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 El subsecretario de Presidencia
del
Gobierno,
Jaime
Pérez
Renovales,
ha
subrayado
que
el
Ejecutivo
central
está
aplicando
medidas
para
"prestar
los
mismos
o
mejores
servicios
con
menos
gasto
para
los
ciudadanos",
para
lo
que
se
están
ejecutando
iniciativas
para
ajustar
la
eficiencia
de
las
instituciones
y se
está
trabajando
en
la
planificación
conjunta
para
evitar
disfunciones
entre
todas
las
Administraciones
Públicas.
Pérez Renovales se ha pronunciado
de
esta
manera
durante
la
ponencia
La
Reforma
de
las
Administraciones
Públicas:
lo
ya
hecho,
retos
pendientes...
que
ha
ofrecido
ayer
lunes
en
el
Foro
X
las
Oportunidades,
que
celebra
Olleros
Abogados,
junto
a
Abante
Asesores
y la
Universidad
Carlos III
de
Madrid,
y en
el
que
han
participado
más
de
70
personas,
entre
ellas,
el
socio
fundador
de
Olleros
Abogados,
Jaime
Olleros,
el
presidente
de
Abante
Asesores,
Santiago Satrústegui,
y
empresarios,
juristas
o
miembros
de
instituciones
públicas.
Miguel Gordillo, Of Counsel de
Olleros
Abogados,
ha
sido
el
encargado
de
presentar
a
Jaime
Pérez
Renovales,
de
quien
ha
destacado
el
carácter
de
servidor
público
y su
experiencia
en
el
sector
privado.
Jaime Pérez Renovales ha explicado
durante
su
intervención
que
el
Gobierno
se
ha
centrado
en
aplicar
medidas
para
solucionar
los
problemas
detectados,
entre
los
que
se
ha
referido
a la
diferencia
entre
el
gasto
público,
que
en
España
supone
el
44,4%
del
PIB
-cinco
puntos
por
debajo
de
la
media
europea-
y el
nivel
de
ingresos,
que
en
nuestro
país
es
10
puntos
inferior
a la
media
de
la
Eurozona.
El titular de la Subsecretaría
de
Presidencia
también
se
ha
referido
a la
evolución
del
empleo
público
y ha
apuntado
que
de
2007
a
2011
en
España
se
crearon
316.000
puestos
de
trabajo
en
el
sector
público
y se
destruyeron
más
de
2,5
millones
en
el
privado.
Este
patrón
se
ha
dado
la
vuelta,
como
lo
reflejan
los
datos
de
la
última
Encuesta
de
Población
Activa,
de
acuerdo
con
la
cual
en
el
último
año
se
han
creado
291.600
empleos
en
el
sector
privado
mientras
que
en
el
sector
público
han
descendido
ligeramente.
De
esta
forma,
ha
indicado,
ya
“no
se
utiliza
el
sector
público
como
mecanismo
de
creación
de
empleo
anticíclico",
sino
que
se
seguirán
contratando
las
personas
necesarias
para
prestar
los
servicios
que
demandan
los
ciudadanos.
"El objetivo de las reformas es
aumentar
la
eficiencia
del
gasto",
ha
asegurado
el
también
presidente
de
la
Comisión
para
la
Reforma
de
las
Administraciones
Públicas
(CORA),
quien
ha
apuntado
a
los
"severos"
planes
de
ajustes
que
están
aplicando
las
Comunidades
Autónomas,
que
han
suprimido
el
33%
de
entidades
para
ponerse
en
niveles
de
2003.
En la misma línea, ha resaltado
que
las
administraciones
locales
están
suprimiendo
el
21%
de
entidades
para
situarse
en
niveles
de
2001
y la
mayoría
de
ayuntamientos
tiene
superávit.
Lo
necesario,
ha
dicho,
es
evitar
en
el
futuro
el
desorden
de
finanzas
que
nos
encontramos
hace
tres
años.
Según
ha
asegurado,
esto
se
consigue
con
normas
como
la
Ley
de
Estabilidad
Presupuestaria
y de
Sostenibilidad
Financiera
y la
Reforma
Local,
que
apuesta
por
sistemas
de
gestión
conjunta
entre
varias
administraciones,
como
por
ejemplo
en
el
caso
de
las
diputaciones,
las
cuales
deben
tener,
a su
juicio,
“la
estructura
administrativa
mínima
imprescindible”.
Jaime Pérez Renovales se ha
referido
a la
situación
en
Cataluña,
afirmando
que
el
Gobierno
se
ha
visto
abocado
a
impugnar
la
consulta
alternativa
del
9N
porque
lo
que
inicialmente
se
planteó
como
una
"especie"
de
proceso
participativo
se
ha
convertido
en
una
consulta
pública
refrendaria.
Pérez
Renovales
ha
criticado
que
la
Generalitat
esgrima
la
falta
de
un
decreto
de
convocatoria
como
argumento
para
señalar
que
no
hay
ninguna
ilegalidad
y,
por
tanto,
nada
impugnable,
y ha
recalcado
que
se
pretende
hacer
una
consulta
oficial
pero
sin
los
actos
legales
que
dan
más
garantías
al
proceso,
para
evitar
su
impugnación.
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