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El
consentimiento
informado,
pieza
clave
en
todo
ensayo
clínico,
ha
intentado
ocultarse
a la
familia
y
una
vez
conseguido
este
¡presenta
tres
firmas
claramente
diferentes!,
según
señalan
los
abogados
de
la
familia
 Juan
Santos
Sierra
murió
en
abril
de
2013
en
el
Hospital
de
Mérida
mientras
participaba
en
el
ensayo
clínico
de
un
nuevo
medicamento
del
laboratorio
farmacéutico
AstraZeneca.
Durante
todo
este
tiempo
su
familia
ha
visto
cómo
se
le
negaban
todos
sus
derechos
a
conocer
la
verdad
de
lo
que
sucedió
durante
las
pruebas.
Tampoco
ha
conseguido
avanzar
en
la
indemnización
por
los
daños
y
perjuicios
recibos
por
la
muerte
del
paciente,
pese
a
tener
firmados
todos
los
acuerdos
legales
necesarios
para
participar
en
el
ensayo
clínico.
Los
encuentros
con
la
farmacéutica
han
sido
en
vano
y
por
ello
la
familia
de
Juan
ha
puesto
una
demanda
de
conciliación,
tienen
la
sospecha
bien
fundada
de
que
a
Santos
Sierra
lo
mató
el
medicamento
que
experimentaban
en
su
organismo
durante
el
ensayo
clínico
en
fase
2b
de
búsqueda
de
dosis
para
evaluar
la
eficacia
y
seguridad
de
sifalimumab
en
adultos
con
lupus
eritematoso
sistémico.
En
esa
demanda
se
reclaman
600.000
euros
como
valoración
de
esa
muerte.
En
principio
la
farmacéutica
cifró
en
menos
de
100.000
euros
ese
óbito
con
lo
cual
de
momento
el
acuerdo
está
lejano
entre
las
partes.
La
demanda
se
ha
interpuesto
contra
AstraZeneca
y la
empresa
aseguradora
de
las
pruebas,
White
Rock
Insurance
PCC
Ltd
a la
que
la
familia
acusa,
como
a la
primera,
de
entorpecer
el
proceso
de
búsqueda
de
la
verdad
y
consecución
de
sus
derechos.
Francisco
Almodóvar,
abogado
del
Bufete
Almodóvar
&
Jara
que
lleva
el
caso
comenta:
“Se
han
cometido
muchas
irregularidades
por
el
miedo
de
AstraZeneca
a
que
esta
(y
otras
muertes)
ocurridas
durante
el
ensayo
hagan
fracasar
su
medicamento
pues
se
trata
de
un
ensayo
que
está
realizándose
en
numerosos
hospitales
de
todo
el
mundo.
Sabemos
que
han
abierto
el
ensayo
clínico
y
han
podido
manipular
los
datos
para
encubrir
esta
muerte.
No
sería
la
primera
vez
que
la
industria
investigadora
manipula
los
datos
de
un
ensayo
clínico
y
han
sido
condenadas
por
ello.
La
farmacéutica
promotora
del
ensayo
asegura
que
Juan
estaba
en
grupo
placebo
(la
sustancia
inerte
con
la
que
suelen
compararse
los
fármacos
en
experimentación).
Lo
que
sabemos
es
que
hay
firmas
falsas
del
consentimiento
informado
que
probablemente
servían
para
justificar
el
aumento
de
dosis
del
medicamento
en
experimentación.
Si
no,
¿a
qué
vienen
las
firmas
falsas
de
consentimiento
informado?”.
En
efecto,
el
consentimiento
informado,
pieza
clave
en
todo
ensayo
clínico,
ha
intentado
ocultarse
a la
familia
y
una
vez
conseguido
este
¡presenta
tres
firmas
claramente
diferentes!
AstraZeneca
continuamente
está
negando
la
relación
de
causalidad
participación
en
ensayo
clínico/muerte
del
participante
durante
las
pruebas.
A
pesar
de
esta
negación,
la
empresa
ha
tratado
de
negociar
un
acuerdo
ex
gratia
cuyas
cantidades
no
han
satisfecho
las
pretensiones
de
la
familia
del
ciudadano
fallecido
durante
el
ensayo
mencionado.
La
aseguradora
White
Rock
ha
negado
el
acceso
a la
familia
del
contenido
completo
de
la
póliza
de
seguros.
La
historia
clínica
del
paciente
muestra
que
muere
el
20
de
abril
de
2013
por
sepsis
de
origen
respiratorio.
Según
el
investigador
principal
del
ensayo,
Dr.
Chamizo,
en
la
historia
clínica
anota
como
causa
de
la
muerte:
“fallo
multiorgánico”.
La
sustancia
sifalimumab,
como
indica
el
consentimiento
informado
que
firmó
el
fallecido,
DEPRIME
EL
SISTEMA
INMUNITARIO;
aparte
de
tenerlo
deprimido
ya
por
la
enfermedad
que
padecía,
esta
sustancia
experimental
lo
daña
aun
más,
por
lo
que
luchar
contra
esa
infección
era
prácticamente
imposible
o
fue
imposible,
al
no
tener
defensas
para
luchar
contra
la
misma.
El
registro
de
dosis
de
fármaco
suministradas
carece
de
muchas
anotaciones
y
revela
irregularidades
graves.
Se
da
la
circunstancia
que
Chamizo,
tras
el
fallecimiento
de
Santos
Sierra
anota:
“No
podemos
asegurar
que
la
muerte
no
tenga
relación
con
el
estudio
por
lo
que
señalamos
su
relación”.
La
investigación
que
ha
hecho
el
Bufete
Almodóvar
&
Jara
ha
documentado
que
se
han
producido
al
menos
otras
cuatro
muertes
por
este
medicamento
durante
su
experimentación,
aún
no
concluida
(el
único
fallecimiento
que
el
laboratorio
relaciona
con
su
participación
en
el
estudio
fue
por
causas
coincidentes
con
las
de
Juan).
Por
todo
ello
y
más
la
familia
y su
defensa
consideran
que
la
muerte
de
Juan
Santos
Sierra
se
produjo
como
consecuencia
directa
de
la
participación
en
el
estudio.
José
Francisco
Cuenca,
hermano
de
la
mujer
del
fallecido,
se
pregunta:
“¿Dónde
quedan
los
derechos
de
las
personas
que
participan
en
un
ensayo
clínico?
AstraZéneca
no
ha
tratado
bien
a la
familia,
negando
acceso
a
datos
importantes,
dilatando
la
entrega
de
información,
ganando
tiempo
para
que
pasara
el
año
legal
donde
ellos
tienen
la
carga
de
la
prueba.
¿Quién
nos
garantiza
que
los
datos
no
han
sido
manipulados,
cuando
no
nos
dejan
acceder
a
los
datos
personales
(genéticos,
sangre,
tejido,
etc.)
de
Juan?
¿Por
qué
la
farmacéutica
no
realizó
autopsia
y
así
hubiéramos
visto
la
cantidad
de
fármaco
o no
en
sangre?
Además,
el
investigador
tiene
obligación
de
comunicar
el
efecto
adverso
grave
antes
de
24
horas
al
promotor
y el
promotor
a la
Agencia
Espñaola
de
Medicamentos
y
por
seguridad
seguramente
deberían
de
haber
paralizado
el
ensayo
hasta
que
se
descubriera
la
causa
de
la
muerte
y es
no
se
ha
hecho”.
Las
familias,
cuando
se
produce
una
muerte
en
un
experimento
médico,
sufren
un
proceso
de
negación
sistemática
por
parte
de
los
grandes
laboratorios,
como
ocurre
con
AstraZeneca
y su
aseguradora,
que
en
muchas
ocasiones
están
dirigidas
por
personas
que
forman
parte
de
ambos
consejos
de
administración.
El
derecho
del
ciudadano
a la
información
en
ensayos
clínicos
es
todavía
una
quimera.
La
legislación
protege
a la
industria
farmacéutica
y
sus
aseguradoras.
Es
hora
de
que
el
ciudadano
comience
batallas
legales
contra
este
tipo
de
prácticas
que
llegan
a
vulnerar
derechos
fundamentales. | 
