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 Se enteró
de
la
noticia
de
la
dimisión
del
Ministro
Gallardón
cuando
conducía
a
media
tarde
de
este
martes.
“La
radio
me
alertó
de
la
información,
pude
oír
la
rueda
de
prensa
en
directa
que
por
lo
que
vi
fue
muy
emotiva.
Pese
a la
rumorología,
la
dimisión
de
un
Ministro
no
suele
ser
habitual.
En
España
es
complicado
que
pasen
cosas
así.
Quizás
el
antecedente
de
Manuel
Pimentel
en
la
cartera
de
Trabajo
con
Aznar”,
comenta
Agustín
Azparren,
fiscal,
magistrado
en
excedencia,
miembro
del
CGPJ
desde
2001
a
2008
y
desde
hace
unos
días
Presidente
de
la
Plataforma
Cívica
por
la
Independencia
Judicial,
un
grupo
de
profesionales
que
lucha
por
la
despolitización
de
la
justicia.
Desde
su
punto
de
vista
una
dimisión
de
este
calibre
donde
priman
más
las
campañas
electorales
que
la
justicia
señalan
la
politización
de
nuestra
justicia.
“De
hecho
el
motivo
final
no
tiene
que
ver
con
las
reformas
que
puso
en
marcha
el
Ministro
Gallardón
sino
con
la
reforma
de
la
ley
del
aborto
que
ha
dividido
a
los
españoles”,
subraya Azparren.
También
recuerda
el
comentario
de
ese
martes
por
la
mañana
del
Presidente
Rajoy
quien
de
forma
contundente
señalaba
que
no
iba
a
aprobar
una
reforma
para
que
el
Gobierno
próximo
la
cambiara
de
inmediato.
Con
este
jurista,
además
en
su
día
presidente
de
GEMME
España,
colectivo
de
jueces
para
la
mediación,
hemos
charlado
sobre
la
realidad
jurídica
del
momento.
En primera
persona
“Nadie discute
que
este
es
un
proyecto
ilusionante.
En
la
nueva
Junta
Directiva
que
tomó
posesión
hace
unos
días
voy
a
contar
con
juristas
como
Elisa
de
la
Nuez,
Editora
de
¿Hay
Derecho?
como
vicepresidenta,
y en
la
secretaría
general
con
Jesús
Villegas,
magistrado,
mientras
de
la
portavocía
se
hizo
cargo
Manuel
Ruiz
de
Lara,
también
magistrado.
Creo que en
este
nuevo
proyecto
han
valorado
mucho
mi
doble
condición
de
magistrado
en
excedencia
y
abogado
en
la
actualidad.
Es
importante
el
concepto
cívico
en
nuestra
Plataforma,
sin
lugar
a
dudas.
Creo
que
la
independencia
es
un
don
importante
en
el
movimiento
asociativo
de
jueces
así
se
entiende
también.
En esta Plataforma
se
han
reunido
profesionales
muy
diferentes
de
todos
los
operadores
jurídicos.
Todos
quieren
trabajar
en
pro
de
la
independencia
judicial,
lo
cual
no
deja
de
ser
loable
en
estos
momentos.
Hay
que
luchar
por
ella
si
se
pierde,
los
ciudadanos
serían
los
principales
perjudicados.
Nuestra entidad
seguirá
trabajando
tanto
en
contacto
con
organismos
internacionales,
de
hecho
se
presentó
a
primeros
de
año
una
denuncia
ante
la
ONU
por
la
politización
de
nuestra
justicia.
A
nivel
interno
seguiremos
en
contacto
con
la
carrera
judicial
para
que
puedan
seguir
teniendo
libertad
de
expresión
Gracias
a
los
medios
informativos
denunciaremos
situaciones
que
nos
parezcan
injustas
porque
la
corrupción
es
un
gran
problema
en
nuestra
sociedad.”
 Sr. Azparren,
tras
la
salida
del
Ministro
Gallardón
del
Gobierno,
¿qué
futuro
espera
a
las
reformas
impulsadas
por
él?
En principio
no
tendrían
por
qué
pararse
las
reformas.
No
hablamos
de
un
cambio
de
partido
en
el
Gobierno
sino
de
profesional
en
la
cartera
de
Justicia.
El
problema
es
que
muchas
veces
las
reformas
tienen
tinte
electoralista.
Creo
que
el
nuevo
Ministro
seguirá
una
línea
parecida
a la
de
Gallardón,
las
reformas
ya
iniciadas
conforme
al
programa
electoral
no
deberían
detenerse
como
muchos
piensan.
Es posible
que
un
cambio
de
personas
en
el
Ministerio
ralentice
los
procesos
pero,
como
le
estoy
diciendo,
al
ser
el
mismo
Gobierno
no
debería
ralentizarse
nada.
Gallardón
aprobó
la
Ley
de
Tasas
y la
reforma
del
CGPJ
como
normas
reales.
Luego
hay
muchos
anteproyectos
y
proyectos
con
más
ruido
que
otras
cosas.
Es un escaso
bagaje
para
estos
tres
años.
De
hecho
los
proyectos
de
ley
tienen
que
pasar
por
el
Parlamento
para
su
aprobación.
Normalmente
cuando
empieza
una
legislatura
se
aprueban
muchos
proyectos
de
ley.
Es
complicado
que
en
una
legislatura
se
aprueben
proyectos
de
envergadura
como
la
LOPJ;
por
ejemplo,
o el
Código
Procesal
Penal
no
se
logra
en
una
única
legislatura.
Sobre las
reformas
procesales,
necesarias
para
que
la
Justicia
sea
más
ágil,
da
la
sensación
que
la
novedad
más
importante
está
en
el
problema
en
cómo
dar
al
fiscal
la
instrucción.
Es cierto, es
un
cambio
estructural
importante
y
hay
que
modificar
el
Estatuto
Orgánico
del
Ministerio
Fiscal
para
que
los
fiscales
puedan
tener
estas
nuevas
competencias.
Además
los
jueces
de
instrucción
se
convierten
en
jueces
de
garantía
y
habría
que
ver
qué
número
de
fiscales
se
necesitan
para
abordar
este
cambio.
Este cambio
de
competencia
lo
vengo
oyendo
desde
que
fui
fiscal
en
1976
durante
tres
años
y no
se
ha
logrado
ponerlo
en
marcha
hasta
ahora.
En
aquel
momento
me
incorporaba
a la
administración
de
justicia
por
vez
primera.
La verdad es
que
en
este
tiempo
he
conocido
muchos
anteproyectos
e
iniciativas
y al
final
te
hace
ser
escéptico
de
si
va a
salir
la
norma.
Hay
reformas
que
necesitan
de
presupuesto
y
otras
que
son
simples
cambios
en
los
códigos,
pero
por
desgracia,
pocas
se
acometen.
Su Plataforma
Cívica
en
su
momento
puso
en
marcha
unas
elecciones
online
al
CGPJ
que
tuvieron
mucho
éxito,
¿Cómo
ve
el
funcionamiento
de
este
organismo?
Seguimos pensando
que
le
falta
la
independencia
para
gestionar
la
carrera
judicial.
Así
lo
comenté
recientemente
en
mi
toma
de
posesión
como
presidente
de
la
Plataforma.
Todas las
reformas
que
se
han
hecho
de
este
organismo
han
ido
en
contra
de
la
independencia
judicial.
Un
catedrático
del
prestigio
de
Alejandro
Nieto
nos
comentaba
en
un
coloquio
que
nunca
ha
habido
independencia
judicial
en
la
historia
de
nuestro
poder
judicial.
Estoy de acuerdo
con
ese
planteamiento,
salvo
en
la
época
de
la
transición.
Forme
parte
de
ese
CGPJ,
de
hecho
fui
juez
de
la
primera
promoción
constitucional.
En
los
primeros
años
sí
había
esa
independencia
que
se
percibía.
Este
organismo
llegó
a
plantear
un
conflicto
de
competencias
con
el
Ejecutivo.
Sin embargo a
partir
de
que
los
propios
jueces
empiezan
a
investigar
ciertos
asuntos
en
los
que
están
implicados
miembros
del
Gobierno,
los
políticos
se
dan
cuenta
que
no
les
interesa
un
poder
judicial
independiente.
Y
así
se
reforma
varias
veces,
de
tal
forma
que
ahora
es
el
Parlamento
quien
elige
a
los
vocales.
 ¿Y este
modelo
tan
reducido
de
CGPJ
le
parece
el
adecuado
para
trabajar
por
y
para
la
carrera
judicial?
Cada Consejo
Judicial
obedece
a
decisiones
diferentes.
En
esta
etapa
en
el
CGPJ
de
siete
años
estuve
viendo
otros
modelos
europeos
al
ser
responsable
de
Relaciones
Internacionales
de
la
entidad.
Los
modelos
italiano,
español
y
portugués
son
parecidos
mientras
que
el
Consejo
belga
se
creó
por
otros
motivos.
El modelo
español
es
uno
de
los
más
garantistas
a
nivel
constitucional.
Pese
a
ello,
el
problema
es
cómo
se
aplica
en
la
práctica.
Si
se
eligen
a
personas
por
su
perfil
profesional,
desvinculados
de
cualquier
partido,
el
sistema
es
bueno
sea
parlamentario
o
corporativo.
El sistema
por
el
que
me
incorporé
era
una
mezcla
de
ambos
sistemas:
los
jueces
elegíamos
a 36
de
5.000
jueces
y de
esos
36
el
poder
legislativo
elegía
a
doce.
Al
final
es
la
práctica
la
que
pervierte
el
sistema.
La otra
reforma
hecha
ley
es
la
Ley
de
Tasas,
menuda
polémica
ha
generado
en
sus
dos
años
de
vida.
Ahora en esta
etapa
de
abogado
en
la
que
estoy
inmerso,
me
doy
cuenta
que
a
los
ciudadanos
les
cuesta
mucho
plantear
una
demanda.
Te
preguntan
si
van
a
ganar
el
pleito
porque
realmente
en
ese
escenario
pueden
recuperar
el
dinero
invertido,
las
tasas
incluidas.
Las tasas en
este
momento
de
crisis
que
estamos
todos
muy
ajustados,
es
un
elemento
disuasorio
para
acceder
a la
Justicia.
Muchos
honorarios
de
abogado
van
a
éxito
y
adelantar
unas
tasas
no
lo
puede
hacer
todo
el
mundo.
La bajada se
ha
notado
sobre
todo
en
recursos
de
apelación
donde
las
tasas
son
más
elevadas.
E
incluso
aunque
se
gane
el
recurso
de
apelación,
no
se
recupera.
Es
un
dinero
que
destinas
a
fondo
perdido,
por
desgracia.
Sería más
lógico
que
quien
abusa
de
la
administración
de
Justicia
pagara
el
uso
indebido
de
manera
clara.
Se
trataría
de
crear
un
concepto
nuevo
para
pagar
esos
usos
fuera
de
lo
normal.
Sería
una
forma
disuasoria
sin
un
obstáculo
inicial
para
acceder
a la
Justicia.
Entiendo
entonces
que
el
Constitucional
debería
revisar
los
recursos
que
tiene
sobre
la
mesa
y
dar
una
salida
a
las
citadas
tasas.
Es posible
que
en
muchos
casos
las
tasas
sean
declaradas
anticonstitucionales.
Si
el
Ministro
Fernandez
Bermejo
consiguió
unir
a
los
jueces
e
impulsar
la
primera
huelga
judicial,
ahora
Gallardón,
a
través
de
las
tasas,
ha
unido
en
su
contra
a
todos
los
colectivos
profesionales
de
la
Justicia.
Usted también
es
mediador
desde
hace
años
y
fue
en
su
día
presidente
de
Gemme
España,
colectivo
de
jueces
para
la
mediación.
¿Cómo
ve
el
desarrollo
de
este
fenómeno?
Soy un convencido
de
la
utilidad
de
la
mediación.
Su
finalidad
no
es
descargar
a
los
juzgados,
ese
es
un
efecto
colateral
que
surge
en
este
sistema
extrajudicial
donde
ambas
partes
buscan
la
solución
al
conflicto.
Puede
incluso
recuperar
las
relaciones
de
las
partes
si
estaban
deterioradas.
Ejemplos como
en
Inglaterra
y
Gales
te
dejan
claro
su
utilidad
como
método
extrajudicial.
La
Ley
de
Mediación
es
de
1999,
a
los
diez
años
se
hizo
un
estudio
y se
observó
que
los
litigios
habían
disminuido
en
un
60
por
ciento.
Es
posible
que
en
España
se
llegara
a
otro
ratio
pero
es
importante
tenerlo
en
cuenta
por
la
litigiosidad
que
tenemos.
Da la sensación
que
se
ha
creado
una
burbuja
y
que
mediador
es
cualquiera…
La mediación
sigue
sin
conocerse
y
pese
a
que
la
ley
dice
que
las
instituciones
públicas
harán
campañas
de
difusión
no
han
hecho
nada
todavía
importante.
Recuerdo
mi
primera
mediación,
en
dos
horas
resolví
el
asunto
que
en
los
tribunales
serían
meses.
En EEUU hablamos
del
sistema
multidoor,
los
propios
tribunales
te
explican
que
otros
métodos
de
resolución
de
conflictos
hay.
La
media
de
resolución
civil
y
mercantil
en
este
país
es
de
tres
horas.
Hablamos de
un
proceso
inmediato,
más
económico
y
que
también
ahorra
disgustos
a
las
partes
sobre
la
marcha.
Es
posible
que
la
asignatura
pendiente
de
la
mediación
sea
la
empresa
y
que
los
empresarios
la
utilicen
de
forma
normal.
Ahora
el
dato
de
mediación
intrajudicial
en
España
es
escaso,
hablamos
de
90
mediaciones
civiles
y
mercantiles
el
pasado
año.
Lo
que
falta
es
más
difusión
para
que
se
incrementen
estas
cifras.
Volviendo
a
las
reformas,
llama
la
atención
que
se
quiera
hacer
la
modificación
de
la
LOPJ
sin
acompañarla
de
una
reforma
de
la
Planta
y
Demarcación
Judicial
Es cierto,
ambas
normas
tienen
mucha
vinculación.
Si
se
quiere
crear
los
Juzgados
de
Instrucción
y
otros
cambios,
es
fundamental
contar
con
la
nueva
planta
judicial.
Que
estos
tribunales
se
quieran
incorporar
a
las
capitales
de
provincia
tiene
un
obstáculo
importante.
Se necesita
mucho
tiempo
para
gestionarla
y
encontrar
consenso.
No
será
fácil
decirles
a
los
alcaldes
que
se
van
a
quitar
sus
partidos
judiciales.
En
los
últimos
diez
años
solo
se
ha
permitido
una
supresión
de
un
partido
judicial
y se
montó
una
gran
polémica.
Ahora
con
las
elecciones
municipales
encima
no
es
viable
cambiar
de
modelo.
Los expertos
señalan
que
faltan
jueces
y
hace
dos
años
Gallardón
decidió
eliminar
a
los
jueces
y
fiscales
sustitutos
de
la
circulación,
sin
buscar
recambio
de
personal.
Es cierto,
los
juzgados
están
peor
que
nunca.
Los
jueces
sustitutos
cubrían
una
parte
de
ese
desfase
que
había
de
número
de
jueces.
Estando
nosotros
en
el
CGPJ
hicimos
un
estudio
y
vimos
que
del
total
unos
300
trabajaban
con
asiduidad.
Con
su
baja
se
redujo
el
ratio
de
jueces
por
número
de
habitantes
asi
el
más
bajo
de
Europa
es
el
nuestro.
Se tendrían
que
haber
tomado
otras
medidas
complementarias
antes
de
todo,
como
la
supresión
de
las
faltas,
entre
otros
asuntos.
También
podría
haber
sido
el
momento
de
desarrollar
la
mediación
en
nuestro
país.
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