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Engañaron,
haciéndose
pasar
por
miembros
de
las
Fuerzas
y
Cuerpos
de
Seguridad
del
Estado,
a
decenas
de
miles
de
autónomos
y
PYMES.
Se
han
realizado
arrestos
en
Elche,
Madrid
y
Barcelona
 Agentes
de
la
Policía
Nacional
han
detenido
a 52
personas
en
Elche,
Madrid
y
Barcelona
por
una
macroestafa
con
la
que
habrían
obtenido
15
millones
de
euros
de
más
de
150.000
víctimas
a lo
largo
del
país.
Los
arrestados
engañaron,
haciéndose
pasar
por
miembros
de
las
Fuerzas
y
Cuerpos
de
Seguridad
del
Estado,
a
decenas
de
miles
de
autónomos
y
PYMES,
a
quienes
ofrecían
publicar
anuncios
a
bajo
coste
en
revistas
de
temática
policial
que
en
realidad
no
tenían
distribución
pública
ni
en
centros
oficiales.
La
trama
delictiva
se
valía
de
un
complejo
entramado
compuesto
por
30
páginas
web
y
más
de
60
empresas
para
intentar
ocultar
su
actividad
real
y
blanquear
los
beneficios.
El
líder
de
la
organización
llegó
a
utilizar
como
testaferros
y
responsables
de
sus
empresas
a
personas
de
avanzada
edad
o en
precaria
situación
personal
y
económica.
La investigación,
que
comenzó
hace
dos
años,
se
inició
tras
denuncias
de
personas
afectadas
por
la
estafa
y
publicaciones
de
particulares
en
foros,
blogs
y
páginas
web.
Las
pesquisas
permitieron
reunir
y
analizar
miles
de
datos
sobre
los
integrantes
de
la
organización,
así
como
su
entramado
societario
y
cuentas
bancarias.
Se
estima
que
el
engaño
habría
podido
alcanzar
a
unas
150.000
víctimas
a lo
largo
del
territorio
nacional
y
forma
parte
de
una
planificación
preconcebida
que
ha
sido
desarrollada,
perfeccionada
y
especializada
durante
los
últimos
catorce
años.
El modus
operandi
empleado
en
la
estafa
consistía
en
la
captación
de
víctimas,
principalmente
trabajadores
o
responsables
de
pequeñas
y
medianas
empresas,
ofreciéndoles
la
inserción
de
anuncios
publicitarios
en
diferentes
revistas.
Las
publicaciones,
tanto
impresas
como
online,
eran
creadas
y
editadas
al
efecto,
principalmente
estaban
relacionadas
con
la
temática
policial
y el
coste
por
anunciarse
era
usualmente
inferior
a
los
400
euros.
Los
contenidos
de
estas
revistas
eran
de
baja
calidad,
poco
elaborados
o
copiados
de
fuentes
oficiales,
aunque
en
algunos
casos
incluían
entrevistas
y
“homenajes”
a
funcionarios
policiales,
que
desconocían
sus
prácticas
fraudulentas,
al
objeto
de
generar
mayor
credibilidad.
Las
publicaciones
con
los
anuncios
contratados
serían
supuestamente
distribuidas
en
organismos
e
instituciones
policiales,
aunque
en
realidad
cada
uno
de
los
ejemplares
era
enviado
únicamente
a
las
víctimas
de
la
estafa,
haciéndoles
creer
así
que
la
distribución
era
real.
Para la
captación
masiva
de
clientes
utilizaban
técnicas
ilícitas
de
telemarketing,
autoritarias
e
incluso
coercitivas
para
que
las
víctimas
accedieran
a la
contratación
del
producto
ofertado.
Estos
teleoperadores
eran
especialmente
aleccionados
por
el
cabecilla
de
la
organización
criminal
para
contactar
con
las
víctimas
y
solicitar
“colaboraciones”
para
el
anuncio
en
sus
revistas.
En
muchos
casos
se
presentaban
o
jugaban
con
la
ambigüedad
de
pertenecer
a
las
Fuerzas
y
Cuerpos
de
Seguridad
del
Estado.
Para
promocionar
su
actividad,
la
organización
llegó
a
contar
con
el
soporte
de
31
páginas
web
diferentes
y
más
de
100
números
de
teléfono
de
información,
generalmente
siempre
en
el
ámbito
y
temática
de
carácter
policial,
lo
cual
dificultaba
y
ocultaba
en
gran
medida
el
seguimiento
de
su
actividad
criminal,
al
contar
con
la
posibilidad
de
ser
dadas
de
alta
y
baja
de
forma
rápida
y
anónima.
Así se
creaban,
modificaban
y
liquidaban
de
forma
activa
las
más
de
60
empresas
que
conformaban
el
entramado
societario
y
que
daban
soporte
a la
organización
criminal.
El
blanqueo
del
dinero
obtenido
de
las
actividades
delictivas
se
perfeccionaba
mediante
el
uso
de
sociedades
interpuestas
o
pantalla,
la
falsificación
de
facturas
y
documentación
pública.
Control
total
El principal
investigado
y
cabecilla
de
la
organización
controlaba
en
todo
momento
la
totalidad
de
movimientos
de
las
empresas
del
entramado,
así
como
a
sus
trabajadores
tanto
a
nivel
profesional
como
personal.
Esta
persona
llegó
a
utilizar
como
testaferros
y
responsables
de
sus
empresas
a
personas
de
avanzada
edad,
en
precaria
situación
personal
y
económica
o
sin
cualificación,
aprovechándose
de
sus
necesidades
y
que
desconocían
totalmente
su
implicación
y el
alcance
de
los
hechos.
La operación
ha
culminado
con
la
detención
de
52
personas,
entre
ellas
el
líder
de
la
organización,
tres
abogados
que
presuntamente
le
asesoraban
en
temas
de
blanqueo
de
capitales
y
trabajadores
del
entramado,
en
Elche
(49),
Madrid
(2)
y
Barcelona
(1),
así
como
el
registro
de
ocho
domicilios
en
Elche.
En
total
los
agentes
se
han
incautado
de
cerca
de
46.000
euros
en
efectivo,
7
servidores
(uno
de
los
cuales
se
encontraba
oculto
en
el
falso
techo
de
una
de
las
empresas
registradas),
31
discos
duros,
3
coches
y 1
motocicleta
y
varios
dispositivos
informáticos.
Asimismo
se
han
bloqueado
los
bienes
inmuebles
y
cuentas
bancarias
de
32
personas
físicas
y
jurídicas.
La investigación
ha
sido
desarrollada
por
agentes
de
la
Unidad
de
Investigación
Tecnológica
de
la
Comisaría
General
de
Policía
Judicial,
de
forma
conjunta
con
los
grupos
de
delitos
tecnológicos
de
las
Brigadas
de
Policía
Judicial
de
Barcelona
y
Albacete,
y
con
la
colaboración
de
la
UDEF
Central
y de
las
comisarías
de
Barcelona,
Albacete,
Alicante
y
Elche.
Los
investigadores
han
contado
asimismo
con
la
activa
colaboración
de
los
Depósitos
Legales
de
diversas
provincias
españolas,
así
como
de
la
Dirección
General
de
Archivos,
Museos
y
Bibliotecas
de
la
Consejería
de
Empleo,
Turismo
y
Cultura
de
la
Comunidad
de
Madrid
y el
Depósito
Legal
de
la
Biblioteca
Nacional
de
España. | 
