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 Sin que
sirva de antecedente, desde la ASOCIACIÓ DE
LA JUDICATURA CATALANA, =AJUDICAT=
suscribimos íntegramente el comunicado de la
ASOCIACIÓN JUECES PARA LA DEMOCRACIA
así como el del que fuera ex-fiscal jefe de
Catalunya
D. José Maria Mena,
respecto a la situación del Magistrado Santiago
Vidal i Marsal.
No
entraremos pues en repeticiones innecesarias que
nada aportarían ya a estas alturas sobre la
incoación de un expediente sancionador y lo que
era mas acuciante, respecto a la suspensión de
funciones jurisdiccionales resuelto finalmente
por 3 votos a favor y 4 en contra por la
comisión disciplinaria del CGPJ.
Consideramos que son pocos los que han escuchado
en profundidad al afectado y aún menos
debidamente, habida cuenta del problema de
detestar todo lo que se ignora (como diría A.
Machado), que se torna en agresiva reacción ante
cualquier postulado crítico o disidente.
De sus
múltiples conferencias a las que hemos asistido
se percibe un cierto desánimo por no haber
podido influir en el cambio de paradigma de la
administración de justicia ni en la judicatura
en particular. Sus postulados, muy definidos en
su libro “LOS SIETE PECADOS CAPITALES DE LA
JUSTICIA” nos sitúan
en una amarga realidad del sistema judicial español.
Evidentemente, su conclusión
final es la misma a la que han llegado otros
muchos profesionales: la imposibilidad
manifiesta de cambiar la justicia en España,
cambio a mejor, claro.
Así
ha iniciado algunas de sus conferencias, en las
que ha sido especialmente crítico
con la modificación
de la Ley Orgánica
del Poder Judicial por la LO 8/2012, aquella que
suprimió
a los Jueces sustitutos para transmutarse en el
RD. 700/13 de retribuciones a la CARRERA
JUDICIAL para quienes realicen las
sustituciones, cobrando de esta manera un doble
sueldo público;
o bien con la Ley de Tasas, la reforma laboral,
la del código
penal y tantas otras.
Pero
especialmente, sus razonamientos críticos
siempre inciden en la raíz
del sistema, en la falta de separación de
poderes en el estado español,
a la falta de independencia Judicial en el
sentido más
amplio, como es que todo el Tercer Poder del
Estado penda del presupuesto del Ministerio de
Justicia; es crítico
con el sistema de elección
de los miembros del Consejo del Poder Judicial,
con el evidente y palmario deficiente servicio público
de justicia, con el sistema de acceso a la
carrera judicial.
En
algunas de sus conferencias se le ha podido oír,
alto y claro, que las modificaciones de la
Justicia en Catalunya son posibles en cualquier
forma de Estado, ya sea este autonómico,
federal, confederal, libre asociado o
independiente, concluyendo que los cambios que
deberían
producirse habrían
de alejarse de los anquilosados y decimonónicos
sistemas que actualmente nos rigen.
Las
soluciones propuestas por Santiago Vidal son
simples y fáciles de
aplicar, eso sí,
si se tiene voluntad de mejorar el sistema.
Van desde
la recuperación
de la justicia de proximidad juzgados locales o
de distrito, pasando por la especialización
ya en las primeras instancias y evidentemente en
las segundas; por agilizar el dictado de las
resoluciones judiciales mediante una ley de
plazos procesales obligatorios para jueces y
magistrados con sanciones en caso de
incumplimiento.
Todo
ello, eso sí,
con una ratio de jueces en la media europea (18
x 100.000 hab.) y del personal de apoyo judicial
(62 x 100.000 hab.), y no de 11 y 42
respectivamente, que es la ratio actual en
Catalunya, inferior a la media estatal.
También
dotarse de un sistema de acceso a la carrera
judicial distinto al actual y compuesto por
profesionales mayores de 35 años
de acreditada valía
y honorabilidad (Gran Bretaña),
con algunos retoques provenientes de los
sistemas holandeses y daneses, países
dónde
la percepción
general de la independencia judicial se sitúa
entre los 5 primeros países
del mundo y no en el 60 como en el Estado Español.
Dichos
cambios también
afectarían,
como no, al
órgano
de gobierno de los jueces, con independencia
económica
respecto del poder ejecutivo al contar con una
partida presupuestaria propia.
Y también
su sistema de elección,
con intervención
de los representantes democráticamente
elegidos pero con participación
de todos los operadores jurídicos,
abogados, procuradores, secretarios judiciales,
de
órganos
de las administraciones locales, del Síndic
de greuges (defensor del pueblo) y como no de
los propios jueces.
Y así
podríamos
seguir y seguir, pero no podemos concluir este
comentario sin citar el cambio radical que
supondría
la desaparición
del actual Tribunal Constitucional y su
sustitución
por una Corte de Garantías
Constitucionales, formado por los presidentes de
las Salas del Tribunal Supremo, por lo que el
control constitucional se hallaría,
ahora sí,
desvinculado de los poderes legislativo y
ejecutivo.
Sorprendente e incomprensible
¿verdad?,
justo lo contrario de lo que sufrimos, Justicia
que como servicio público
debe ser próximo,
rápido
y accesible y como Poder alejado e
independiente de los otros poderes del estado,
plural y democráticamente
elegido.
Así pues, queremos mostrar públicamente nuestro
apoyo al compañero y magistrado Santiago Vidal,
pero no solo por su intachable trayectoria
profesional, sino muy especialmente por su
compromiso social y por la defensa
desacomplejada en mejorar el mundo de la
Justicia, un campo este que sigue sin cumplir
las expectativas que la sociedad esperaba de un
Estado democrático moderno.
Así pues, si bien siempre hemos afirmado que
otra justicia es posible, hoy y ahora,
constatamos que esta necesidad social es de una
urgencia demoledora. |
