionalidad declarada por el Alto Tribunal sobre este periodo de prueba de un año, sin perjuicio de poder analizar en artículos posteriores el resto de cuestiones tratadas en la sentencia.

Si bien, sostiene el Alto Tribunal que no es su función establecer cuál es la finalidad del periodo de prueba, en la fundamentación jurídica de la misma, la postura mayoritaria acoge el razonamiento del Abogado del Estado, al entender que el derecho al trabajo (art. 35.1 CE) se concreta en su vertiente individual, en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedido sin justa causa, y que en en este caso, el desistimiento durante el periodo de prueba no constituye un despido, sino una condición resolutoria expresamente asumida por las partes en el momento de suscripción del contrato.

El derecho al trabajo en nuestro ordenamiento no puede chocar con el derecho de libertad de empresa que reconoce el art. 38 CE., por lo que a criterio del Tribunal, acogiendo la tesis ya establecida por el Abogado del Estado en su oposición a la demanda “el disponer de un periodo de tiempo, superior en principio al previsto con carácter común, durante el que poder constatar no sólo la aptitud y capacidad del trabajador contratado, sino también la sostenibilidad económica del nuevo puesto de trabajo creado”.

Considerando también que no existe vulneración alguna del Art. 24.1 CE

Ahí se contradice el Tribunal al manifestar que no es su función establecer cual es la finalidad del periodo de prueba, y al mismo tiempo sostener el fundamento de constitucionalidad en que este periodo de prueba de año permite a a la empresa valorar tanto la aptitud y capacidad del trabajador contratado como la sostenibilidad económica del puesto de trabajo creado.

            Otros argumentos del Abogado del Estado, que acoge en su integridad el TC, para justificar la constitucionalidad de la medida van a ser los siguientes::

            1) que el tenor literal del artículo 4 Ley 3/2012, establece que el periodo de prueba será “en todo caso” de un año, lo que no impide que las partes (no la negociación colectiva) puedan pactar en el contrato un periodo inferior, así como tampoco que la extinción por no superar el referido periodo de prueba encubra una extinción no causal del contrato.

            2) El régimen de incentivos fiscales, vinculados a la continuidad de la relación laboral durante al menos tres años, así como la inexistencia de otras extinciones durante el periodo de un año, implican que el argumento de irrazonabilidad de la medida sea descartado.

            3) El Convenio 158 OIT hace referencia a que el periodo de prueba debe ser razonable, sin que exista norma legislativa alguna que indique que el periodo de un año no lo sea.

            4) La coyunturalidad de la medida vinculada a una concreta situación del mercado de trabajo.

El análisis de esta sentencia daría para algo más de las palabras permitidas para un post, si bien, permitan recomendarles la lectura del voto particular de los tres magistrados que se apartan de la tesis mayoritaria, en la que se analiza el criterio sobre extensos periodos de prueba fijados en Grecia o Francia.

Particularmente, añadiría que, para evitar la inseguridad jurídica que pueda generar tanto para la empresa como para el trabajador, el alcance del periodo de prueba en este tipo de contratos, y considerando que no es finalidad del mismo el verificar si el puesto de trabajo es económicamente sostenible en el tiempo, lo recomendable sería establecer cuales son los objetivos pactados por las partes durante el periodo de prueba en el propio contrato o mediante anexos al mismo.

De este modo, ambas partes tendrían claras cuales son las expectativas recíprocas.

¡Feliz lectura!