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Ve discriminatorio
que
entidades
publicas
no
tengan
que
pagar
tasas
judiciales,
discriminatorio
para
las
empresas
privadas
La CNMC
efectúa
una
serie
de
observaciones
en
relación
con
ciertos
elementos
que
afectan
a
las
reservas
profesionales
de
actividad,
a la
existencia
de
barreras
de
acceso
a la
Administración
de
Justicia
y a
la
aplicación
del
Derecho
comunitario
por
los
órganos
jurisdiccionales.
Considera
que
la
futura
norma
no
supone
una
ruptura
con
la
regulación
actual.
Competencia
señala
mejor
usar
la
legislación
ordinaria
sectorial
en
lugar
de
la
Ley
Orgánica
para
este
tipo
de
asuntos.
la
CNMC
considera
que
sería
favorable
para
la
competencia
que
el
texto
del
Anteproyecto
recogiese
la
posibilidad
de
que
los
abogados
y
los
procuradores
pudieran
ejercer
simultáneamente
ambas
profesiones,
sin
necesidad
además
de
estar
colegiados
en
ambos
Colegios
profesionales
sino
solo
en
uno.
La Comisión
Nacional
de
los
Mercados
y la
Competencia
ha
publicado
su
informe
sobre
el
Anteproyecto
de
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
(APLOPJ),
una
norma
que
sustituirá
íntegramente
a la
Ley
Orgánica
6/1985,
de 1
de
julio,
del
Poder
Judicial
actualmente
vigente.
La
CNMC
considera
que,
a
pesar
del
alcance
de
la
reforma,
el
texto
del
Anteproyecto
no
supone
una
ruptura
radical
con
la
regulación
actual.
A pesar de
que
la
CNMC
considera
que,
sin
desdeñar
el
impacto
de
una
reforma
de
este
tipo
sobre
la
competitividad
de
la
economía,
el
texto
proyectado
afecta
sustancialmente
a la
potestad
organizativa
de
la
Administración
de
Justicia.
No
obstante,
se
realizan
algunas
observaciones
desde
el
punto
de
vista
de
la
competencia
y la
regulación
económica
eficiente.
Respecto a
las
reservas
profesionales
de
actividad,
la
CNMC
pone
en
duda
el
hecho
de
que
una
Ley
Orgánica
sea
el
instrumento
normativo
adecuado
para
incluir
estos
aspectos,
y
aconseja
que
se
traten
a
través
de
la
legislación
ordinaria
sectorial.
Respecto a
los
abogados,
en
el
caso
del
asesoramiento
y
consejo
jurídico,
la
CNMC
señala
que
profesionales
o
asesores
jurídicos
podrían
prestar
estos
servicios
sin
estar
colegiados
ni
de
tener
la
condición
de
abogado,
a
diferencia
de
lo
que
ocurre
con
las
actividades
que
tradicionalmente
realizan
los
abogados,
como
son
la
dirección
y
defensa
en
los
procesos.
Por
ello,
recomienda
concretar
estos
aspectos
para
no
extender
la
reserva
de
actividad
indebidamente
y
reducir
injustificadamente
la
competencia.
Con respecto
a
los
procuradores,
el
Anteproyecto
mantiene
una
reserva
de
actividad
a
favor
de
este
colectivo,
limitada
a la
representación
de
las
partes
en
los
procesos.
Esta
situación
difiere
de
las
posibilidades
de
representación
de
los
ciudadanos
y
empresas,
españolas
y
extranjeras,
ante
casi
todas
las
Administraciones
en
la
Unión
Europea
y
sin
necesidad
de
intermediarios.
La
posibilidad,
que
no
obligación,
de
representarse
sin
intermediarios,
tradicional
ante
las
Administraciones
Públicas,
permitiría
reducir
costes
a
empresas
y
particulares
y
favorecería
la
competencia
y la
eficiencia,
según
el
Informe
de
la
CNMC.
Respecto a la
obligación
de
colegiación,
con
el
fin
de
evitar
la
consolidación
y la
duplicidad
de
barreras
jurídicas
en
el
acceso
y
ejercicio
de
la
profesión
de
abogados
y
procuradores,
la
CNMC
recomienda
no
incluir
en
esta
norma
las
obligaciones
de
colegiación.
Igualmente,
debería
replantearse,
con
carácter
general,
la
obligatoriedad
de
colegiación
en
los
casos
de
aquellos
profesionales
(fundamentalmente
abogados)
que
prestan
sus
servicios
exclusivamente
para
las
Administraciones
Públicas.
Además, la
CNMC
considera
que
sería
favorable
para
la
competencia
que
el
texto
del
Anteproyecto
recogiese
la
posibilidad
de
que
los
abogados
y
los
procuradores
pudieran
ejercer
simultáneamente
ambas
profesiones,
sin
necesidad
además
de
estar
colegiados
en
ambos
Colegios
profesionales
sino
solo
en
uno.
En lo que
respecta
a
los
graduados
sociales,
el
Anteproyecto
establece
que
puedan
ejercer
la
representación
y
también
la
defensa
en
juicio,
aunque
solo
en
los
casos
de
jurisdicción
social.
La
CNMC
sugiere
que
se
valoren,
a
partir
de
los
principios
de
necesidad,
proporcionalidad
y no
discriminación,
los
motivos
para
no
ampliar
las
facultades
de
los
graduados
sociales,
en
especial
en
lo
referente
a la
representación,
a
otras
jurisdicciones
Otro de los
aspectos
en
que
incide
la
CNMC
es
en
la
posible
barrera
de
acceso
y
trato
discriminatorio
que
supone
tener
que
constituir
un
depósito
en
diferentes
supuestos,
compatible
además
con
las
tasas
exigidas
por
el
ejercicio
de
la
potestad
jurisdiccional.
El
Ministerio
Fiscal
y
las
Administraciones
Públicas,
incluyendo
sus
entidades
públicas
dependientes,
están
exentas
de
constituir
ese
depósito.
Algunas
entidades
públicas
pueden
competir
con
operadores
privados
en
diversos
mercados.
Por
ello,
la
CNMC
solicita
que
se
evalúe,
en
este
supuesto,
la
necesidad
y
proporcionalidad
de
mantener
esta
exención.
Finalmente,
respecto
a
los
recursos
que
se
pueden
imponer
frente
a
los
procedimientos
en
materia
de
defensa
de
la
competencia
en
la
aplicación
del
Derecho
comunitario,
la
referencia
a
los
artículos
del
TFUE
es
adecuada
pero
insuficiente.
La
CNMC
considera
que
no
aparece
una
mención
expresa
a la
competencia
que
también
ostentan
los
jueces
españoles
(normalmente
de
lo
contencioso-administrativo)
en
materia
de
aplicación
interna
de
los
artículos
107
y
108
del
TFUE
sobre
ayudas
de
Estado.
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