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 El
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
también
se
ha
mostrado
crítico
sobre
el
anteproyecto
de
Ley
Orgánica
de
seguridad
ciudadana,
que
vulnera
la
libertad
de
expresión,
de
manifestación
y de
reunión
de
las
personas
y
establece
como
infracciones
administrativas
actividades
propias
del
contenido
esencial
de
dichas
libertades.
Y
representa
un
claro
retroceso
en
los
derechos,
libertades
reconocidos
y
conseguidos
por
el
consenso
constitucional
de
1978.
El
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
(ICAB)
se
ha
sumado
a la
campaña
para
denunciar
la
ofensiva
penal
contra
el
derecho
de
huelga,
denominada
#VAGAnoésdelicte
(la
vaga
no
es
delito),
impulsado
por
CCOO
y
UGT
a
nivel
Estatal.
El
objetivo
de
esta
campaña
es
defender
el
derecho
de
huelga
y
que
su
ejercicio
no
es
un
delito,
ya
que
en
estos
momentos
entre
personas
que
ya
tienen
condena
e
imputados
suman
más
de
125
años
de
prisión
por
incidentes
producidos
en
el
ejercicio
del
derecho
de
huelga
y
uso
del
artículo
315.3
del
Código
Penal.
Dentro
del
marco
de
esta
campaña,
se
ha
celebrado
esta
tarde
un
debate
en
el
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona,
para
demostrar
el
compromiso
de
esta
corporación
en
la
defensa
de
los
derechos
civiles
y
sociales.
En
este
acto
han
participado
los
secretarios
generales
de
los
sindicatos
C.C.O.O.
y
U.G.T
de
Cataluña,
Joan
Carles
Gallego
y
Josep
Maria
Álvarez,
respectivamente,
así
como
José
María
Mena,
ex
fiscal
jefe
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Cataluña.
El
acto
ha
sido
moderado
por
el
diputado
de
la
Junta
de
Gobierno
del
ICAB,
Vidal
Masramon.
También
han
asistido
Eva
Pous
i
Raventós
y
Mercè
Claramunt,
diputadas
de
la
Junta
de
Gobierno
del
ICAB.
Desde
el
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
se
defiende
el
derecho
a
huelga
y,
por
tanto,
que
la
huelga
no
es
delito.
Los
trabajadores
y
las
trabajadoras
son
personas
que
hacen
uso
de
sus
derechos
democráticos
de
huelga
y
manifestación
con
el
fin
de
intentar
defender
sus
derechos
laborales
y
sociales.
El
ICAB
también
considera
que
tota
manifestación
es
legítima
siempre
y
cuando
se
haga
de
forma
pacífica.
Desde
esta
corporación
ya
se
criticó
con
anterioridad
el
anteproyecto
de
Ley
Orgánica
de
seguridad
ciudadana,
porque
vulnera
la
libertad
de
expresión,
de
manifestación
y de
reunión
de
las
personas
y
establece
como
infracciones
administrativas
actividades
propias
del
contenido
esencial
de
dichas
libertades.
Y
representa
un
claro
retroceso
en
los
derechos,
libertades
reconocidos
y
conseguidos
por
el
consenso
constitucional
de
1978.. | 
