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Diferentes
reacciones
se
han
venido
sucediendo
tras
la
toma
de
posesión
de
Rafael
Catalá
como
nuevo
Ministro
de
Justicia.
La
mayor
parte
de
ellas
reclaman
al
nuevo
inquilino
del
Palacio
de
Parcent
un
giro
notable
en
su
política
de
reformas
y en
el
talante
de
cara
a
consensuar
con
operadores
jurídicos
la
justicia
del
siglo
XXI.
Plataforma
Ciudadana
por
una
Justicia
de
Todos
critica
duramente
la
gestión
del
Ministro
saliente
Gallardón
reclamando
un
nuevo
talante
y
derogación
de
leyes
como
la
de
Tasas
y la
paralización
del
Registro
Civil,
ahora
en
manos
de
los
registradores
mercantiles.
En
trece
meses
escasos
la
gestión
de
Rafael
Catalá
va a
ser
mirada
con
lupa
desde
todos
los
frentes
de
un
sector
legal
en
ebullición.
Desde
la
Plataforma
Ciudadana
por
una
Justicia
de
Todos
se
señala
que
ninguna
de
las
reformas
iniciadas
ha
tenido
la
intención
de
democratizar
ni
de
mejorar
la
calidad
de
la
Justicia
ni
de
la
Administración
de
Justicia,
sino
que,
por
contra,
todas
ellas
intentan
potenciar
la
desigualdad
entre
la
ciudadanía.
Por
ello
confian
en
que
no
se
materialicen
en
los
términos
en
que
se
plantean,
si
bien
continuamos
defendiendo
la
necesidad
de
una
reforma
estructural
de
la
Justicia
y la
Administración
de
Justicia.
Apelan
para
ello
a la
responsabilidad
política
del
Ministro
y a
que
entienda
que
la
actual
mayoría
parlamentaria
es
variable
y no
garantiza
respaldo
social,
máxime
teniendo
en
cuenta,
por
una
parte,
las
tensiones
que
ha
generado
su
predecesor
y,
por
otra,
que
iniciamos
la
recta
final
de
la
legislatura.
En
todo
caso,
valoran
positivamente
que
el
nuevo
Ministro
invoque
valores
como
el
diálogo
y el
consenso,
ausentes
del
Ministerio
de
Justicia
durante
casi
tres
años,
y
consideran
que
es
una
buena
noticia
que
plantee
revisar
las
tasas
judiciales,
pero
se
entiende
que
la
única
solución
a la
exclusión
que
ha
generado,
y la
única
respuesta
digna
a
los
argumentos
falaces
con
que
se
han
implantado,
es
la
derogación
de
la
Ley
actual.
Igualmentes
señalan
que
debe
deshacerse
el
camino
hacia
la
privatización
del
Registro
Civil,
iniciado
casi
a
escondidas
con
la
Disposición
Adicional
vigésima
del
Real
Decreto
Ley
8/2014,
que
atribuye
la
llevanza
del
Registro
Civil
a
los
Registradores
de
la
Propiedad
y
Mercantiles
y a
pesar
del
pronunciamiento
expreso
de
que
se
mantendrá
su
gratuidad
La
Plataforma
que
pedirá
una
audiencia
al
propio
Ministro
entrante
y
recuerda
que
este
Gobierno
nunca
ha
buscado
el
consenso
social
llevando
a
cabo
reformas
traumáticas
y
confusas
por
trámites
de
urgencia
innecesarias.
Reformas
en
materia
de
discapacidad
Por
su
parte,
el
Comité
Español
de
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad
(Cermi)
recuerda
al
nuevo
ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
la
amplia
agenda
de
reformas
legislativas
en
materia
de
derechos
de
las
personas
con
discapacidad
pendientes
en
su
departamento
y le
ha
instado
a
acometerlas
con
urgencia.
La
plataforma
de
la
discapacidad
señala
como
más
apremiante
"la
reorientación
de
la
modificación
del
Código
Penal,
desde
hace
más
de
un
año
en
trámite
parlamentario,
para
evitar
cambios
negativos
en
el
régimen
jurídico
de
las
medidas
de
seguridad
aplicables
a
personas
inimputables
por
razón
de
discapacidad
y
para
desterrar
cualquier
reintroducción
en
el
Derecho
penal
español
del
concepto
de
peligrosidad
social"..
En
relación
con
la
igual
capacidad
jurídica
de
las
personas
con
discapacidad,
el
Cermi
reclama
a
Justicia
"abordar
con
urgencia
la
adaptación
del
ordenamiento
normativo
a
los
mandatos
del
artículo
12
de
la
Convención
Internacional
sobre
los
Derechos
de
las
Personas
con
discapacidad,
que
exige
derogar
el
sistema
de
incapacitación
aún
vigente
y
sustituirlo
por
uno
de
apoyo
a la
toma
de
decisiones".
Otras
reformas
que
espera
el
sector
social
de
la
discapacidad
se
refieren
al
reforzamiento
de
la
protección
de
las
personas
con
discapacidad
cuando
son
víctimas
del
delitos,
la
supresión
de
las
tasas
judiciales
y la
ampliación
de
la
justicia
gratuita
en
caso
de
discapacidad,
así
como
la
revisión
del
procedimiento
de
adquisición
de
la
nacionalidad
española
para
desterrar
cualquier
discriminación
o
trato
desigual
por
razón
de
discapacidad. |