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 Reconoce
haber
dormido
poco
tras
la
noche
electoral
del
miércoles.
Su
teléfono
móvil
está
lleno
de
mensajes
y
este
periodista
ha
tenido
la
fortuna
de
hablar
con
él a
mitad
de
la
tarde
de
ayer.
Se
le
nota
a
José
Joaquín
Gallardo,
decano
electo
del
Colegio
de
Abogados
de
Sevilla,
contento
pero
cansado.
Inicia
su
quinto
mandato
al
frente
de
la
entidad
colegial;
veinte
años
como
decano
y
otros
ocho
como
secretario
de
la
Junta
de
Gobierno
son
sus
poderes.
“Creo
que
parte
del
éxito
está
en
la
empatía
especial
que
existe
entre
ellos
y
nuestra
labor.
Esta
relación
especial
se
ha
generado
a lo
largo
de
estos
años
y
los
mandatos
que
llevo
ejerciendo
como
decano.
Ellos
nunca
me
han
defraudado
en
las
diferentes
citas
electorales
a
las
que
me
he
presentado
y un
servidor
se
ha
esforzado
al
máximo
para
no
defraudar
su
confianza”,
comenta.
A lo
largo
de
esta
entrevista
profundizamos
en
este
talante
de
este
jurista
volcado
al
mundo
colegial
desde
hace
años,
cuestión
que
le
ha
permitido
conocer
a
mucha
gente,
incluso
al
actual
Ministro
Catalá:
“el
talante
del
nuevo
Ministro
y su
equipo
del
que
se
está
rodeando
ofrece
cierta
esperanza
de
cambio.
Confiemos
que
se
abra
un
tiempo
de
sensatez;
de
diálogo
y
que
pueda
conducirnos
al
citado
Pacto
de
Estado
por
la
Justicia”,
apunta.
En primera
persona
“Los resultados
ahí
están
con
una
participación
del
38
por
ciento
de
los
ejercientes
y un
15
de
los
no
ejercientes
nuestra
candidatura
ha
doblado
en
votos
al
siguiente
candidato.
Hemos
obtenido
un
total
de
2.213
votos,
contados
los
ejercientes
como
dobles
frente
a
1.059
de
Pablo
Ollero,
650
de
Tomás
Gamero,
461
de
José
Manuel
Carrión
y
342
de
Luis
Felipe
Pajares.
Al final de
un
censo
total
de
5.888
ejercientes
y
1.829
no
ejercientes
han
votado
2.252
ejercientes
y
274
no
ejercientes.
Fue
un
día
tranquilo
con
gran
participación
lo
que
me
congratula
como
abogado
y
decano.
Tengo que
reconocer
que
fue
una
noche
de
expectación
contenida.
Pronto
supimos
que
habíamos
ganado
de
nuevo
las
elecciones,
se
trataba
de
saber
la
distancia
que
íbamos
a
sacar
a
nuestro
competidor.
Cuando ya fui
proclamado
vencedor
vinieron
a mi
memoria
muchos
nombres
y
detalles
relacionados
con
el
ICAS,
también
para
algunos
que
ya
no
están
y
que
ayudan
a
crear
la
historia
de
la
institución.
Es posible
que
sea
uno
de
los
decanos
más
veteranos
de
los
83
existentes.
El
compañero
de
Huelva,
Juan
José
Domínguez,
colegiado
nuestro,
también
lleva
tiempo.
He
conocido
a
muchos
decanos
de
tantos
colegios
a lo
largo
de
estos
años
que
estar
en
primera
línea
da
un
poco
de
vértigo,
aunque,
a la
vez
especialmente
responsable.
Lo
poco
que
sé
de
este
oficio
de
decano
es
gracias
a
esos
compañeros
que
he
ido
conociendo”.
Sr. Gallardo,
¿por
qué
cree
que
los
abogados
sevillanos
le
han
vuelto
a
votar?
Creo que parte
del
éxito
está
en
la
empatía
especial
que
existe
entre
ellos
y
nuestra
labor.
Esta
relación
especial
se
ha
generado
a lo
largo
de
estos
años
y
los
mandatos
que
llevo
ejerciendo
como
decano.
Ellos
nunca
me
han
defraudado
en
las
diferentes
citas
electorales
a
las
que
me
he
presentado
y un
servidor
se
ha
esforzado
al
máximo
para
no
defraudar
su
confianza.
Arrancamos un
quinto
mandato,
situación
que
es
histórica,
sin
duda,
aunque
no
estamos
para
hacer
historia
sino
para
servirles
y
ayudarles.
Que
sepan
que
el
decano
es
el
primero
de
sus
servidores;
un
compañero
como
otros
pero
en
un
cargo
de
absoluto
servicio
tanto
para
el
joven
letrado
como
para
el
abogado
con
prestigio
profesional.
La proximidad
es
importante.
Como
decano
estoy
abierto
a
nuestros
abogados
colegiados
y
ellos
lo
sienten
así.
Es
una
satisfacción
personal
poder
ayudar
desde
el
decanato
a
tantos
profesionales.
Hay
que
hacer
un
esfuerzo
de
solidaridad
colegial
hasta
donde
podamos
llegar.
¿Y qué
prioridades
va a
poner
en
marcha
en
este
su
quinto
mandato?
En primer
lugar,
ver
la
manera
de
ayudar
a
los
compañeros
abogados
que
lo
están
pasando
mal.
La
situación
económica
ha
impactado
en
la
abogacía.
No
tenemos
datos
concretos
pero
con
el
contacto
directo
sabemos
quién
necesita
ayuda
económica
extrema.
Los
abogados
somos
clase
media
y
muchos
de
ellos
lo
están
pasando
mal.
En el ámbito
colegial,
de
la
justicia
potenciar
lo
servicios
que
tenemos
que
siempre
estén
a
punto
y
les
aporte
valor
añadido
a
los
compañeros
colegiados.
A
este
respecto
las
cuotas,
cumpliendo
promesa
electoral
se
reduce
a la
mitad
a
los
compañeros
con
menos
de
cinco
años
en
ejercicio
desde
el 1
de
enero.
A
los
restantes,
congelación
de
cuotas
y a
medio
plazo
reducción.
…
Por último,
en
el
terreno
externo
desde
el
CGAE
y
sus
contactos
con
el
Ministerio
de
Justicia
tenemos
que
impulsar
un
nuevo
Pacto
de
la
Justicia
como
el
que
el
exministro
Michavila
suscribió
en
el
2003.
Es
la
esperanza
que
la
justicia
puede
tener
solución.
Este Pacto
requiere
un
consenso
amplio
político
y
que
se
oigan
a
todos
los
agentes
implicados
que
están
en
la
administración
de
Justicia,
además
de
previsiones
económicas
importantes
a
medio
plazo
para
que
pese
a
las
elecciones
próximas
este
Pacto
no
entre
en
quiebra.
¿Le gusta
el
talante
del
nuevo
Ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá?
Le conocía
ligeramente
de
su
paso
por
el
Ministerio
del
propio
Michavila.
La
verdad
que
en
estos
veinte
años
he
conocido
a
muchos
políticos
y a
uno
le
entra
cierto
desánimo.
Sin embargo
el
talante
del
nuevo
Ministro
y su
equipo
del
que
se
está
rodeando
ofrece
cierta
esperanza
de
cambio
.Confiemos
que
se
abra
un
tiempo
de
sensatez;
de
diálogo
y
que
pueda
conducirnos
al
citado
Pacto
de
Estado
por
la
Justicia
 Usted ha
conocido
a
muchos
Ministros
de
Justicia,
¿Ha
sido
Gallardón
el
peor
de
la
historia
como
otros
colegas
suyos
dicen?
No me gusta
descalificar
a
nadie
a
pesar
de
que
a
veces
las
circunstancias
casi
te
obligan
a
hacerlo.
La
gestión
de
Gallardón
ha
sido
nefasta,
lamento
decirlo
porque
me
gusta
mantener
la
cortesía
siempre
que
se
pueda.
Creo que su
herencia
ahí
esta
y ha
dejado
peor
la
justicia
de
lo
que
estaba.
Ha
hecho
muchas
cosas
mal
y
sin
sentido.
¿Lo peor
de
su
gestión
era
impulsar
la
Ley
de
Tasas
Judiciales?
Es una de las
medidas
más
contrarias
al
sentido
común
y al
de
la
justicia.
Es
un
problema
sangrante
que
muchos
ciudadanos
están
sufriendo.
De
hecho
antes
de
esta
reforma
muchas
grandes
empresas
pagaban
tasas
por
acto
administrativo
de
silencio,
elevadas,
cercanas
al
millón
de
pesetas,
se
vieron
exentas
en
un
último
momento
en
el
Senado
de
ellas.
Junto a ello,
cargo
con
las
tasas
a la
ciudadanía
para
compensar.
No
entiendo
esta
Ley
de
Tasas
que
estamos
padeciendo.
Es
una
de
las
decisiones
más
equivocadas
que
han
configurado
el
fracaso
político
de
Gallardón.
Desde el
ICAS
hay
relaciones
con
la
Junta
de
Andalucía,
¿En
qué
estado
se
encuentran?
Las relaciones
con
el
presidente
del
TSJA,
Lorenzo
del
Rio
y el
Consejero
de
Justicia,
Emilio
de
Llera
son
muy
buenas
a
nivel
personal
e
institucional.
Sin embargo
con
la
Junta
de
Andalucía
tenemos
un
problema
grave
en
Sevilla
que
es
el
de
las
infraestructuras
judiciales.
Necesitamos
con
urgencia
que
se
adecenten
y
contar
con
más
juzgados
y
jueces
para
descolapsar
la
justicia.
Desde hace
quince
años
que
se
produjeron
las
transferencias
autonómicas
la
situación
de
la
justicia
en
Andalucía
ha
ido
a
peor.
De
hecho
sigue
pendiente
el
tema
de
la
Ciudad
de
la
Justicia
en
Sevilla,
capital
del
sur,
necesaria
para
gestionar
mejor
los
recursos
existentes.
Creo
que
nunca
nos
han
tomado
en
serio
con
este
tema.
¿Es importante
el
colapso
en
Sevilla,
ciudad
de
la
justicia?
La verdad que
con
respecto
a
otras
provincias,
sí.
Lo
primero
que
habría
que
hacer
es
mejorar
las
instalaciones
judiciales
existentes.
Las
dependencias
en
las
que
se
administra
justicia
en
Sevilla
capital
son
lamentables.
No
creo
que
exista
una
gran
capital
como
la
nuestra
tan
mal
en
ese
sentido.
Hay dilaciones
en
lo
laboral
a
cuatro
años
vista
mientras
que
los
juzgados
de
lo
mercantil
están
absolutamente
colapsados.
Situaciones
inimaginables
en
ningún
servicio
público.
Da
la
sensación
que
los
políticos
ven
la
justicia
como
un
problema
y no
como
un
servicio
al
ciudadano.
¿Fue acertado
transferir
las
competencias
de
justicia
a
Andalucía?
A nivel general
no
fue
acertado
se
ha
perdido
la
unidad
de
acción
en
nuestra
justicia
con
tantas
transferencias.
Todos
recordamos
la
sentencia
del
Constitucional
que
avalaba
esas
transferencias.
De todas formas
ningún
servicio
esencial
debe
tener
cogestión
con
varios
interlocutores.
En
nuestra
justicia
se
encuentra
el
Ministerio;
CGPJ
y
las
CCAA
lo
que
hace
que
no
sea
sencillo
gobernar
la
actividad
desde
el
punto
de
vista
de
la
gestión.
Ahora
padecemos
este
error
en
Andalucía
y en
toda
España.
Volviendo
de
nuevo
al
ICAS;
como
Colegio
de
Abogados
y en
el
marco
de
una
futura
Ley
de
Servicios
y
Colegios
Profesionales
¿tendrán
que
cambiar
mucho
estas
entidades
en
el
futuro?
Creo que el
panorama
no
es
tan
complejo
como
se
dice;
hay
muchos
abogados
que
se
dan
cuenta
que
el
colegio
les
es
útil,
esencial
que
le
presta
servicios
y
que
tiene
la
sensación
que
es
suyo.
Junto a ellos
hay
otro
grupo
que
es
más
crítico
sobre
todo
por
el
desconocimiento
de
lo
que
es
su
colegio.
La
crítica
es
generalizada
a
los
colegios
profesionales
y a
su
obligatoriedad
de
colegiación.
Lo
que
sucede
es
que
nunca
se
han
acercado
para
utilizarla.
Colegios como
el
de
Sevilla
necesitarían
reformas
muy
pequeñas.
Creo
que
nos
adaptaríamos
de
forma
sencilla
al
texto
de
la
ley
que
usted
antes
citaba.
Ley
que
no
nos
gusta
porque
afecta
al a
autonomía
de
los
colegios
y
producen
injerencias.
Lo cierto es
que
los
colectivos
profesionales
venimos
sufriendo
falta
de
respeto
desde
siempre
por
parte
de
todos
los
partidos
políticos.
En
España
ningún
partido
político
respeta
a
los
profesionales;
a
esa
clase
media
que
se
dedica
a
ejercer
profesionales
liberales.
De ahí que
ahora
nos
quieran
controlar
más
allá
de
lo
razonable
sin
ninguna
necesidad
y
legitimidad
ninguna.
Igual
pasa
con
la
reducción
de
cuotas
colegiales
una
cantidad
mínima
lo
que
nos
obligaría
a
hacer
ciertos
encajes
para
asumirlo.
¿Cómo ha
visto
la
evolución
del
CGAE
en
estos
veinte
años
últimos?
Es posible
que
el
CGAE
tenga
un
problema
de
imagen
ante
los
abogados.
Nos
corresponde
a
nosotros,
los
consejeros,
explicarles
que
es
una
institución
fundamental
en
la
defensa
de
nuestros
intereses.
Es
algo
distante
porque
no
tiene
la
proximidad
del
colegio
pero
es
fundamental.
Sin un CGAE
serio,
responsable
e
interlocutor
válido
ante
los
poderes
estatales
estaríamos
aún
más
maltratados
por
parte
de
nuestros
políticos.
Quien
cuestiona
su
labor
no
sabe
lo
que
se
hace
en
su
interior.
Tanto
los
Consejos
Autonómicos
como
el
CGAE
son
otro
escalón
al
servicio
de
la
abogacía.
La labor de
Carlos
Carnicer
y de
quienes
se
ocupan
más
directamente
de
la
gestión
del
CGAE
es
muy
positiva
a
todos
los
niveles
y
encomiable.
Hay un equipo
directivo
de
mucha
categoría
que
está
lidiando
ahora
con
cuestiones
complejas
como
las
reformas
que
están
pendientes
en
la
justicia
gratuita;
el
impacto
de
las
tasas
judiciales
y el
papel
de
la
propia
abogacía
en
esas
reformas.
¿Sigue
siendo
útil
el
modelo
actual
de
83
Colegios
de
Abogados?
Es fundamental
mantenerlo
por
razones
de
proximidad
de
los
órganos
judiciales.
Creo
que
la
estructura
colegial
es
perfecta.
De
hecho
el
modelo
permite
que
allá
donde
estén
centros
decisorios
de
justicia
coexiste
un
Colegio
de
Abogados
a su
lado.
Lo
contrario
sería
muy
malo
para
la
profesión
de
abogado. | 
