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Plataforma Ciudadana Justicia de Todos y Cermi reclaman a Catalá que dé un giro de 180 grados en su política al frente del Ministerio de Justicia
MADRID, 01 de OCTUBRE de 2014 - LAWYERPRESS
 

Diferentes reacciones se han venido sucediendo tras la toma de posesión de Rafael Catalá como nuevo Ministro de Justicia. La mayor parte de ellas reclaman al nuevo inquilino del Palacio de Parcent un giro notable en su política de reformas y en el talante de cara a consensuar con operadores jurídicos la justicia del siglo XXI. Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos critica duramente la gestión del Ministro saliente Gallardón reclamando un nuevo talante y derogación de leyes como la de Tasas y la paralización del Registro Civil, ahora en manos de los registradores mercantiles. En trece meses escasos la gestión de Rafael Catalá va a ser mirada con lupa desde todos los frentes de un sector legal en ebullición.

Desde la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos  se señala que ninguna de las reformas iniciadas ha tenido la intención de democratizar ni de mejorar la calidad de la Justicia ni de la Administración de Justicia, sino que, por contra, todas ellas intentan potenciar la desigualdad entre la ciudadanía.

Por ello confian en que no se materialicen en los términos en que se plantean, si bien continuamos defendiendo la necesidad de una reforma estructural de la Justicia y la Administración de Justicia.

Apelan para ello a la responsabilidad política del Ministro y a que entienda que la actual mayoría parlamentaria es variable y no garantiza respaldo social, máxime teniendo en cuenta, por una parte, las tensiones que ha generado su predecesor y, por otra, que iniciamos la recta final de la legislatura.

En todo caso, valoran positivamente que el nuevo Ministro invoque valores como el diálogo y el consenso, ausentes del Ministerio de Justicia durante casi tres años, y consideran que es una buena noticia que plantee revisar las tasas judiciales, pero se entiende  que la única solución a la exclusión que ha generado, y la única respuesta digna a los argumentos falaces con que se han implantado, es la derogación de la Ley actual.

Igualmentes señalan  que debe deshacerse el camino hacia la privatización del Registro Civil, iniciado casi a escondidas con la Disposición Adicional vigésima del Real Decreto Ley 8/2014, que atribuye la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y a pesar del pronunciamiento expreso de que se mantendrá su gratuidad

La Plataforma que pedirá una audiencia al propio Ministro entrante y recuerda que este  Gobierno nunca ha buscado el consenso social llevando a cabo reformas traumáticas y confusas por trámites de urgencia innecesarias.

 

Reformas en materia de discapacidad

Por su parte, el  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)  recuerda  al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, la amplia agenda de reformas legislativas en materia de derechos de las personas con discapacidad pendientes en su departamento y le ha instado a acometerlas con urgencia.

La plataforma de la discapacidad señala como más apremiante "la reorientación de la modificación del Código Penal, desde hace más de un año en trámite parlamentario, para evitar cambios negativos en el régimen jurídico de las medidas de seguridad aplicables a personas inimputables por razón de discapacidad y para desterrar cualquier reintroducción en el Derecho penal español del concepto de peligrosidad social"..

En relación con la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el Cermi reclama a Justicia "abordar con urgencia la adaptación del ordenamiento normativo a los mandatos del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, que exige derogar el sistema de incapacitación aún vigente y sustituirlo por uno de apoyo a la toma de decisiones".

Otras reformas que espera el sector social de la discapacidad se refieren al reforzamiento de la protección de las personas con discapacidad cuando son víctimas del delitos, la supresión de las tasas judiciales y la ampliación de la justicia gratuita en caso de discapacidad, así como la revisión del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española para desterrar cualquier discriminación o trato desigual por razón de discapacidad.

 

 

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