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Acto
celebrado
en
el
Círculo
de
Bellas
Artes
con
la
presencia
de
medio
millar
de
creadores
y
artistas.
 “La
comunidad
creativa
pide
la
retirada
del
proyecto
de
ley
de
propiedad
intelectual,
ya
que
el
texto
aprobado
por
el
Congreso
es
regresivo,
nos
aísla
de
Europa,
destruye
nuestros
derechos
y no
tiene
ni
el
apoyo
de
los
legítimos
titulares
ni
el
consenso
exigible
a
una
ley
de
esta
envergadura”.
Los
artistas,
autores,
editores
y
productores
españoles
han
pedido
hoy
al
Gobierno
que
abra
“un
proceso
de
debate
con
la
participación
de
todos
los
sectores,
y
con
los
estudios
técnicos
necesarios
para
hacer
la
LPI
del
siglo
XXI
que
necesitamos”.
Rechazan
la
actual
redacción
del
proyecto
de
ley
y
las
insuficientes
y
parciales
enmiendas
presentadas
por
el
Grupo
Parlamentario
Popular
en
el
Senado,
y
piden
a la
vicepresidenta
del
Gobierno
su
implicación
directa
en
una
reforma
que
ha
sido
usurpada
por
otros
ministerios
en
detrimento
de
la
cultura
y
los
derechos
de
propiedad
intelectual
y
que
llevará
a la
comunidad
creativa
y a
la
industria
cultural
a su
destrucción”.
Esa
es
la
principal
petición
contenida
en
la
declaración
contra
el
proyecto
de
ley
de
propiedad
intelectual
leída
por
el
presidente
de
SGAE,
José
Luis
Acosta,
al
más
de
medio
millar
de
asistentes
que
ha
abarrotado
este
lunes
el
Teatro
Fernando
de
Rojas
del
Círculo
de
Bellas
Artes
de
Madrid.
Si
las
palabras
de
Luis
Cobos,
presidente
de
AIE
sirvieron
para
situar
dónde
estamos:
"Pedimos
a
Europa
que
nos
rescate.
España
en
política
cultural
va
en
sentido
contrario",
con
posterioridad
fue
José
Luis
Acosta,
presidente
de
SGAE
quien
leyó
esta
declaración
que,
por
su
interés
reproducimos
en
su
totalidad.
Declaración
de
la
comunidad
creativa
“Los
artistas,
autores,
editores
y
productores
españoles
somos
trabajadores
de
la
cultura
y el
entretenimiento
y
formamos
parte
de
una
industria
que
en
su
conjunto
emplea
a
cerca
de
500.000
profesionales
y
contribuye
al
PIB
en
un
3,5
%.
Somos
un
sector
internacionalmente
competitivo,
estratégico
para
el
desarrollo
cultural
y
económico
de
España,
su
cohesión
social
y su
proyección
internacional.
La
propiedad
intelectual
es
la
clave
de
bóveda
que
protege
a la
comunidad
creativa
y
garantiza
una
relación
justa
y
eficiente
con
los
millones
de
usuarios
que
utilizan
las
obras,
interpretaciones
y
producciones,
para
desarrollar
una
oferta
cultural
que
está
en
el
ADN
de
nuestro
país.
La
calidad,
variedad
y
atractivo
de
la
cultura
española
nos
sitúa
en
un
lugar
preferente
y
muy
bien
valorado
en
el
mundo
y ha
hecho
de
España
una
potencia
cultural.
Despreciando
todo
ello,
la
Ley
Lassalle,
de
aprobarse
en
su
redacción
actual,
cercenará
gran
parte
de
nuestro
potencial,
forzará
una
injusta
reducción
de
la
renta
de
artistas,
autores,
editores
y
productores,
seguirá
destruyendo
empleo
en
un
sector
que
perdió
25.000
puestos
de
trabajo
solo
en
2013,
y
castigará
nuestra
expansión
cultural
en
el
exterior
al
romper
los
acuerdos
de
reciprocidad
con
los
creadores
de
todo
el
mundo,
cuyos
derechos
estarán
peor
protegidos
en
España.
Este
Gobierno
ha
impuesto
una
regulación
de
la
copia
privada
arbitraria
e
injusta,
http://goo.gl/MaqBvt,
contraria
al
modelo
promovido
por
la
Unión
Europea,
que
ahora
pagan
todos
los
ciudadanos
españoles
con
sus
impuestos,
vía
Presupuestos
Generales
del
Estado,
y
solo
favorece
a
los
fabricantes
de
teléfonos,
tabletas
y
reproductores
multimedia.
La
ridícula
cantidad
asignada
por
el
gobierno,
además
de
despojar
de
sus
ingresos
a
los
titulares
de
los
derechos,
ha
impedido
que
las
entidades
de
gestión
mantengan
sus
programas
de
educación,
formación,
circuitos
de
actuación,
asistencia
social,
sociosanitaria
y de
promoción
de
nuestra
cultura
en
España
y en
el
extranjero
Es
una
regulación
perjudicial
no
solo
para
los
creadores
sino
para
todos
los
ciudadanos,
que
pagan
el
grave
error
que
el
Gobierno
cometió
cuando
cambió
el
método
para
regular
la
copia
privada
sin
ajustarse
a lo
establecido
por
la
Justicia
europea.
Por
otra
parte,
el
proyecto
de
ley
no
aporta
una
solución
eficaz
al
grave
problema
de
la
piratería,
justo
cuando
la
nueva
Comisión
Europea
apuesta
fuerte
por
los
contenidos
como
elemento
clave
para
el
desarrollo
de
la
economía
digital.
La
competitividad
española
dependerá
de
fomentarlos
y
desarrollarlos
mediante
una
oferta
legal
que
no
se
vea
lastrada
por
la
vulneración
de
derechos
en
la
red.
El
proyecto
de
ley
limita
injusta
e
injustificadamente
la
capacidad
de
los
titulares
de
derechos
de
propiedad
intelectual
para
negociar
el
valor
de
su
trabajo,
imponiendo
reducciones
abusivas
en
las
tarifas,
lo
que
empobrecerá
durante
años
a
los
que
tienen
que
percibir
ingresos
por
sus
derechos,
que
están
garantizados
en
el
resto
del
mundo
pero
en
España
no.
Hasta
hoy,
la
tramitación
de
la
reforma
ha
eludido
el
consenso
político
prometido
por
el
Gobierno,
y ha
rechazado
una
negociación
constructiva
con
los
legítimos
representantes
de
los
artistas,
autores,
editores
y
productores
españoles
y
del
resto
del
mundo
por
reciprocidad.
La
Secretaría
de
Estado
se
ha
sometido
a
las
peticiones
de
grupos
de
presión,
cuyo
mayor
interés
es
pagar
menos
o
nada
por
las
obras,
interpretaciones
y
producciones
que
tan
lucrativamente
explotan,
despreciando
el
respeto
al
derecho
y al
trabajo,
y el
interés
y
valor
esencial
de
la
cultura
en
España.” |
