|
CEAJ hace
público
este
Manifiesto
el
mismo
día
que
Catalá
comparece
en
el
Congreso
y
explica
su
hoja
de
ruta
y
reformas
En el
mismo
día
que
el
Ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá
comparece
ante
la
Comisión
de
Justicia
del
Congreso
de
los
Diputados
hacemos
público
el
manifiesto
que
desde
la
CEAJ,
Confederación
Española
de
Jóvenes
Abogados
llega
a
nuestra
redacción.
A lo
largo
de
estas
líneas
queda
claro
el
compromiso
de
estos
jóvenes
letrados
por
una
justicia
cercana,
accesible,
pública,
con
los
medios
suficientes
para
que
sea
independiente.
Hay
que
recordar
que
este
colectivo
de
abogados
organizó
su
Congreso
Anual
este
verano
en
Bilbao
donde
expertos
juristas
abordaron
la
situación
de
la
justicia
y
los
cambios
que
se
necesitan
para
que
la
propia
justicia
sea
el
servicio
público
que
anhelan
tantos
los
ciudadanos
como
todos
los
operadores
jurídicos.
Un
cambio
en
el
que
ahora
el
nuevo
Ministro,
Rafael
Catalá
y su
equipo
tienen
mucho
que
decir
en
los
próximos
meses.
Reproducimos
a
continuación
el
citado
manifiesto
por
su
interés
“Como se plantea desde el
Gobierno
y,
especialmente,
desde
el
Ministerio
de
Justicia,
es
urgente
e
inaplazable
una
reforma
en
la
justicia,
y
así
lo
demandamos
los
distintos
operadores
jurídicos
y la
sociedad
en
general.
No
obstante,
dicha
reforma
debería
hacerse
tras
un
previo,
profundo
y
detallado
análisis
de
cada
uno
de
los
problemas
que
presenta
la
administración
de
justicia,
de
sus
causas
y de
las
soluciones
a
los
mismos,
con
el
consenso
de
las
fuerzas
políticas
así
como
de
los
diversos
agentes
y
profesionales
que
intervenimos
en
ella,
con
absoluto
respeto
al
ciudadano
y a
sus
derechos
y
con
el
compromiso
político
de
dotar
a
dicha
reforma
de
todos
los
medios
materiales,
personales
y
estructurales
necesarios
para
su
efectividad
y la
correspondiente
previsión
presupuestaria.
Lo
que
no
cabe
es
pretender
agilizar
la
justicia,
reducir
la
litigiosidad
y
descongestionar
los
juzgados
a
costa
de
la
indefensión
de
millones
de
ciudadanos, a los que se priva del acceso a la
tutela
judicial
efectiva
mediante
la
imposición
generalizada
de
las
tasas,
cuyo
efecto
disuasorio
y
fin
puramente
recaudatorio
se
han
evidenciado,
o
mediante
la
privatización
de
ciertos
servicios,
con
el
consiguiente
coste
para
el
ciudadano
(como
se
pretende
con
proyectos
de
Ley
de
Jurisdicción
Voluntaria,
de
reforma
del
Registro
Civil
y de
reforma
de
la
LEC
y
con
la
Ley
de
Seguridad
Privada),
pues
desjudicializar
ciertas
materias
no
tiene
por
qué
suponer
privatizarlas,
pudiéndose
encomendar
a
funcionarios
públicos
e
invertir
en
medios
para
la
prestación
pública
y
gratuita
de
dichos
servicios.
Tampoco cabe alegar o
esgrimir
la
seguridad
como
coartada
para
limitar
la
protesta
y
las
garantías
democráticas
ni
vulnerar
derechos
fundamentales
o
restringir
su
ejercicio
como
respuesta
a
concretas
situaciones
o
casos
ocurridos, a golpe
de
titular,
como
se
pretende
con
los
proyectos
de
Ley
Orgánica para
la
Protección
de
la
Seguridad
Ciudadana,
de
Ley
Orgánica
de
reforma
del
Código
Penal
y
de
Ley
Orgánica
del
Estatuto
de
la
víctima
del
delito.
Y,
por
supuesto,
tampoco
cabe
proceder
a
una
ruptura
y
cambio
radical
de
todo
el
sistema
sin
tener
unos
objetivos
claros
para
mejorar
la
justicia
y
sin
contar
con
la
opinión
de
los
profesionales
y
colectivos
afectados,
imponiéndose
un
control
excesivo
y
restringiendo
la
independencia,
todo
lo
cual
se
puede
apreciar
en
el
Anteproyecto
de
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial,
en
el
proyectado
Código
Procesal
Penal y
en
el
Anteproyecto
de
Ley
de
Servicios
y
Colegios
Profesionales.
De
todas
estas
reformas
legislativas,
dos
ya
se
han
aprobado
(Ley
de
Tasas
y
Ley
de
Seguridad
Privada),
cuatro
están
en
tramitación
parlamentaria
(reforma
Código
Penal,
Ley
Seguridad
Ciudadana,
Estatuto
de
la
víctima,
Ley
Jurisdicción
Voluntaria)
y el
resto
en
trámite
de
consultas,
por
lo
que,
además
de
requerir
la
derogación
de
aquéllas,
instamos
a
que
se
aproveche
la
oportunidad
del
tramite
parlamentario
o de
consultas
para
que,
en
consenso
con
los
distintos
grupos
parlamentarios
y
con
los
colectivos
implicados,
sin
uso
del
“rodillo
parlamentario”,
se
introduzcan
las
modificaciones
necesarias
para
la
efectiva
reforma
y
modernización
de
la
administración
de
justicia
entendida
como
servicio
público
cercano
y
accesible
a
todos
los
ciudadanos,
con
medios
e
independiente,
y
para
el
debido
respeto
a la
libertad
de
expresión
y
derecho
de
manifestación,
esenciales
en
una
democracia.
Desde
la
Confederación
Española
de
Abogados
Jóvenes
y
las
Agrupaciones
que
la
integran,
velaremos
para
que
así
sea.
Manifiesto
completo
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www.ceaj.es
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