|
 Con bastante
pesimismo
ven
los
abogados
el
funcionamiento
de
la
Justicia
y su
futuro,
según
se
desprende
del
“Informe
de
la
situación
de
la
Justicia”,
que
se
presentó
en
la
mañana
de
ayer
por
la
junta
de
Gobierno
del
ICAB,
con
Oriol Rusca
a su
cabeza.
De
hecho
uno
de
los
datos
que
más
llaman
la
atención
es
que
un
56,1
de
los
letrados
encuestados
indican
el
empeoramiento
de
la
justicia
en
este
último
año.
“No
es
bueno
que
se
vea
a
los
abogados
pesimistas
en
estos
momentos;
nadie
puede
dudar
de
nuestro
carácter
batallador.
Pero
lo
cierto
es
que
las
cosas
siguen
o
igual
o
empeoran
a
nivel
de
Justicia”,
comenta
Oriol
Rusca,
al
terminar
la
presentación
de
este
informe
de
coyuntura.
Para
el
propio
decano
aunque
las
dificultades
están
ahí
hay
que
seguir
peleando.
Nuestro
entrevistado
espera
que
la
llegada
del
nuevo
Ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
aporte
más
cordura
y
consenso
a
las
necesarias
reformas
de
la
justicia
“nos
haya
dicho
que
podemos
dialogar
sobre
cualquier
tema
en
cuestión
abierto.
Nosotros
desde
el
Colegio
de
Abogados
mantenemos
dos
líneas:
una
primera
que
pasa
por
la
derogación
total
de
la
Ley
de
Tasas
y si
no
pudiera
ser,
porque
el
Gobierno
piensa
que
no
puede
hacerse
políticamente,
incidir
en
la
citada
Ley
para
que
fuera
lo
menos
perjudicial
posible
al
ciudadano.
Los
Colegios
de
Abogados
apoyaremos
al
Ministro
hasta
que
nos
decepcione.
Se
abren
ahora
muchas
posibilidades
veremos
cómo
evoluciona
todo”
comenta.
En primera
persona
“El
Informe
de
la
Justicia
es
una
publicación
anual
que,
desde
el
año
2007
se
edita
por
parte
del
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
(ICAB)
con
un
objetivo
muy
claro:
dar
a
conocer
la
visión
de
la
abogacía
en
relación
al
funcionamiento
de
lo
que
llamamos
el
sistema
de
justicia.
Este
informe
recoge,
por
una
parte,
los
datos
sobre
la
evolución
de
la
tasa
de
litigiosidad,
de
congestión,
de
pendencia
(relación
asuntos
pendientes
/
resueltos),
y de
resolución
en
los
diferentes
ámbitos
jurisdiccionales
(civil,
penal
,
contencioso
administrativo
y
social)
entre
los
años
2006
y
2013
Al
mismo
tiempo
e
ICAB
ha
llevado
a
cabo
una
serie
de
acciones
para
conocer
la
opinión
de
los
abogados
y
abogadas
en
relación
al
funcionamiento
de
la
Justicia.
Por
un
lado,
encuestas
on-line,
de
periodicidad
anual,
por
otro
lado,
una
pregunta
quincenal
a
través
de
la
página
web
del
Colegio
(barómetro
de
opinión),
y
finalmente
unos
trabajos
de
campo
en
los
edificios
judiciales
para
detectar
los
problemas
reales
en
que
se
encuentra
la
abogacía
en
el
ejercicio
de
la
profesión
Las
conclusiones
de
estos
estudios
es
que
los
abogados
consideran
que
la
situación
de
los
juzgados
y
tribunales
ha
empeorado
respecto
al
año
anterior.
Entre
los
principales
problemas
detectados
por
los
letrados
encuestados
cabe
destacar
los
retrasos
acumulados
en
la
celebración
de
juicios.
La
mayoría
de
retrasos
son
de
entre
7 y
10
min
(22%)
seguidos
de
los
retrasos
entre
20 y
30
min
(18%).
Las
principales
causas
de
estos
retrasos
están
motivadas
en
un
47%
de
los
casos
debido
a
una
mala
organización
o
bien
en
un
29%
de
los
casos
por
el
retraso
del
juez.
Por
eso
desde
el
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
se
reclama
más
inversión
económica
para
favorecer
la
modernización
de
la
justicia,
pero
también
más
recursos
humanos,
teniendo
en
cuenta
que
tenemos
una
planta
judicial
baja
Hay
que
apostar
decididamente
por
una
nueva
oficina
judicial
más
estructurada
y
organizada,
así
como
por
una
mayor
coordinación
con
todas
las
partes
que
participamos
en
la
Administración
de
Justicia
para
mejorar
la
situación.
El
68%
de
los
abogados
y
abogadas
encuestados
afirman
haber
tenido
algún
supuesto
entre
sus
clientes
de
renuncia
a la
interposición
de
una
acción
judicial
como
consecuencia
de
la
ley
de
tasas
estatal.
Los
abogados
también
desconfían
respecto
de
la
inversión
en
justicia
del
dinero
recaudado
por
esta
tasa.
Este
hecho
demuestra
lo
que
la
abogacía
lleva
años
denunciando.
Las
tasas
judiciales
suponen
un
impedimento
a
que
los
ciudadanos
ejerzan
su
derecho
a ir
a
los
tribunales
para
reclamar
justicia.
Las
soluciones
para
paliar
la
situación
en
los
juzgados
o
tribunales
no
pueden
pasar
por
obstaculizar
el
acceso,
sino
para
establecer
planes
reales
y
factibles
para
solucionar
las
situaciones
concretas
en
que
se
encuentran
los
juzgados
en
las
diferentes
jurisdicciones.
Desde
el
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
también
se
ha
preguntado
a
los
abogados
y
abogadas
sobre
qué
idioma
usan
en
los
escritos
judiciales.
En
este
sentido,
más
de
un
74%
los
abogados
encuestados
usan
mayormente
el
castellano
frente
al
25,52%
que
escriben
en
catalán.
El
uso
del
catalán
y el
castellano
en
los
escritos
no
judiciales
tiene
unos
niveles
más
parecidos
(castellano
un
45,2%
versus
catalán
37,3%,
inglés
(5,9%)
y
otros
idiomas
(11,5%).”
Sr. Rusca,
si
consultamos
el
resumen
ejecutivo
de
este
Informe
aún
se
observa
más
de
un
millón
de
asuntos
pendientes
en
las
jurisdicciones
penal
y
civil,
¿muy
desmoralizador,
verdad?
Los juzgados
siguen
trabajando
a un
nivel
similar
con
un
nivel
de
pendencia
importante.
El
problema
de
la
justicia
hay
que
abordarlo
desde
una
triple
perspectiva;
en
primer
lugar
la
voluntad
política
de
todos
los
dirigentes
de
solucionar
los
problemas
que
asolan
a la
justicia.
Otro elemento
clave
es
la
necesidad
de
dotar
de
más
inversiones
a
este
servicio
público.
No
podemos
olvidar
que
es
uno
de
los
servicios
esenciales
del
Estado.
Como
poder
del
Estado
que
lo
es,
las
necesita
para
arreglar
sus
disfunciones.
El otro gran
elemento
son
las
nuevas
tecnologías,
por
desgracia
en
este
tema
apenas
se
ha
avanzado
y
eso
se
nota
en
la
celeridad
de
los
asuntos
y
comunicaciones.
Aún
vivimos
en
esquemas
del
siglo
XIX.
 Colegas
suyos
como
el
presidente
del
TSJ
de
Madrid,
Vieira
también
ven
una
falta
importante
de
organización
de
los
recursos
existentes.
Hay una mala
organización
es
evidente
que
también
llega
a la
propia
Oficina
Judicial.
No
se
pueden
organizar
dieciocho
juicios
en
una
mañana.
Es
inviable
que
un
juez
llegue
a
ellos.
Todo esto
genera
al
final
retrasos
y
aplazamientos
que
no
son
sino
una
falta
de
respeto
tanto
para
los
abogados
como
para
los
propios
ciudadanos.
La
solución
a
los
paneles
que
hemos
puesto
en
los
juzgados
de
Barcelona
a
veces
no
es
suficiente.
Creo que sería
lógico
que
el
juzgado
avisase
si
esa
vista
no
se
va a
celebrar
con
antelación
a
las
propias
partes.
Ahí
se
podría
buscar
el
uso
de
alguna
tecnología
que
ayudase
a
informar
a
los
implicados.
Dieciocho
juicios
en
una
mañana
es
una
locura…
Cierto, lo
que
sucede
es
que
las
conformidades
distorsionan
mucho
la
situación.
El
juez
tiene
en
la
cabeza
que
algunos
serán
conformidades,
otros
se
suspenderán
por
alguna
razón
y
una
tercera
parte
tendrá
que
entrar
en
sala.
Entrando al
fondo
de
este
tema,
hay
juicios
que
se
suspenden
que
ya
se
saben
de
su
no
celebración
dos
o
tres
días
antes,
en
el
caso
de
las
conformidades
soy
más
partidario
de
señalar
días
para
ellas
que
no
congestionen
el
señalamiento
actual.
De
esa
forma
habría
más
tiempo
para
las
vistas
que
sí
se
celebran.
En esa
encuesta
que
el
ICAB
hace
a
sus
colegiados
se
señala
la
mejoría
del
trato
de
los
jueces
de
cara
a su
trabajo.
Es un dato
interesante
que
llama
la
atención
aunque
lo
normal
sería
que
hubiera
buena
relación
entre
jueces
y
abogados
de
forma
habitual.
También
hay
que
darse
cuenta
que
hay
personas
más
educadas
que
otras.
Creo que el
trabajo
hecho
desde
el
TSJ
de
Catalunya
y el
ICAB
ha
ayudado
a
que
se
mejore
ese
clima
laboral.
En
una
de
las
últimas
reuniones
que
mantuve
con
Carlos
Lesmes,
presidente
del
CGPJ,
le
comentamos
la
posibilidad
de
crear
un
protocolo
de
buenas
prácticas
sobre
ambos
colectivos.
Habrá
que
seguir
con
la
idea.
¿Ha habido
incremento
en
la
conflictividad
este
último
año
entre
jueces
y
abogados?
No, la verdad
es
que
no.
Creo
además
que
Barcelona
ha
sido
siempre
una
plaza
bastante
tranquila
donde
el
respeto
impera
en
la
relación
entre
los
abogados
con
jueces
y
fiscales.
Siempre
ha
habido
temas
puntuales
de
situaciones
y
personas
concretas
sin
llegar
a
ser
un
problema
endémico.
 También en
esa
encuesta
un
77%
de
los
abogados
denuncian
que
la
Ley
de
Tasas
no
aporta
dinero
a la
justicia
en
sí.
Este debate
ya
lo
aclaró
el
Ministro
Gallardón,
al
final
van
a
los
Presupuestos
Generales
del
Estado
aunque
en
el
artículo
11
de
la
citada
Ley
se
hable
de
un
elemento
para
financiar
la
Justicia
Gratuita
en
nuestro
país.
Ya que están
implantadas
lo
lógico
es
que
ese
dinero
revertiera
hacia
los
lugares
con
más
trabajo
o
colapso
e
incluso
que
ayudara
a
incrementar
dotaciones
de
plazas
judiciales
o
cualquier
proyecto
nuevo.
Otro dato
de
esa
encuesta
es
que
los
abogados
prefieren
que
los
fiscales
lleven
la
instrucción
penal,
elemento
que
mejoraría
el
funcionamiento
de
la
justicia.
Somos partidarios
del
principio
acusatorio
puro
donde
la
imparcialidad
del
juez
es
mayor
al
no
tomar
decisiones
en
la
investigación.
En
este
contexto
sería
el
fiscal
quien
llevará
la
instrucción
aunque
habría
que
ver
si
en
todos
los
procedimientos
debe
ser
así.
Además a nivel
internacional,
son
los
propios
fiscales
de
otros
países
los
que
colaboran
con
nuestra
justicia,
dato
que
no
debe
pasar
desapercibido
para
el
cambio
del
que
estamos
hablando.
Esta
es
una
disfunción
que
se
podría
solucionar
y
ayudar
a un
mejor
funcionamiento
de
la
justicia.
Sobre la
ejecución
de
las
sentencias,
la
encuesta
revela
que
un
70%
de
los
abogados
lo
ve
positivo
de
cara
a
mejorar
y
agilizar
este
procedimiento.
Es cierto,
creemos
que
si
asumen
ese
papel
de
ayudar
a la
ejecución
de
las
sentencias
el
asunto
se
podría
agilizar
de
forma
notable.
El
problema
de
la
ejecución
es
sencillo
de
detectar.
Hay
juzgados
penales
de
ejecutoria
que
están
colapsados
y
que
suelen
tardar
del
orden
de
un
año
en
resolver
esos
asuntos.
Sería el momento
de
poner
en
marcha
otros
juzgados
y
más
personal
adscrito
a
esos
juzgados.
Aquí
volvemos
a
hablar
de
la
tecnología
como
un
elemento
que
ayude
a
agilizar
los
procesos.
Junto
a
ello
el
procurador
puede
desempeñar
ese
papel
que
ayude
a
descongestionar
los
juzgados.
Se
podría
sacar
más
partido
de
sus
competencias
del
que
se
está
sacando
en
estos
momentos.
Usted que
ha
podido
hablar
con
el
nuevo
Ministro
Rafael
Catalá.
¿Qué
retos
debe
asumir
el
titular
de
Justicia
en
estos
catorce
meses
de
legislatura
que
quedan?
Tendremos que
ver
su
actuar
en
los
próximos
días.
Pero
es
muy
esperanzador
que
nos
haya
dicho
que
podemos
dialogar
sobre
cualquier
tema
en
cuestión
abierto
Nosotros desde
el
Colegio
de
Abogados
mantenemos
dos
líneas:
una
primera
que
pasa
por
la
derogación
total
de
la
Ley
de
Tasas
y si
no
pudiera
ser,
porque
el
Gobierno
piensa
que
no
puede
hacerse
políticamente,
incidir
en
la
citada
Ley
para
que
fuera
lo
menos
perjudicial
posible
al
ciudadano.
Los Colegios
de
Abogados
apoyaremos
al
Ministro
hasta
que
nos
decepcione.
Se
abren
ahora
muchas
posibilidades
veremos
cómo
evoluciona
todo.
Esperamos
las
primeras
actuaciones
del
señor
Catalá
para
ver
si
reanudamos
las
movilizaciones
que
hemos
detenido,
de
común
acuerdo
con
el
ICAM
y la
decana
Sonia
Gumpert.
De lo que
sabemos
del
Ministro
Catalá
es
que
va a
recuperar
la
reforma
procesal
penal,
olvidada
por
Gallardón
y
afrontar
otra
más,
hemos
perdido
la
cuenta,
reforma
del
Código
Penal…
El Ministro
Catalá
debe
darse
cuenta
que
hay
un
gran
problema
de
funcionamiento
y
retrasos
en
nuestra
justicia.
El
planteamiento
es
ver
cómo
se
va a
solucionar
ese
escenario.
No nos vale
para
nada
tener
un
buen
Código
Penal
o
una
acertada
reforma
procesal
penal
si
la
justicia
sigue
colapsada
y no
da
los
tiempos
de
respuesta
que
quiere
el
ciudadano.
En este contexto
se
requiere
una
nueva
organización
de
la
Oficina
Judicial
y
estudiar
en
los
juzgados
de
partido
como
se
puede
compensar
el
volumen
de
trabajo
de
unos
juzgados
con
más
y
otros
con
menos
carga
de
trabajo.
Otro reto
clave
tiene
que
ver
con
las
tecnologías
y la
informatización
del
os
juzgados.
A
partir
del
momento
que
se
implante
la
tecnología
avanzaremos
muchísimo.
Y al
hilo
de
este
avance
es
posible
estructurar
reformas
procesales
importantes.
Respecto a la
reforma
penal
no
acabo
de
verla.
Incluso
la
prisión
permanente
revisable
es
una
figura
de
difícil
encaje
en
nuestra
legislación
y
tendrá
problemas.
Creo que el
Ministro
Catalá
debe
plantearse
objetivos
que
se
puedan
cumplir
por
encima
de
grandes
proyectos
que
se
quedarán
a
medio
hacer.
También se
ha
hablado
de
la
falta
de
liderazgo
de
la
justicia.
Ministerio,
CCAA
y
CGPJ
son
muchos
líderes,
¿Es
partidario
de
concentrar
competencias
de
Justicia
en
el
Ministerio?
No sería muy
útil,
desde
mi
punto
de
vista.
Las
decisiones
cuanto
más
descentralizadas
se
tomen,
mejor,
eso
significará
que
estarán
mas
cerca
de
los
ciudadanos.
Los problemas
de
justicia
no
son
los
mismos
los
que
hay
en
Catalunya
o
Galicia
aunque
todos
buscan
la
excelencia
del
servicio.
Tampoco
dentro
de
una
misma
CCAA
no
es
lo
mismo
la
problemática
de
Barcelona
con
la
de
Girona,
por
ponerle
un
ejemplo.
Centralizar
sería
un
retroceso;
ya
la
Constitución
Española
deja
claro
las
competencias
del
Estado
y de
las
CCAA
y
desde
luego
lo
que
hace
falta
es
una
mejor
coordinación
entre
ambos
niveles
estatales.
La corrupción
es
portada
día
sí y
día
también
en
los
medios
informativos.
Ahora
con
las
tarjetas
opacas
de
Bankia,
como
tema
estrella.
¿Tenemos
las
leyes
adecuadas
para
afrontarla?
Creo que sí,
no
es
un
problema
de
tener
más
leyes
o
hacer
más
cambios.
Hay
que
dejar
trabajar
a
los
jueces
y
agilizar
los
procesos.
En
este
contexto
el
papel
de
los
medios
informativos
es
el
de
denunciar
situaciones
de
corrupción
a
gran
escala.
AL mismo tiempo,
además
de
conocer
esos
hechos
es
fundamental
que
se
solucionen
a
corto
plazo;
en
ese
caso
es
fundamental
desarrollar
medidas
preventivas
para
que
eso
no
se
pueda
volver
a
repetir
y en
otro
estadio,
juzgar
a
los
imputados
y si
son
culpables
que
se
vea
que
van
a la
cárcel.
El problema
es
que
nos
quedamos
en
la
primera
fase,
la
de
los
medios
informativos
pero
falta
las
medidas
preventivas
y de
transparencia
para
evitar
estas
situaciones
y
qué
pasa
con
los
asuntos
abiertos,
si
se
van
a
cerrar
en
algún
momento.
La justicia
no
es
solo
lo
que
se
hace
sino
también
las
formas,
como
se
percibe
desde
fuera
por
la
opinión
pública.
Es
posible
que
los
temas
se
estén
gestionando
bien
pero
la
sensación
que
existe
es
que
unos
asuntos
van
más
rápidos
que
otros.
Así se ha
visto
con
la
consulta
soberanista
de
Catalunya
y la
actuación
del
Tribunal
Constitucional.
También
necesitamos
que
se
pronuncie
rápidamente
sobre
la
Ley
de
Tasas. | 
