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ENTREVISTAS

 
Agustín Azparren, Presidente de la  Plataforma Cívica por la Independencia Judicial:
“Te conviertes en escéptico cuando te hablan de nuevo de las reformas de la justicia”
MADRID, 25 de SEPTIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 

Agustín Azparren, Presidente de la  Plataforma Cívica por la Independencia JudicialSe enteró de la noticia de la dimisión del Ministro Gallardón cuando conducía a media tarde de este martes. “La radio me alertó de la información, pude oír la rueda de prensa en directa que por lo que vi fue muy emotiva. Pese a la rumorología, la dimisión de un Ministro no suele ser habitual. En España es complicado que pasen cosas así. Quizás el antecedente de Manuel Pimentel en la cartera de Trabajo con Aznar”, comenta Agustín Azparren, fiscal, magistrado en excedencia, miembro del CGPJ desde 2001 a 2008 y desde hace unos días Presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, un grupo de profesionales que lucha por la despolitización de la justicia.  Desde su punto de vista una dimisión de este calibre donde priman más las campañas electorales que la justicia señalan la politización de nuestra justicia. “De hecho el motivo final no tiene que ver con las reformas que puso en marcha el Ministro Gallardón sino con la reforma de la ley del aborto que ha dividido a los españoles”, subraya Azparren. También recuerda el comentario de ese martes por la mañana del Presidente Rajoy quien de forma contundente señalaba que no iba a aprobar una reforma para que el Gobierno próximo la cambiara de inmediato. Con este jurista, además en su día presidente de GEMME España, colectivo de jueces para la mediación, hemos charlado sobre la realidad jurídica del momento.

En primera persona

“Nadie discute que este es un proyecto ilusionante. En la nueva Junta Directiva que tomó posesión hace unos días voy a contar con juristas como Elisa de la Nuez, Editora de ¿Hay Derecho? como vicepresidenta, y en la secretaría general con Jesús Villegas, magistrado, mientras de la portavocía se hizo cargo Manuel Ruiz de Lara, también magistrado.

Creo que en este nuevo proyecto han valorado mucho mi doble condición de magistrado en excedencia y abogado en la actualidad.  Es importante el concepto cívico en nuestra Plataforma, sin lugar a dudas. Creo que la independencia es un don importante en el movimiento asociativo de jueces así se entiende también.

En esta Plataforma se han reunido profesionales muy diferentes de todos los operadores jurídicos. Todos quieren trabajar en pro de la independencia judicial, lo cual no deja de ser loable en estos momentos. Hay que luchar por ella si se pierde, los ciudadanos serían los principales perjudicados.

Nuestra entidad seguirá trabajando tanto en contacto con organismos internacionales, de hecho se presentó a primeros de año una denuncia ante la ONU por la politización de nuestra justicia. A nivel interno seguiremos en contacto con la carrera judicial para que puedan seguir teniendo libertad de expresión  Gracias a los medios informativos denunciaremos situaciones que nos parezcan injustas porque la corrupción es un gran problema en nuestra sociedad.”

 

Sr. Azparren, tras la salida del Ministro Gallardón del Gobierno, ¿qué futuro espera a las reformas impulsadas por él?

En principio no tendrían por qué pararse las reformas. No hablamos de un cambio de partido en el Gobierno sino de profesional en la cartera de Justicia. El problema es que muchas veces las reformas tienen tinte electoralista. Creo que el nuevo Ministro seguirá una línea parecida a la de Gallardón, las reformas ya iniciadas conforme al programa electoral no deberían detenerse como muchos piensan.

Es posible que un cambio de personas en el Ministerio ralentice los procesos pero, como le estoy diciendo, al ser el mismo Gobierno no debería ralentizarse nada.

 

Gallardón aprobó la Ley de Tasas y la reforma del CGPJ como normas reales. Luego hay muchos anteproyectos y proyectos con más ruido que otras cosas.

Es un escaso bagaje para estos tres años. De hecho los proyectos de ley tienen que pasar por el Parlamento para su aprobación. Normalmente cuando empieza una legislatura se aprueban muchos proyectos de ley. Es complicado que en una legislatura se aprueben proyectos de envergadura como la LOPJ; por ejemplo, o el Código Procesal Penal no se logra en una única legislatura.

 

Sobre las reformas procesales, necesarias para que la Justicia sea más ágil, da la sensación que la novedad más importante está en el problema en cómo dar al fiscal la instrucción.

Es cierto, es un cambio estructural importante y hay que modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que los fiscales puedan tener estas nuevas competencias. Además los jueces de instrucción se convierten en jueces de garantía y habría que ver qué número de fiscales se necesitan para abordar este cambio.

Este cambio de competencia lo vengo oyendo desde que fui fiscal en 1976 durante tres años y no se ha logrado ponerlo en marcha hasta ahora. En aquel momento me incorporaba a la administración de justicia por vez primera.

La verdad es que en este tiempo he conocido muchos anteproyectos e iniciativas y al final te hace ser escéptico de si va a salir la norma. Hay reformas que necesitan de presupuesto y otras que son simples cambios en los códigos, pero por desgracia, pocas se acometen.

 

Su Plataforma Cívica en su momento puso en marcha unas elecciones online al CGPJ que tuvieron mucho éxito, ¿Cómo ve el funcionamiento de este organismo?

Seguimos pensando que le falta la independencia para gestionar la carrera judicial. Así lo comenté recientemente en mi toma de posesión como presidente de la Plataforma.

Todas las reformas que se han hecho de este organismo han ido en contra de la independencia judicial. Un catedrático del prestigio de Alejandro Nieto nos comentaba en un coloquio que nunca ha habido independencia judicial en la historia de nuestro poder judicial.

Estoy de acuerdo con ese planteamiento, salvo en la época de la transición. Forme parte de ese CGPJ, de hecho fui juez de la primera promoción constitucional. En los primeros años sí había esa independencia que se percibía. Este organismo llegó a plantear un conflicto de competencias con el Ejecutivo.

Sin embargo a partir de que los propios jueces empiezan a investigar ciertos asuntos en los que están implicados miembros del Gobierno, los políticos se dan cuenta que no les interesa un poder judicial independiente. Y así se reforma varias veces, de tal forma que ahora es el Parlamento quien elige a los vocales.

 

¿Y este modelo tan reducido de CGPJ le parece el adecuado para trabajar por y para la carrera judicial?

Cada Consejo Judicial obedece a decisiones diferentes. En esta etapa en el CGPJ de siete años estuve viendo otros modelos europeos al ser responsable de Relaciones Internacionales de la entidad. Los modelos italiano, español y portugués son parecidos mientras que el Consejo belga se creó por otros motivos.

El modelo español es uno de los más garantistas a nivel constitucional. Pese a ello, el problema es cómo se aplica en la práctica. Si se eligen a personas por su perfil profesional, desvinculados de cualquier partido, el sistema es bueno sea parlamentario o corporativo.

El sistema por el que me incorporé era una mezcla de ambos sistemas: los jueces elegíamos a 36 de 5.000 jueces y de esos 36 el poder legislativo elegía a doce. Al final es la práctica la que pervierte el sistema.

 

La otra reforma hecha ley es la Ley de Tasas, menuda polémica ha generado en sus dos años de vida.

Ahora en esta etapa de abogado en la que estoy inmerso, me doy cuenta que a los ciudadanos les cuesta mucho plantear una demanda. Te preguntan si van a ganar el pleito porque realmente en ese escenario pueden recuperar el dinero invertido, las tasas incluidas.

Las tasas en este momento de crisis que estamos todos muy ajustados, es un elemento disuasorio para acceder a la Justicia. Muchos honorarios de abogado van a éxito y adelantar unas tasas no lo puede hacer todo el mundo.

La bajada se ha notado sobre todo en recursos de apelación donde las tasas son más elevadas. E incluso aunque se gane el recurso de apelación, no se recupera. Es un dinero que destinas a fondo perdido, por desgracia.

Sería más lógico que quien abusa de la administración de Justicia pagara el uso indebido de manera clara. Se trataría de crear un concepto nuevo para pagar esos usos fuera de lo normal. Sería una forma disuasoria sin un obstáculo inicial para acceder a la Justicia.

 

Entiendo entonces que el Constitucional debería revisar los recursos que tiene sobre la mesa y dar una salida a las citadas tasas.

Es posible que en muchos casos las tasas sean declaradas anticonstitucionales. Si el Ministro Fernandez Bermejo consiguió unir a los jueces e impulsar la primera huelga judicial, ahora Gallardón, a través de las tasas, ha unido en su contra a todos los colectivos profesionales de la Justicia.

 

Usted también es mediador desde hace años y fue en su día presidente de Gemme España, colectivo de jueces para la mediación. ¿Cómo ve el desarrollo de este fenómeno?

Soy un convencido de la utilidad de la mediación. Su finalidad no es descargar a los juzgados, ese es un efecto colateral que surge en este sistema extrajudicial donde ambas partes buscan la solución al conflicto. Puede incluso recuperar las relaciones de las partes si estaban deterioradas.

Ejemplos como en Inglaterra y Gales te dejan claro su utilidad como método extrajudicial. La Ley de Mediación es de 1999, a los diez años se hizo un estudio y se observó que los litigios habían disminuido en un 60 por ciento. Es posible que en España se llegara a otro ratio pero es importante tenerlo en cuenta por la litigiosidad que tenemos.

 

Da la sensación que se ha creado una burbuja y que mediador es cualquiera…

La mediación sigue sin conocerse y pese a que la ley dice que las instituciones públicas harán campañas de difusión no han hecho nada todavía importante. Recuerdo mi primera mediación, en dos horas resolví el asunto que en los tribunales serían meses.

En EEUU hablamos del sistema multidoor, los propios tribunales te explican que otros métodos de resolución de conflictos hay. La media de resolución civil y mercantil en este país es de tres horas.

Hablamos de un proceso inmediato, más económico y que también ahorra disgustos a las partes sobre la marcha. Es posible que la asignatura pendiente de la mediación sea la empresa y que los empresarios la utilicen de forma normal. Ahora el dato de mediación intrajudicial en España es escaso, hablamos de 90 mediaciones civiles y mercantiles el pasado año. Lo que falta es más difusión para que se incrementen estas cifras.

 

Volviendo a las reformas, llama la atención que se quiera hacer la modificación de la LOPJ sin acompañarla de una reforma de la Planta y Demarcación Judicial

Es cierto, ambas normas tienen mucha vinculación. Si se quiere crear los Juzgados de Instrucción y otros cambios, es fundamental contar con la nueva planta judicial. Que estos tribunales se quieran incorporar a las capitales de provincia tiene un obstáculo importante.

Se necesita mucho tiempo para gestionarla y encontrar consenso. No será fácil decirles a los alcaldes que se van a quitar sus partidos judiciales. En los últimos diez años solo se ha permitido una supresión de un partido judicial y se montó una gran polémica. Ahora con las elecciones municipales encima no es viable cambiar de modelo.

 

Los expertos señalan que faltan jueces y hace dos años Gallardón decidió eliminar a los jueces y fiscales sustitutos de la circulación, sin buscar recambio de personal.

Es cierto, los juzgados están peor que nunca. Los jueces sustitutos cubrían una parte de ese desfase que había de número de jueces. Estando nosotros en el CGPJ hicimos un estudio y vimos que del total unos 300 trabajaban con asiduidad. Con su baja se redujo el ratio de jueces por número de habitantes asi el más bajo de Europa es el nuestro.

Se tendrían que haber tomado otras medidas complementarias antes de todo, como la supresión de las faltas, entre otros asuntos. También podría haber sido el momento de desarrollar la mediación en nuestro país.

 

 

 

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