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OPINION

 
Algunos aspectos sobre las limitaciones del derecho de voto a los accionistas
MADRID, 29 de SEPTIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS

Por Carlos Lasheras Romero,  Universidad Carlos III de Madrid

Carlos Lasheras RomeroCLASES DE LIMITACIONES DEL DERECHO DE VOTO

La primera a la que se va a hacer referencia es  fijar una cuota máxima de votos que un accionista puede emitir, porcentaje que se ha de calcular sobre el total de los votos que se emitan en la junta general. Es la cláusula limitativa a la que hace referencia la LSC, y que con anterioridad de ha mencionado. Pueden plantearse muchas objeciones al respecto, y es que el accionista en ocasiones puede no saber qué nivel de participación tiene en la toma de decisiones en la junta general. A su vez, el accionista perderá poder a medida que la asistencia a la junta se reduzca.

Otra modalidad de cláusula limitativa que pueden recoger los estatutos sociales es la técnica del voto escalonado, que la LSC no contempla en su breve articulado respecto al derecho de voto en la junta general. Se realiza estableciendo una participación hasta n número de acciones, y otro grado de participación hasta x número de acciones, a modo de escalones.

El anterior método de limitación es compatible con la cuota proporcional máxima sobre el capital. Hasta una determinada participación en el capital social se produce un voto proporcional, pero del capital excedente, el accionista queda privado del derecho de voto.

Puede hacerse la limitación por porcentaje o por cifra absoluta, o bien fijando un número máximo de votos, que al final acabarán correspondiendo a un valor determinado del capital social (ya que, como sabemos, se prohíbe crear acciones con distinta fuerza de voto). Aquí se produce el efecto contrario al que ocurría en otros ejemplos mencionados anteriormente. A menor asistencia a la Junta, mayor será la fuerza de voto del accionista.

Modalidad típica es la del voto por cabeza, que presenta dificultades de aplicación, y de las que se ha hecho hincapié con anterioridad. En efecto, se considera por parte de la doctrina que el voto por cabeza afecta al cuerpo de la sociedad anónima, en tanto la constituye como una sociedad personalista bajo otra apariencia jurídica.

No obstante, cierta parte de la doctrina considera también que esta prohibición sería excesivamente rígida; habría que atender a las circunstancias económicas y sociales de la entidad para prohibir tajantemente esta posibilidad.

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE VOTO

Como regla general, las limitaciones al derecho de voto afectan a la totalidad de los acuerdos que se puedan adoptar en la junta general,  pero nada impide que los estatutos prevean que afecte a determinadas materias.  Sólo afectan al número de votos emisibles, no así cuando los estatutos exigen determinada cuota de capital para la adopción de un acuerdo. Esto se justifica por las materias que tienen especial trascendencia, como modificación de estatutos, fusiones o escisiones.

En particular, la exigencia de una mayoría reforzada de la cuota del capital es otra medida que persigue la tutela de los derechos del accionista minoritario, aunque expresada en términos distintos a los que se está comentando en este trabajo, ya que no se produce ninguna clase de limitación estatutaria al derecho de voto. Efectivamente, carece de sentido establecer limitaciones cuando los estatutos sociales exigen una determinada cuota de capital, ya que entonces este enunciado carece completamente de sentido. Dicha cláusula tampoco debe afectar a derechos de minoría cualificados, atribuidos en función de la titularidad de una determinada cuota del capital. Tiene bastante lógica la afirmación, ya que se ha hecho hincapié en que lo que se pretende conseguir es la limitación del poder del accionista mayoritario. 

También conviene hacer un pequeño análisis del ámbito subjetivo. Y es que dice el artículo 188 de la LSC que los estatutos pueden fijar el número máximo de votos que puede emitir un accionista. La cuestión del voto directo queda suficientemente clara, pero la Ley no se pronuncia acerca del voto mediante representación, regulado en los artículos 184 y 186 de la LSC. Parece que cuando la representación se realiza atribuyendo actuación según instrucciones del representado, las cláusulas limitativas se aplican directamente al accionista, que es quien realmente evite el voto, aunque no sea de forma directa.

 Si el representante fuera otro accionista, y actuara en nombre propio, sobre él recaerían las limitaciones del derecho de voto, si la suma de los derechos de voto que puede ejercer produce que exista un límite para su ejercicio. La doctrina se muestra dividida a este respecto, ya que hay argumentos que justifican el rechazo de la extensión, como el claro perjuicio que se produce para el accionista representado. Sí parece claro, que si el mismo representante actúa en nombre ajeno, deberá probar en la Junta que ejerce unos determinados derechos de voto por representación, y evitar que se le apliquen las cláusulas limitativas si, en la suma, hubieran de producirse.

También pueden establecer los estatutos, ya que la Ley no lo impide, que las cláusulas limitativas se establezcan también para las distintas sociedades del grupo. Tiene cierta lógica, en tanto se considera que los grupos de sociedades constituyen, en definitiva, una única unidad desde una perspectiva económica y empresarial. El problema surge porque las limitaciones, en tanto se establezcan a la mayoría, no va a afectar a todos los socios por igual, sino únicamente aquellos que poseen una cifra de capital que entra dentro de la cantidad por la que se establecen limitaciones. Por tanto, puede existir un trato discriminatorio para determinados accionistas, que incluso pueden no estar en el mismo grupo de acciones, con lo cual se trata de una cuestión difícil de resolver.

 

INFRACCIÓN DE LAS LIMITACIONES DEL DERECHO DE VOTO

Como bien es sabido, es el presidente de la Junta el que tiene la competencia de encargarse del recuento de votos, así como de observar las pertinentes limitaciones que deban aplicarse, so pena de que el acuerdo tomado pueda ser objeto de impugnación. No obstante, la jurisprudencia en ocasiones acude a la denominada “prueba de resistencia”; es decir, si se hubieran aplicado las cláusulas de voto tal y como fijan los estatutos, sólo se declarará la nulidad (si procede) o la anulabilidad del acuerdo sólo si se modificase el resultado, en pos del mantenimiento de la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de la sociedad.

En todo caso, cabe hacer referencia que las consecuencias del incumplimiento de las previsiones de los estatutos no afectan más allá del acuerdo objeto de la cuestión, sin que se pueda dar lugar a sanciones penales o administrativas, que se dan en otros ordenamiento jurídicos como es el francés.

 

 

 

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