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Esta
sala
debe
decidir
si
asume
el
caso
de
los
EREs
de
Andalucía,
si
se
limita
a
instruir
sobre
los
nueve
aforados
que
ha "preimputado"
la
juez
Mercedes
Alaya
o si
le
devuelve
lo
actuado
al
Juzgado
de
Sevilla
para
que
siga
investigando
 El
CGPJ
entrevistará
mañana
jueves
a
los
candidatos
a
presidir
la
Sala
de
lo
Penal
del
Tribunal
Supremo
que
por
jubilación
de
Juan
Saavedra
quedará
vacante
en
los
próximos
días.
Será
en
el
Pleno
del
día
30
de
este
mes
cuando
conozcamos
quien
de
los
tres
magistrados
ocupara
ese
preciado
sillón.
Mañana
la
Comisión
Permanente
del
CGPJ
escuchará
a
los
tres
candidatos
quienes
harán
un
resumen
de
su
trayectoria
y
explicarán
cuál
es
su
proyecto
de
cara
a
revitalizar
esta
Sala
Segunda
del
Alto
Tribunal.
La
presidencia
de
la
Sala
de
lo
Penal
del
Supremo,
que
se
encarga
de
analizar
todos
los
recursos
sobre
delitos
y
examinar
las
causas
contra
personas
'aforadas',
tiene
cinco
años
de
duración.
A
Conde-Pumpido
le
quedan
cinco
años
para
jubilarse,
mientras
que
Colmenero
lo
haría
dentro
de
siete
y
Marchena
podría
ser
renovado
al
tener
por
delante
15
años
Dos
fiscales,
de
carácter
conservador
y un
magistrado
que
fue
durante
siete
años
Fiscal
General
del
Estado
optan
a
esta
plaza,
una
de
las
de
má
prestigio
del
mundo
de
la
justicia.
Es
bastante
posible
que
los
ocho
vocales
elegidos
por
el
PSOE
y
los
diez
por
el
PP
tengan
mucho
que
decir
en
una
votación
que
nadie
oculta
que
será
bastante
reñida
a
priori.
Miguel
Colmenero
Menéndez
de
Luarca,
de
63
años
y
que
procede
de
la
carrera
fiscal,
es
miembro
desde
2002
del
Tribunal
Supremo,
al
que
accedió
por
el
turno
reservado
a
juristas
de
reconocida
competencia
con
al
menos
15
años
de
ejercicio.
Fue
ponente
de
la
sentencia
que
inhabilitó
al
Juez
Baltasar
Barzón
por
las
escuchas
telefónicas
en
el
caso
Gürtel
Por su
parte,
Cándido
Conde-Pumpido
Tourón
(64)
ingresó
en
la
carrera
judicial
en
1974
y
pertenece
a la
Sala
de
lo
Penal
del
TS
desde
1995,
lo
que
hizo
que
en
ese
momento
fuera
el
magistrado
más
joven
en
ese
Alto
Tribunal.
.
Antes
había
ejercido
en
Puebla
de
Sanabria
(Zamora),
Carballino
(Ourense)
y
las
Audiencias
Provinciales
de
Guipúzcoa
y
Segovia.
Entre
2004
y
2011
fue
fiscal
general
del
Estado
con
José
Luis
Rodríguez
Zapatero.
Su
gestión
ha
sido
la
más
larga
de
un
FGE,
cuando
concluyó
ésta
volvió
a su
puesto
en
el
TS.
Pumpido
fue
en
sus
orígenes,
allá
en
los
años
ochenta
uno
de
los
fundadores
de
Jueces
para
la
Democracia,
organización
judicial
y
uno
de
sus
primeros
portavoces.
En el
caso
de
Manuel
Marchena
Gómez
de
55
años
de
edad
es
el
más
joven
de
esta
terna.
Procede
como
Colmenero
de
la
carrera
fiscal
e
ingresó
en
el
Tribunal
Supremo
en
2007,
también
por
el
turno
reservado
a
juristas
de
reconocida
competencia
con
al
menos
15
años
de
ejercicio.
En 2007
fue
designado
por
el
Consejo
General
del
Poder
Judicial
Magistrado
del
Tribunal
Supremo,
Sala
de
lo
Penal,
siendo
entonces
el
Magistrado
más
joven
del
Alto
Tribunal,
cargo
que
desempeña
hasta
la
actualidad.
Durante
los
años
2007
y
2008
también
formó
parte
de
la
Sala
del
61,
conociendo
los
procesos
de
ilegalización
de
ANV
y
PCTV.
Fue
nombrado
por
acuerdo
del
Consejo
de
Ministros
de 8
de
marzo
de
2012,2
presidente
de
la
comisión
institucional
para
la
elaboración
de
una
propuesta
de
reforma
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal.
Durante
su
actual
etapa
como
Magistrado
de
la
Sala
Segunda
del
Tribunal
Supremo
le
han
correspondido
como
ponente
algunos
asuntos
de
interés
mediático:
la
obtención
fraudulenta
de
pensiones
en
la
Seguridad
Social
de
Andalucía
(Caso
Campanario);
el
asesinato
y
abusos
sexuales
de
una
menor
por
un
delincuente
con
antecedentes
sexuales
(Caso
Mari
Luz);
los
ataques
contra
el
patrimonio
municipal
ejecutado
por
miembros
de
la
corporación
y
otras
personas
(Caso
saqueo
de
Marbella)
Así
mismo
fue
designado
Magistrado-instructor
del
proceso
penal
abierto
para
investigar
los
cobros
recibidos
por
un
Juez
de
la
Audiencia
Nacional
durante
su
estancia
en
Nueva
York
(Caso
cobros
en
Nueva
York,
Garzón).
La
resolución
por
la
que
se
acordó
el
archivo
por
prescripción
fue
confirmada
por
unanimidad
por
la
Sala
del
Tribunal
Supremo
designada
para
conocer
del
recurso
de
apelación
interpuesto
por
la
acusación
popular. | 
