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Manifiesto de CEAJ por una justicia pública, cercana, accesible, con medios e independiente
MADRID, 15 de OCTUBRE de 2014 - LAWYERPRESS
 

CEAJ hace público este Manifiesto el mismo día que Catalá comparece en el Congreso y explica su hoja de ruta y reformas

 

En el mismo día que el Ministro de Justicia, Rafael Catalá comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados hacemos público el manifiesto que desde la CEAJ, Confederación Española de Jóvenes Abogados llega a nuestra redacción. A lo largo de estas líneas queda claro el compromiso de estos jóvenes letrados por una justicia cercana, accesible,  pública, con los medios suficientes para que sea independiente. Hay que recordar que este colectivo de abogados organizó su Congreso Anual este verano en Bilbao donde expertos juristas abordaron la situación de la justicia y los cambios que se necesitan para que la propia justicia sea el servicio público que anhelan tantos los ciudadanos como todos los operadores jurídicos. Un cambio en el que ahora el nuevo Ministro, Rafael Catalá y su equipo tienen mucho que decir en los próximos meses. Reproducimos a continuación el citado manifiesto por su interés

 “Como se plantea desde el Gobierno y, especialmente, desde el Ministerio de Justicia, es urgente e inaplazable una reforma en la justicia, y así lo demandamos los distintos operadores jurídicos y la sociedad en general. No obstante, dicha reforma debería hacerse tras un previo, profundo y detallado análisis de cada uno de los problemas que presenta la administración de justicia, de sus causas y de las soluciones a los mismos, con el consenso de las fuerzas políticas así como de los diversos agentes y profesionales que intervenimos en ella, con absoluto respeto al ciudadano y a sus derechos y con el compromiso político de dotar a dicha reforma de todos los medios materiales, personales y estructurales necesarios para su efectividad y la correspondiente previsión presupuestaria.

Lo que no cabe es pretender agilizar la justicia, reducir la litigiosidad y descongestionar los juzgados a costa de la indefensión de millones de ciudadanos, a los que se priva del acceso a la tutela judicial efectiva mediante la imposición generalizada de las tasas, cuyo efecto disuasorio y fin puramente recaudatorio se han evidenciado, o mediante la privatización de ciertos servicios, con el consiguiente coste para el ciudadano (como se pretende con proyectos de Ley de Jurisdicción Voluntaria, de reforma del Registro Civil y de reforma de la LEC y con la Ley de Seguridad Privada), pues desjudicializar ciertas materias no tiene por qué suponer privatizarlas, pudiéndose encomendar a funcionarios públicos e invertir en medios para la prestación pública y gratuita de dichos servicios.

Tampoco cabe alegar o esgrimir la seguridad como coartada para limitar la protesta y las garantías democráticas ni vulnerar derechos fundamentales o restringir su ejercicio como respuesta a concretas situaciones o casos ocurridos, a golpe de titular, como se pretende con los proyectos de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, de Ley Orgánica de reforma del Código Penal y de Ley Orgánica del Estatuto de la víctima del delito.

Y, por supuesto, tampoco cabe proceder a una ruptura y cambio radical de todo el sistema sin tener unos objetivos claros para mejorar la justicia y sin contar con la opinión de los profesionales y colectivos afectados, imponiéndose un control excesivo y restringiendo la independencia, todo lo cual se puede apreciar en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, en el proyectado Código Procesal Penal y en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

De todas estas reformas legislativas, dos ya se han aprobado (Ley de Tasas y Ley de Seguridad Privada), cuatro están en tramitación parlamentaria (reforma Código Penal, Ley Seguridad Ciudadana, Estatuto de la víctima, Ley Jurisdicción Voluntaria) y el resto en trámite de consultas, por lo que, además de requerir la derogación de aquéllas, instamos a que se aproveche la oportunidad del tramite parlamentario o de consultas para que, en consenso con los distintos grupos parlamentarios y con los colectivos implicados, sin uso del “rodillo parlamentario”, se introduzcan las modificaciones necesarias para la efectiva reforma y modernización de la administración de justicia entendida como servicio público cercano y accesible a todos los ciudadanos, con medios e independiente, y para el debido respeto a la libertad de expresión y derecho de manifestación, esenciales en una democracia.

Desde la Confederación Española de Abogados Jóvenes y las Agrupaciones que la integran, velaremos para que así sea.

 

Manifiesto completo en www.ceaj.es

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