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Escaso
bagaje
político:
Ley
de
Tasas
y la
reforma
del
CGPJ,
como
hitos
palpables
y
numerosos
anteproyectos
realizados
de
forma
unilateral
donde
generó
las
críticas
de
todos
los
operadores
del
sector.
 Dos
horas
después
de
conocer
la
dimisión
del
Ministro
de
Justicia
Alberto
Ruiz-Gallardón
el
mundo
jurídico
era
una
olla
en
constante
ebullición.
De
forma
progresiva
fuimos
recibiendo
en
nuestra
redacción
los
testimonios
de
los
principales
operadores
jurídicos,
la
mayoría
de
ellos
alegrándose
de
este
hecho.
La
herencia
del
ya
dimitido
Ministro
es
reducida
en
tres
años
de
mandato;
dos
leyes
aprobadas,
la
del
nuevo
CGPJ
y
la
polémica
ley
de
Tasas,
de
la
que
ayer
el
Congreso,
sin
éxito,
pidió
su
derogación
tras
una
proposición
no
de
ley
del
PSOE
y
muchos
anteproyectos
que
en
esta
etapa
preelectoral
dormirán
el
sueño
de
los
justos.
El
Gobierno
ha
comunicado
al
Congreso
el
aplazamiento
de
las
preguntas
y la
interpelación
que
Alberto
Ruiz-Gallardón
iba
a
responder
hoy
miércoles
en
el
Pleno
del
Congreso
en
la
sesión
de
control
al
Ejecutivo,
según
ha
revelado
el
portavoz
del
Grupo
Popular,
Alfonso
Alonso,
una
vez
que
se
ha
conocido
la
dimisión
del
ministro
de
Justicia.
El secretario
general
del
PSOE,
Pedro
Sánchez,
manifestó
ayer
que
la
retirada
del
anteproyecto
de
Ley
del
Aborto
demuestra
la
«pésima»
actuación
de
Alberto
Ruiz-Gallardón
al
frente
del
Ministerio
de
Justicia.
Sánchez
realizó
estas
declaraciones
en
la
estación
de
Atocha
de
Madrid,
donde
un
centenar
de
dirigentes
socialistas,
entre
ellos
Tomás
Gómez,
Óscar
López
y
Trinidad
Jiménez,
celebraron
con
un
aplauso
la
dimisión
de
Gallardón,
ya
que
fue
en
esta
estación
donde
finalizó
su
recorrido
el
denominado
Tren
de
la
Libertad,
que
protestó
durante
semanas
contra
la
reforma
de
la
Ley
del
Aborto.
Sánchez
recordó
que
Gallardón
ha
sido
un
pésimo
Ministro.
Por su
parte,
desde
la
Abogacía
Catalana
celebraba
la
dimisión
de
Alberto
Ruiz-Gallardón,
al
que
califica
de
‘el
peor
ministro
de
Justicia
de
la
historia
de
la
democracia’.
El
Consell
de
l’Advocacia
Catalana,
que
representa
a
los
14
Colegios
de
Abogados
catalanes,
celebra
la
dimisión
del
hasta
ayer
ministro
de
Justicia,
Alberto
Ruiz-Gallardón.
La
Abogacía
institucional
catalana
ya
había
pedido
la
dimisión
de
Gallardón
ante
las
reformas
legislativas
llevadas
a
cabo
por
su
ministerio.
“De
ocasión
perdida
para
la
justicia”
es
el
comentario
de
Carlos
Carnicer,
presidente
del
CGAE
que
hemos
recibido
tras
conocer
la
dimisión
del
ministro.
Para
argumentar
este
tema,
el
presidente
de
los
abogados
españoles
señalaba
que
“llegó
al
Gobierno
como
el
ministro
más
apreciado
y se
va
como
el
segundo
peor
valorado.
Pudo
haber
sido
un
gran
ministro
de
Justicia
–así
le
recibimos-
y
defraudó
las
expectativas
de
todos
los
operadores
jurídicos
y de
los
ciudadanos.
Puso
en
marcha
numerosas
reformas
sin
diálogo
y
sin
medios
para
llevarlas
a
cabo.
Sólo
tuvo
una
virtud:
poner
de
acuerdo
a
todos
los
operadores
jurídicos,
algo
insólito
en
el
sector.
La
injusta
ley
de
Tasas
–que
ahora
estudia
el
Tribunal
Constitucional
y
que
esperamos
que
sea
urgentemente
derogada-,
la
reforma
de
la
Justicia
Universal,
la
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
la
supresión
de
los
1.300
jueces
y
fiscales
sustitutos,
la
nueva
Ley
de
Justicia
Gratuita
o
los
recortes
en
la
Ley
de
Acceso
concitaron
las
críticas
unánimes
de
todos.”
Desde
la
judicatura,
muy
contestado
por
las
asociaciones
judiciales
al
querer
tramitar
la
reforma
de
la
LOPJ
sin
contar
con
el
consenso
de
la
magistratura,
Joaquín
Bosch,
portavoz
nacional
de
Jueces
para
la
Democracia
recordaba
que
“la
dimisión
del
ministro
de
Justicia,
Alberto
Ruiz-Gallardón
cierra
una
etapa
especialmente
negativa
para
nuestros
juzgados
y
tribunales,
así
como
para
los
derechos
fundamentales
en
nuestro
país.”
A su
juicio
la
medida
de
relevo
es
positiva
y se
reclama
el
inicio
de
un
nuevo
periodo
en
el
que
se
rectifiquen
las
numerosas
medidas
erróneas
adoptadas
y se
opte
por
buscar
soluciones
reales
a
los
graves
problemas
de
nuestra
administración
de
justicia.
Dimisión
esperada
y
deseada
En parecidos
términos
se
expresaba
Marcelino
Sexmero,
portavoz
de
la
Asociación
de
Jueces
Francisco
de
Vitoria,
quien
comentó
que
es
una
renuncia
"deseada
y
esperada"
y
calificó
los
proyectos
de
ley
aprobados
por
su
ministerio
como
"nefastos"
y
contrarios
a la
independencia
del
poder
judicial.
"Al
final
ha
sido
la
Ley
del
Aborto
lo
que
le
ha
causado
el
quebranto
pero,
su
falta
de
diálogo
e
insensibilidad
ante
los
problemas
de
la
Justicia
y
sus
colectivos
apuntaban
a
que
ya
le
había
llegado
la
hora
de
marcharse",
ha
asegurado.
En opinión
de
la
Asociación
Profesional
de
la
Magistratura
(APM)
se
ha
destacado
las
"fuertes
desavenencias"
que
ha
mantenido
durante
los
últimos
tres
años
con
el
ministro
de
Justicia,
Alberto
Ruiz-Gallardón,
aunque
ha
valorado
su
trabajo
por
impulsar
"reformas
estructurales
que
eran
necesarias".
En declaraciones
a
Europa
Press,
el
portavoz
de
la
APM,
Pablo Llarena,
señaló
que
la
dimisión
de
Ruiz-Gallardón
constituye
"un
posicionamiento
infrecuente
dentro
de
la
vida
política"
pero
no
es
"una
sorpresa"
porque
el
propio
ministro
la
"había
adelantado
de
no
contar
con
el
apoyo
político
para
impulsar
el
proyecto
político
que
estaba
dinamizando",
en
referencia
a la
reforma
de
la
Ley
del
Aborto.
Sobre
los
proyectos
que
ha
llevado
a
cabo
durante
su
mandato,
Llarena
criticó
que
Gallardón
"abandonara"
la
propuesta
electoral
del
Partido
Popular
(PP)
para
la
elección
de
vocales
de
procedencia
judicial
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
(CGPJ)
o
que
ahora
los
miembros
de
este
órgano
"tengan
que
simultanear
sus
responsabilidades
de
gobierno
con
otras
actividades
profesionales".
Desde
la
carrera
fiscal,
UPF,
la
asociación
progresista
que
forma
parte
del
Consejo
Fiscal
también
se
congratulaba
de
la
salida
del
hasta
ayer
Ministro
de
Justicia.
En
un
un
comunicado
recibido
ayer
se
mencionada
que
“
Sus
reformas
siempre
se
han
encaminado
a
limitar
las
libertades,
no
solo
en
el
anteproyecto
de
la
Ley
del
Aborto
que
es
la
guinda
que
genera
su
dimisión
sino
en
otras
normas
como
la
Ley
de
Tasas,
la
reforma
de
la
seguridad
ciudadana,
ejemplos
palpables
por
controlar
o
limitar
los
derechos
de
los
ciudadanos,
al
igual
que
la
privatización
del
Registro
Civil
que
lo
aleja
del
ciudadanos
convirtiéndolo
en
una
fuente
de
ingresos,”
apuntaba
la
nota.
Por su
parte,
la
Central
Sindical
Independiente
y de
Funcionarios
–sindicato
mayoritario
en
el
sector
de
Justicia—
valoró
de
manera
positiva
la
dimisión
de
Alberto Ruíz
Gallardón
al
frente
de
su
departamento
y
reclamó
al
Gobierno
el
nombramiento
de
un
nuevo
Ministro
que
inicie
una
nueva
etapa
que
ponga
freno
a la
privatización
del
sector
y
tenga
mayor
compromiso
en
la
defensa
de
sus
trabajadores.
Sobre
las
reformas
de
la
justicia
se
abre
un
interrogante
importante
como
hemos
comentado
en
nuestra
publicación
hace
algunos
días.
En
un
año
electoral,
con
los
comicios
autonómicos
y
municipales
el
próximo
mes
de
mayo
, da
la
sensación
que
van
a
primar
más
los
criterios
políticos
que
los
jurídicos
en
las
siguientes
semanas.
Este
planteamiento
ya
lo
anticipamos
hace
semanas
cuando
hablábamos
del
nuevo
curso
jurídico
http://goo.gl/xKas0v
. Un
curso
en
el
que
Alberto
Ruiz-Gallardón
ha
dejado
de
ser
protagonista
principal. | 
