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 Este pasado
miércoles
22
de
octubre
se
celebró
en
Zaragoza
en
el
espacio
IBERCAJA
ZENTRUM
la
primera
jornada
de
“Videovigilancia
y
protección
de
datos
tras
la
nueva
ley
de
seguridad
privada”
en
lo
que
pretende
ser
una
cita
anual
en
este
ámbito
de
la
seguridad
y
las
nuevas
tecnologías.
La
Asociación
Profesional
Española
de
Privacidad
(APEP)
convocó
a
numerosos
profesionales
para
reflexionar
y
debatir
sobre
los
aspectos
legales
y
prácticos
de
la
instalación
de
sistemas
de
videovigilancia,
sobre
todo
en
lugares
públicos,
y su
impacto
en
la
ciudadanía.
Inauguró la
Jornada
Iciar
Alonso
Ollacarizqueta,
Jefa
del
Servicio
de
Nuevas
Tecnologías
y
Sociedad
de
la
Información
del
Gobierno
de
Aragón
quien
recordó
cómo
las
nuevas
tecnologías
y la
gran
cantidad
de
datos
personales
que
poseen
las
empresas
han
creado
la
necesidad
de
dotar
a
las
Administraciones
Públicas,
garantes
de
los
derechos
de
los
ciudadanos,
de
mecanismos
de
protección
plasmados
en
la
LOPD
para
que
las
empresas
respondan
a
cuestiones
tan
básicas
como
qué
datos
tienen
de
cada
uno
y
qué
van
a
hacer
con
ellos.
La primera
mesa
tuvo
como
título
El
impacto
de
la
Ley
de
Seguridad
privada
en
la
protección
de
datos:
ficheros
privados
y
aquí
Ricard
Martínez,
presidente
de
APEP,
expuso
el
lugar
que
ocupa
la
videovigilancia
en
nuestra
sociedad
y
cómo
los
cambios
normativos
que
se
han
producido
en
este
contexto
con
la
aprobación
de
la
Ley
5/2014,
de 4
de
abril,
de
Seguridad
Privada
y su
relación
con
la
Ley
Omnibus,
no
han
resuelto
problemas
de
interpretación
que
ya
venían
poniéndose
de
manifiesto
por
los
profesionales
del
sector
de
tal
forma
que
la
propia
Agencia
Española
de
Protección
de
Datos
tuvo
que
1/2006,
de 8
de
noviembre
sobre
el
tratamiento
de
los
datos
personales
con
fines
de
vigilancia
a
través
de
sistemas
de
cámaras
o
videocámaras,
para
clarificar
el
panorama
y
editar
una
Guía
específica
sobre
videovigilancia.
Continuó la
mesa
de
debate
con
la
intervención
de
Ignacio
Carrasco
Sayalero,
secretario
de
la
Asociación
Europea
de
Profesionales
para
conocimiento
y
regulación
de
las
actividades
de
la
Seguridad
Ciudadana
(AECRA)
haciendo
un
repaso
sobre
los
diferentes
dispositivos
que
pueden
captar
datos
personales,
la
seguridad
como
valor
de
la
justicia
y
factor
de
desarrollo,
el
por
qué
de
la
videovigilancia
y
los
límites
de
la
misma.
Concluyó
esta
primera
mesa,
Jorge
Herrero
Gastesi,
secretario
del
Colegio
territorial
de
administradores
de
fincas
de
Aragón
exponiendo
la
problemática
de
la
videovigilancia
en
las
comunidades
de
propietarios
y la
situación
de
incertidumbre
y de
inseguridad
jurídica
por
las
imprecisiones
normativas
que
vive
el
sector.
La segunda
sesión,
Videovigilancia
y
seguridad
ciudadana:
modelos
de
colaboración
público-privada,
comenzó
con
José
María
Rivera,
Fiscal
Jefe
del
TSJA,
explicando
en
qué
consisten
las
Comisiones
de
Garantías
de
la
Videovigilancia,
órgano
colegiado,
independiente
y
técnico
que
actúa
en
el
ámbito
territorial
autonómico,
compuesto
por
juristas
y de
carácter
consultivo.
El ponente
recomendó
la
lectura
de
un
estudio
realizado
por
Dª
Asunción
De
la
Iglesia
Chamarro
y
que
puede
leerse
en
el
siguiente
enlace.
Acompañaba
la
mesa
Fernando
Zubiri
de
Salinas,
magistrado
del
TSJA,
quien
mostró
su
preocupación
por
la
necesidad
de
equilibrar
los
sistemas
de
seguridad
y
los
derechos
de
los
ciudadanos,
criticando
la
tentación
del
legislador
de
legislar
a
golpe
de
telediario
siendo
lo
recomendable
abordar
este
tema
desde
el
equilibrio
y la
serenidad.
Concluyó su
exposición
con
cuestiones
no
aclaradas
por
la
normativa
actual
como
¿qué
ocurre
con
los
municipios
que
no
tienen
policía
municipal
y
que
desean
instalar
sistemas
de
videovigilancia
en
lugares
públicos
siendo
que
la
Guardia
Civil,
dada
la
escasez
de
medios,
no
puede
encargarse
de
forma
plena?
o
¿qué
ocurre
con
los
sistemas
que
se
instalan
para
vigilar
el
tráfico
y
que
pueden
desviar
su
objetivo
hacia
otros
fines?.
Como
representante
del
sector
de
la
seguridad
pública,
Pedro
Rodríguez,
jefe
de
la
Sección
de
Seguridad
Privada
de
la
Comisaría
provincial
de
Zaragoza,
abordó
el
papel
de
la
Policía
en
el
ámbito
de
la
seguridad
y
los
diferentes
sistemas
y
mecanismos
de
los
que
disponen
para
la
vigilancia
de
la
seguridad
ciudadana,
así
como
la
necesidad
de
colaboración
público-privada,
en
algunas
situaciones
concretas
(espectáculos
públicos,
etc…).
En la tercera
y
última
sesión,
Gemma
Galdón
Clavell,
analista
de
políticas
públicas
en
Éticas
Consulting,
puso
el
colofón
a la
Jornada
haciendo
una
excelente
exposición
del
impacto
que
tienen
estos
sistemas
de
videovigilancia
en
la
ciudadanía,
con
ejemplos
de
diversos
estudios
realizados,
y la
necesidad
de
incrementar
los
análisis
sobre
su
viabilidad
y
utilidad
real
por
parte
de
las
Administraciones
Públicas
que
deciden
su
instalación.
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