|
La
reforma
propuesta
por
el
Gobierno
supone
el
reconocimiento
implícito
de
la
ilegalidad
de
la
situación
actual,
denunciada
reiteradamente
por
el
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española
El
Gobierno,
a
través
del
Grupo
Parlamentario
del
PP
en
el
Congreso,
ha
iniciado
la
modificación
de
la
Ley
de
Extranjería
usando
el
mecanismo
impropio
de
la
reforma
de
la
Ley
de
Seguridad
Ciudadana
y
proponiendo
un
“nuevo
procedimiento
de
alejamiento
del
territorio”,
que,
recuperando
viejas
denominaciones
y
regulaciones
ya
utilizadas
en
las
fronteras
aeroportuarias,
denomina
“rechazo
en
las
fronteras
de
Ceuta
y
Melilla”. Cualquier
reforma
debería
contar
con
la
contribución
de
las
autoridades
europeas
ya
que
afecta
a
fronteras
exteriores
de
la
UE
La
reforma
se
presenta
como
un
intento
de
“legalizar”
la
actuación
de
las
autoridades
españolas
y
sus
agentes
en
las
vallas
de
Ceuta
y
Melilla,
reconociendo
implícitamente
la
ilegalidad
de
la
situación
actual.
Desde
el
CGAE
se
señala
que
ya
existen
en
la
Ley
de
Extranjería
otros
procedimientos
previstos
legalmente
para
reaccionar
frente
a
los
intentos
de
entrada
irregulares
–procedimiento
de
devolución
o de
denegación
de
entrada-
aplicados
en
los
supuestos
de
llegadas
de
pateras
o de
control
de
personas
en
puesto
fronterizo.
Sin
embargo,
no
parece
inapropiado
tratar
de
elaborar
un
procedimiento
específico
para
estos
supuestos
excepcionales
de
cruces
irregulares
de
las
fronteras
de
Ceuta
y
Melilla.
Sin
embargo,
la
vía
escogida,
la
reforma
de
la
Ley
de
Seguridad
Ciudadana,
no
es
la
más
idónea
para
un
tema
que
merece
el
máximo
y
sosegado
análisis
y
discusión.
Para
el
máximo
organismo
de
representación
de
la
abogacía
hubiera
sido
más
adecuado
que
en
su
lugar,
parecería
más
adecuado
haber
planteado
abierta
y
directamente
la
reforma
de
la
Ley
de
Extranjería.
En
todo
caso,
nuestro
ordenamiento
legal
y
constitucional
regula
obligatoriamente
el
respeto
en
cualquier
procedimiento
administrativo,
también
en
la
materia
de
extranjería,
de
las
garantías
jurídicas
esenciales
y
especialmente
en
lo
relativo
a la
audiencia
del
interesado
y
motivación
de
las
resoluciones.
Desde
el
CGAE
se
insiste
en
que
No
se
discute
la
potestad
del
Estado
de
controlar
los
accesos
por
las
fronteras
y de
permitir
el
paso
solo
a
quien
legítimamente
tenga
reconocida
tal
posibilidad,
sino
el
derecho
de
todo
ser
humano
a
ser
escuchado
con
las
debidas
garantías
y
dentro
de
un
procedimiento
ordenado.
Es
un
mandato
constitucional
que
obliga
a
todos
los
poderes
del
Estado
y
que
a
todos
nos
atañe.
No
defendemos
una
política
de
fronteras
abiertas,
sino
tan
sólo
el
respeto
de
derechos
y
garantías
esenciales
en
un
Estado
de
Derecho.
Quien
tenga
que
ser
rechazado,
devuelto
o
expulsado,
porque
evidentemente
ha
cruzado
la
frontera
por
donde
no
debía
y
sin
los
documentos
precisos,
que
lo
sea
con
todas
las
garantías
y
respetando
siempre
los
procedimientos.
Pero
a
quien
venga
a
pedir
asilo
porque
procede
de
un
país
al
que
no
puede
volver
porque
teme
fundadamente
por
su
vida,
o
porque
es
un
menor
en
situación
de
desamparo,
o
una
mujer
amenazada,
las
leyes
internacionales
y
las
propias
obligan
a
recibirlo
y
admitirlo.
Desde
esta
entidad
se
tiene
claro
que
es
necesario
ampliar
los
CETIS
y
también
crear
centros
de
detención
dignos
donde
quienes
pasen
la
frontera
puedan
permanecer
el
máximo
de
72
horas
que
permite
la
Ley
esperando
la
resolución
o el
permiso.
Y
desde
luego
son
necesarios
para
las
Fuerzas
y
Cuerpos
de
Seguridad
del
Estado
unos
protocolos
claros
de
actuación.
En
la
búsqueda
de
estas
soluciones
deberá
recabarse
la
contribución
de
las
instituciones
de
la
UE,
pues
estamos
hablando
de
fronteras
exteriores
de
la
Unión
Europea.
La
entrega
de
cualquier
persona,
cuando
así
proceda,
a
las
autoridades
marroquíes
debe
hacerse
siempre
con
las
garantías
jurídicas
que
ofrece
el
Estado
de
Derecho.
Solo
de
esta
manera,
cumpliendo
con
un
trato
acorde
con
la
dignidad
de
los
seres
humanos,
España
podrá
tener
el
respeto
de
la
Comunidad
europea
e
internacional
y el
de
sus
propios
ciudadanos. |