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Expertos en
la
materia
analizan
la
reforma
sobre
este
materia,
ahora
en
trámite
parlamentario
Desbancarizar
la
economía
española,
esa
ha
sido
la
idea
de
Luis
de
Guindos,
ministro
de
Economía
y
Competitividad
cuando
el
Consejo
de
Ministros
aprobó
recientemente
el
proyecto
de
ley
de
crowdfunding,
una
iniciativa,
ya
de
éxito
en
los
países
anglosajones
que
pretende
ayudar
a
proyectos
que
no
encuentran
financiación
bancaria
en
nuestro
país.
Como
una
de
las
principales
novedades
hay
que
citar
que
la
futura
reforma
distinguirá
entre
inversores
cualificados
y no
cualificados.
Los
primeros
son
aquellos
que
tienen
al
menos
una
renta
de
50.000
euros
al
año
y un
patrimonio
de
inversión
de
100.000
euros,
los
cuales
tendrán
libertad
total
de
financiar
proyectos.
Por
su
parte,
los
inversores
no
cualificados
podrán
invertir
hasta
un
máximo
de
10.000
euros
al
año,
con
un
límite
de
3.000
euros
por
proyecto.
Hemos
conversado
con
Ignasi
Costas
socio
de
Rousuad
Costas
Duran
(RDC),
Carlos
Blanco,
socio
director
de
Blanco
y
Silva
y
Josep
Castro,
abogado
y
economista
de
Fortuny
Legal
para
conocer
sus
impresiones
sobre
una
regulación
que
a
primera
vista
protege
en
exceso
al
inversor.
Habrá
que
ver
en
la
práctica
como
se
aplica
y
que
tipo
de
proyectos
acuden
a
esta
vía
de
financiación.
Ignasi Costas,
abogado
del
área
de
Innovación
&
Emprendimiento
de
Rousaud
Costas
Duran
(RCD)
aclara
algunos
aspectos
de
este
tema.
A su
juicio,
La
regulación
es
un
hecho
positivo
porque
el crowdfunding
supone
un
instrumento
para
la
dinamización
de
la
economía.
Permite
la
creación
y
financiación
de
empresas
y
hace
de
puente
entre
éstas
y un
nuevo
perfil
de
inversores
que
no
tienen
un
acceso
fácil
a
este
tipo
de
negocios.
Esta
regulación
lo
que
pretende
es
ofrecer
seguridad
jurídica
tanto
a
las
plataformas
de
financiación
como
a
sus
usuarios,
mediante
la
intervención
de
la
CNMV
y
así
reforzar
la
visibilidad
de
esta
forma
de
financiación.
Este
experto
deja
claro
que
no
es
una
regulación
completa:
Sólo
se
regulan
las
operaciones
que
permiten
un
retorno
económico
a
los
inversores:
el
equity
crowdfunding
(emisión
o
suscripción
de
acciones
o
participaciones)
y el
crowdlending
(concesión
de
préstamos
con
interés).
Sin
embargo,
no
se
regulan
plataformas
de
micromecenazgo
mediante
donaciones
o
préstamos
sin
interés.
Por
tanto,
no
es
una
norma
completa
porque
sólo
se
dirige
a
inversiones
con
expectativa
de
rentabilidad
económica.
Su
valoración
señala
que
el
actual
proyecto
de
ley
es
mejorable
pero
supone
un
gran
avance
respecto
al
anteproyecto
inicial,
al
enmendar
aspectos
que
podían
ser
un
freno.
Sería
bueno
que
su
redacción
definitiva
diera
respuesta
a
las
cuestiones
planteadas,
y
reforzara
su
capacidad
de
ser
un
instrumento
competitivo
para
la
atracción
de
inversores
internacionales
Llama poderosamente
la
atención
en
esta
reforma,
ahora
en
trámite
parlamentario
que
La
CNMV
tendrá
plenas
facultades
de
inspección
y
supervisión,
y en
el
crowdlending
contará
con
apoyo
del
Banco
de
España.
En
su
opinión
el
proyecto
de
Ley
dota
a
los
inversores
de
mecanismos
de
transparencia
de
las
plataformas,
de
las
empresas
que
soliciten
financiación
y de
las
condiciones
de
inversión,
lo
que
permitirá
proyectar
una
imagen
de
mayor
seguridad
y
confianza.
Sobre
los
límites
a la
inversión
Costas
revela
que
con
buen
criterio,
el
proyecto
de
ley
incorpora
la
figura
del
inversor
acreditado,
con
libertad
de
inversión,
y
que
incluye
tanto
a
empresarios
como
a
personas
físicas
que
cumplan
ciertos
criterios.
Por
ejemplo,
en
el
caso
de
personas
físicas,
se
prevé
que
deberán
tener
ingresos
anuales
superiores
a
50.000
€ o
un
patrimonio
financiero
superior
a
100.000
€, y
solicitar
su
reconocimiento
como
inversor
acreditado.
Para
los
no
acreditados,
sí
se
mantienen
límites
de
inversión:
3.000
€
por
proyecto
y
10.000
€ en
el
conjunto
de
proyectos,
de
una
o
diferentes
plataformas,
en
un
periodo
de
12
meses.
Respecto al
tope
que
se
establece
para
los
proyectos
que
soliciten
financiación,
nuestro
experto
recuerda
que
para
las
empresas
que
quieran
financiarse
a
través
de
estos
instrumentos,
se
establece
un
máximo
de 2
millones
de
euros
anuales,
en
una
o
diferentes
rondas
de
financiación.
Estos
límites
económicos
son
aún
bajos,
y
quedan
lejos
de
los
existentes
en
otros
países.
El
legislador
los
justifica
porque
considera
que
no
es
posible
eliminar
los
riesgos
que
tienen
los
inversores
frente
a
los
promotores,
y se
deben
dar
herramientas
a
los
primeros
para
poder,
al
menos,
mitigar
y
gestionar
dichos
riesgos.
Esta
explicación
deja
entrever
cierta
desconfianza
hacia
esta
forma
de
financiación,
por
lo
que
ha
sido
calificada
de
“paternalista”
por
voces
del
sector.
Sobre
quién
es
el
responsable
de
aportar
la
información
las
plataformas
o
las
empresas
que
alojan
en
ellas
sus
proyectos,
señala
que
el
anteproyecto
inicial
hacía
responsables
a
las
plataformas
frente
a
los
inversores
por
la
información
remitida
por
los
promotores
y
publicada
en
la
página
web.
Esto
podía
suponer
un
foco
importante
de
litigiosidad,
considerando
el
riesgo
inherente
a
estos
proyectos.
Este
hecho,
unido
a la
falta
de
concreción
de
la
información
del
proyecto
que
se
debía
facilitar,
podía
suponer
un
freno
al
desarrollo
de
las
plataformas.
Ahora
El
proyecto
parece
liberar
de
esta
responsabilidad
a
las
plataformas,
aunque
impone
amplias
obligaciones
de
supervisión
e
información,
respecto
a
los
proyectos
y a
los
inversores.
Por
su
parte,
las
empresas
deberán
procurar
una
información
adecuada
a
los
inversores
de
su
proyecto,
que
les
permita
una
valoración
adecuada
Regulación
muy
proteccionista
del
inversor
Carlos Blanco
es
el
socio
director
Blanco
y
Silva,
http://goo.gl/EDCMmY,
abogado
y
economista
está
bastante
familiarizado
por
los
temas
de
crowdfunding
“
Quick
Starter
es
la
plataforma
más
conocida
a
nivel
mundial
de
un
fenómeno
anglosajón,
en
el
que
también
destacan
Indiegogo
y
Crowdfunder,
de
origen
norteamericanas.
Luego
el
fenómeno
se
ha
extendido
a
Europa
y ya
hay
alguna
plataforma
en
nuestro
país
como
Zencap,
originaria
de
Berlin,
y
xxx
del
grupo
Rocket
Internet
alemán
que
acaba
de
salir
a
bolsa
en
Frankfurt
y
que
es
una
mezcla
de
entre
un
fondo
de
venture
capital
y
una
incubadora
de
Internet.
Han
logrado
impulsar
con
dinero
propio
modelos
de
éxito
en
los
EEUU
y el
crowdfunding
es
una
de
sus
líneas
de
negocio”;
comenta.
De
hecho
la
reforma
legislativa
regula
la
puesta
en
marcha
de
dichas
plataformas.
“Normalmente
los
honorarios
de
plataforma,
intermediarios
entre
ambas
partes,
están
en
función
del
dinero
captado
para
todos
los
proyectos”,
apunta.
A su
juicio
es
bastante
previsible
que
a
medio
plazo
surjan
plataformas
especializadas
para
financiar
determinados
proyectos.
Para este
experto
hay
que
reconocer
el
mérito
del
Gobierno
español
de
ser
uno
de
los
primeros
europeos
que
regule
esta
actividad.
“La
regulación
de
esta
actividad
es
complicada;
se
trata
de
mantener
un
equilibro
difícil
entre
el
fomento
de
la
financiación
a la
pyme
y la
protección
de
los
derechos
de
los
inversores
minoritarios.
Dicho
esto
creo
que
hay
un
exceso
de
protección
a
los
inversores
que
puede
llegar
a
desvirtuar
lo
que
es
el
crowdfunding”;
La
norma
diferencia
entre
inversores
acreditados,
expertos
y
los
no
profesionales.
“Para
estos
segundos
se
limita
su
participación
a
3000
euros
en
un
proyecto
y
10.000
en
un
año,
esto
hace
que
los
proyectos
que
vayan
a
crowdfunding
sean
sencillos
o
estén
en
sus
primeras
fases”
indica
Blanco.
Al
final
el
inversor
de
estos
proyectos
es
el
particular
que
dispone
de
un
dinero
que
puede
invertir
en
este
como
en
otros
proyectos
similares.
“Es
posible
que
los
últimos
escándalos
financieros
haya
hecho
más
control
a
este
mercado
emergente.”
Blanco recuerda
que
montar
una
plataforma
de
crowdfunding
requiere
unos
fondos
propios
y
tendrá
la
supervisión
de
la
CNMV.
Son
intermediarios
entre
el
inversor
y el
proyecto
que
busca
financiación:
“Hay
dos
modalidades
uno
para
deuda,
crowdlending
que
también
tiene
la
supervisión
del
Banco
de
España
lo
que
da
ciertas
garantías.
“.
En
esa
web
el
usuario
tiene
el
listado
de
los
proyectos
en
los
que
quiere
invertir.
Se
selecciona
el
proyecto
y
con
las
condiciones
de
renta
que
tiene
el
potencial
inversor
se
le
ofrecen
las
posibilidades
de
inversión.
Se
hace
la
transferencia
bancaria
en
primer
lugar
y
luego
la
plataforma
hace
llegar
ese
dinero
al
proyecto
en
concreto”,
aclara
nuestro
entrevistado.
Con
ese
dinero
el
inversor
adquiere
participaciones
de
una
entidad
y si
te
decides
por
el
crowlending
uno
se
convierte
en
un
prestamista
de
esa
sociedad.
“Se
firma
un
contrato
electrónico
con
una
serie
de
condiciones
en
función
de
lo
que
se
adquiera.”
Importante
ver
como
se
aplica
la
legislación
Josep Castro,
es
abogado
y
economista
de
Fortuny
Abogados,
firma
legal
ubicada
en
Barcelona
y
que
en
su
momento
escribió
sobre
esta
reforma,
http://goo.gl/c2Qu44
.
“La
regulación
del
crowdfunding
se
encuentra
ahora
en
trámite
parlamentario
y de
enmiendas.
De
todas
formas
no
se
espera
un
cambio
sustancial
respecto
al
anteproyecto
que
hemos
conocido”,
apunta.
Coincide
con
Blanco
en
que
la
norma
es
proteccionista
con
el
inversor
aunque
habrá
que
ver
como
se
implementa
el
asunto
en
la
práctica.
“Su
regulación
es
innovadora
dentro
del
sector.
Para
los
inversores
institucionales
no
habrá
ningún
tipo
de
límite,
de
cara
a
los
minoristas
habrá
que
ver
qué
tipo
de
controles
se
van
a
instaurar.
“A
su
juicio
esta
actividad
tiene
relación
directa
con
la
prevención
del
blanqueo
de
capitales
y la
trazabilidad
y la
protección
de
los
datos.
“Estas
dos
actividades
las
tendrá
que
tener
muy
en
cuenta
el
despacho
de
abogados
asesor
tanto
de
la
plataforma
como
del
inversor
para
evitar
caer
en
cualquier
tipo
de
conducta
delictiva”.
Al
mismo
tiempo
otro
elemento
clave
de
estas
plataformas
es
la
seguridad
de
la
información
y de
sus
datos,
al
no
existir
tras
de
ellas
entidades
financieras
importantes.
Para este
experto
los
controles
son
férreos
y
habrá
que
ver
el
desarrollo
reglamentario
para
ver
cómo
queda
esta
norma
en
su
final.
“Junto
a
las
plataformas
anglosajonas
ya
punteras
irán
apareciendo
otras
propias
en
nuestro
país”
subraya.
En
su
opinión
aún
no
está
claro
que
las
entidades
financieras
apuesten
decididamente
por
el
crowdfunding
y
gestionen
sus
propias
plataformas
tecnológicas.
“Es
bastante
posible
que
el
concepto
de
banco
tradicional
cambie
por
la
irrupción
de
los
nativos
digitales
y
las
propias
entidades
financieras
tengan
el
componente
tecnológico
que
hoy
no
tienen.
Pese
al
escepticismo
que
hoy
tienen,
nadie
duda
que
a
medio
plazo
entrarán
en
el
mercado”,
comenta.
De
esta
iniciativa
quedan
excluidos
los
proyectos
de
mecenazgo
que
el
legislador
no
ha
tenido
en
cuenta
“se
ha
cerrado
la
puerta,
habitual
en
otros
países
a
las
microdonaciones,
por
lo
menos
de
momento,
tampoco
sabemos
por
qué”.
Le preguntamos
a
este
experto
si
para
hacer
atractivo
estas
inversiones
en
crowdfunding
no
hubiera
valido
buscar
deducciones
fiscales,
como
se
ha
hecho
para
otras
iniciativas
,
sobre
todo
de
cara
al
pequeño
inversor:
“Es
posible
que
se
pudiera
haber
buscado,
no
obstante
la
reforma
fiscal
actual,
también
en
trámite
parlamentario,
está
eliminando
muchos
incentivos
o
deducciones
de
estas
características.
Se
han
cambiado
algo
los
tipos
impositivos
pero
algunos
de
estos
incentivos
de
los
que
hablamos
han
desaparecido”,
añade.
Desde
su
punto
de
vista,
por
lo
menos
al
principio,
gracias
al
crowdfunding
se
podrán
financiar
iniciativas
relacionadas
con
el
mundo
digital.
“La
innovación
va a
estar
presente
en
este
tipo
de
servicios
profesionales,
tanto
a
nivel
tic
como
de
eficiencia
energética.
No
podemos
olvidar
que
muchos
de
los
emprendedores
de
hoy
en
día
son
nativos
digitales,”
concreta.
Para
este
despacho,
que
tiene
un
área
de
emprendeduría
e
innovación,
el
role
del
bufete
es
controlar
las
relaciones
contractuales
que
se
susciten
entre
las
partes
que
converjan
en
la
propia
plataforma
de
crowdfunding. |