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OPINION

 
El modelo peer to peer no protege al consumidor
MADRID, 29 de SEPTIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS

Por Sonsoles Valero. Abogada. ICAM. Docente. Asesora jurídica y redactora de contenidos en materia de Derecho de Consumo. Zaragoza.

Sonsoles ValeroEl pasado día 25 de septiembre se presentaron, en el marco del Congreso por la Competitividad del Turismo en España -COMTUR2014-, varios modelos de negocio en el ámbito del alojamiento turístico (programa del evento) entre los que estaban, como novedosos, Knok y Homeaway.

El primero, Knok, consiste  en una plataforma online en la que se ofrece a familias de todo el mundo, así se publicita, la posibilidad de intercambiar su vivienda con otra familia sin ningún coste (salvo cuota de miembro). Es decir, es un servicio de intermediación entre usuarios sin ningún beneficio económico para ninguna de las dos familias. Es el modelo clásico peer to peer en el que plataformas ponen de acuerdo a particulares para que intercambien productos o servicios.

Sin embargo, la segunda propuesta, Homeaway, es distinta. ¿Es un portal inmobiliario de anuncios de viviendas para alquiler, un punto de encuentro de viajeros particulares con necesidades de alojamiento temporal o es algo más?

Pasando de puntillas por el tema de la competencia desleal, a pesar de lo que dice Juan Carlos Fernández, Director General para el sur de Europa del Grupo Homeaway (entrevista para El Periódico de Aragón), sí puede entrar en conflicto con la legislación actual y con el sistema tradicional de “alquiler de apartamentos para uso turístico tradicional” como veremos.

La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (aquí el texto), reformada en 2013, establece, en su artículo 5º apartado e), que queda excluida de su ámbito de aplicación la cesión temporal de viviendas cuando se publiciten como turísticas, delegando su regulación a la normativa sectorial autonómica. En Aragón, por ejemplo, se aprobó el 2 de abril el DL 1/2013 del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Turismo de Aragón (aquí el texto).

Defensores de legalizar el negocio de las viviendas de alquiler vacacional (VAV) hablan de que fueron los lobbies hoteleros quienes influyeron en los legisladores autonómicos para que quedaran al margen de la normativa (así lo denuncian en este video).

Sin ánimo de denostar cualquiera de estas iniciativas hay que ser consciente de la legalidad vigente y siguiendo con la normativa turística aragonesa, dice el artículo 36º, que serán establecimientos hoteleros, los hoteles, hoteles-apartamento, hostales y pensiones. Y serán establecimientos extrahoteleros, los apartamentos turísticos, alojamientos turísticos al aire libre, albergues turísticos, viviendas de turismo rural y cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente. Pues bien, si proseguimos la lectura de esta normativa para saber qué se entiende por apartamentos turísticos (concepto que parece cercano al de viviendas de alquiler vacacional de las que hablamos) nos encontramos con que el artículo 40º sólo incluye aquellos que forman bloques o conjuntos de pisos, casas, villas, chalés o similares, es decir, deja fuera la posibilidad de alquilar viviendas/pisos sueltos en diferentes edificios para uso turístico.

No hay dudas. Las viviendas de alquiler vacacional a las que nos referimos no están incluidas en el elenco de establecimientos turísticos. Cuestión distinta es la de si deberían haberse incluido o no. Y seguramente, la respuesta que daría es sí. Casos polémicos como Uber, Blablacar, etc… en el ámbito del transporte de viajeros ponen de relieve una situación claramente insostenible.

¿Y desde la perspectiva del usuario de estos servicios, es decir, en el caso que nos ocupa, el inquilino que, a cambio de un precio, se aloja en régimen de alquiler en un piso durante unos pocos días? Debe ser consciente de esta situación. Queda fuera del amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, como hemos visto, y queda fuera de la legislación de Consumo, como explico a continuación.

El RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (aquí el texto) establece en su artículo 2º que sólo será aplicable esta norma a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios. Por lo tanto, si el modelo peer to peer se basa en la intermediación de una empresa para que exista una relación contractual pero entre particulares para la obtención de un servicio (transporte, alojamiento…), no hay una relación de consumo y toda la protección que ampara a los consumidores o usuarios de los alojamientos turísticos “tradicionales” no sería aplicable. Las empresas que gestionan estos puntos de encuentro no tienen ningún tipo de responsabilidad por un mal servicio. Sólo peligra su “reputación online” y eso, por ahora, no es sancionable…

Concluyendo, preguntémonos ¿por qué elije un turista alquilar una vivienda vacacional en vez de un hotel o un apartamento turístico “legal”? Respuesta: precio, porque para el resto de necesidades: familiares, espaciales, etc,…ya están a su disposición en los establecimientos turísticos habituales.

Todo el paraguas protector del consumidor que tantos años nos ha costado conseguir queda borrado por algo tan peligroso como es “el precio” y la coyuntura económica.

Por lo tanto, y solamente desde el punto de vista de la protección del consumidor/usuario, a tenor de la legislación actual, la única salida, en mi opinión, es regular normativamente este tipo de establecimientos, que se abra la posibilidad de que puedan ser considerados turísticos, que sean gestionados por empresas (grandes o pequeñas) y que cumplan con todos los requisitos que se les exigen al resto de agentes económicos. Así se protegería al consumidor y dejarían de incurrir en competencia desleal. Las lagunas normativas siempre perjudican al consumidor.

Y ¿qué ocurre si hay un conflicto entre estos particulares? Seguro que tras una mala experiencia, lo primero que hará el usuario será exponer su malestar en las RRSS frente a esta empresa que ha servido de intermediaria, salvo que busque una compensación mayor del perjuicio sufrido, momento en el que no podrá acudir a los servicios públicos de consumo ni a los sistemas extrajudiciales de conflictos como el arbitraje de consumo. Sólo le quedará la vía judicial invocando lo regulado en el Código Civil.

No se puede poner puertas al campo pero la excusa de las NNTT y la situación económica no pueden justificar la desprotección de los consumidores.

No todo vale.

 

 

 

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