“Aun me
acuerdo
lo
que
hacía
aquel
20
de
noviembre
del
2012.
Estaba
en
Madrid
y
valorábamos
junto
a mi
equipo
la
puesta
en
marcha
de
la
primera
concentración
sobre
las
tasas
judiciales
que
fue
en
Zaragoza.
También
en
esa
reunión
valoramos
interceder
ante
la
Defensora
del
Pueblo
para
que
interpusiera
recurso
de
inconstitucionalidad
sobre
las
propias
tasas.
La
aparición
de
la
ley
de
tasas
en
el
BOE
fue
un
mazazo
para
todos.”
Es
la
primera
reflexión
de
Carlos
Carnicer,
presidente
del
CGAE,
en
este
20N
que
hoy
compartimos
con
él.
Una
efeméride
bastante
más
tranquila
de
la
que
hace
un
año
porque
nuestro
interlocutor
cree
en
las
palabras
y
hechos
del
nuevo
Ministro
de
Justicia,
Rafael Catalá: “
De
todas
formas,
no
estamos
inactivos
y en
breve
se
pondrá
en
marcha
la
Comisión
Mixta
entre
ambas
entidades”,
comenta
a
este
periodista.
Con
Carnicer
hablamos
del
momento
que
vive
la
abogacía
en
un
entorno
de
crisis;
de
las
tasas
judiciales
y de
la
reforma
de
la
Justicia
Gratuita,
dos
cambios
legislativos
en
los
que
se
percibe
la
poderosa
mano
del
Ministerio
de
Economía
y
Competitividad,
incluso
por
encima
de
la
de
Justicia.
“No
queremos
que
nos
reintegren
el
dinero
de
las
tasas
judiciales
que
debería
ir a
Justicia
gratuita,
queremos
que
nuestros
compañeros
tengan
la
retribución
digna,
sin
los
atrasos
que
sufren”,
comenta.
Bajo
su
punto
de
vista
pese
a
que
queda
poco
tiempo
a
esta
legislatura
que
ya
camina
por
su
último
año,
habría
la
posibilidad
de
consensuar
las
reformas
por
el
procedimiento
de
urgencia
y en
Comisión
Única,
como
se
hizo
con
las
tasas.
Carnicer
se
muestra
prudente
con
lo
que
dice
y
espera
que
las
Tasas
Judiciales
sean
pronto
pasado
en
nuestra
historia
judicial.
Nuestro interlocutor
confiesa
que
el
impacto
de
las
tasas
judiciales
y el
efecto
que
producen
en
el
ciudadano
está
siendo
uno
de
los
momentos
más
complicados
de
su
gestión
como
presidente
del
CGAE.
“Era
el
momento
de
movilizar
a la
abogacía,
por
primera
vez
en
su
historia,
ante
una
ley
injusta
como
es
ésta
de
las
Tasas
Judiciales
que
quiebra
algunos
derechos
fundamentales
de
nuestra
Constitución
como
es
el
acceso
a
los
tribunales
y el
derecho
a
una
tutela
judicial
efectiva”,
comenta
Carlos Carnicer.
Dicho
esto
señala
la
satisfacción
que
produce
las
movilizaciones
que
Colegios
de
Abogados
y
los
propios
abogados
anónimos
han
llevado
a lo
largo
de
estos
dos
años.
“Los
barómetros
revelan
que
los
ciudadanos
valoran
mucho
el
trabajo
de
sus
abogados
y
que
si
hemos
salido
a la
calle
ha
sido
para
defender
sus
derechos
dañados.”,
apunta.
Hablamos con
él
en
este
20N,
día
clave
para
este
país
por
muchos
motivos
y
fijado
en
rojo
en
nuestra
abogacía
ante
la
entrada
en
vigor
de
las
tasas
judiciales
hace
dos
años.
El
presidente
de
los
abogados
atiende
antes
al
compañero
Carlos
Capa
con
el
que
graba
una
pieza
para
Lawyerpress.tv
donde
el
tema
de
conversación
son
las
tasas.
“Queremos
que
se
deroguen
las
tasas
judiciales
suponen
la
violación
a
los
derechos
humanos
de
muchos
ciudadanos”,
comenta
el
presidente
Carnicer.
Es
precisamente
de
las
tasas
el
arranque
de
esta
conversación
donde
no
queda
ningún
tema
por
abordar.
Sr. Carnicer,
en
estos
dos
años
convulsos
de
movilizaciones
y
protestas,
¿el
cambio
de
Ministro
en
Justicia
va a
servir
para
algo
realmente?
Hay un cambio
de
talante
que
es
importante
porque
ahora
se
nos
escucha
y
podemos
dialogar
sobre
las
próximas
reformas.
Ya
es
algo
incluso
que
en
abstracto
anticipe
algunas
soluciones
a
los
problemas
de
la
justicia.
Para concretar
que
un
acto
político
de
trascendencia
ha
sido
en
estas
negociaciones
retomadas
con
Justicia
al
recuperar
la
Comisión
Mixta
entre
ambas
entidades
ha
sido
la
paralización
de
la
tramitación
de
la
reforma
de
la
Justicia
Gratuita,
considerada
como
nociva
por
toda
la
abogacía.
Estamos ahora
discutiendo
los
puntos
de
fricción
de
esa
reforma
que
no
son
tantos
y
llegar
a
acuerdos
concretos
para
que
la
reforma
garantice
la
supervivencia
de
este
modelo
de
Justicia
Gratuita
que
en
muchos
países
de
nuestro
entorno
se
ha
importado.
Es otro
talante,
diferente
al
del
Ministro
saliente
Gallardón.
No le quepa
la
menor
duda
y
agradecemos
ese
nuevo
enfoque
y
que
se
nos
tenga
en
cuenta.
No
obstante
en
los
últimos
días
alguna
declaración
del
Ministro
Catalá
sobre
la
reforma
de
los
Servicios
y
Colegios
Profesionales
nos
preocupa.
Pensábamos
que
era
competencia
de
Economía
y no
sabemos
con
qué
texto
nos
podemos
encontrar
si
mañana
el
Consejo
de
Ministros
aprueba
ese
anteproyecto.
Tenga
en
cuenta
que
es
la
abogacía,
por
su
contacto
directo
con
el
ciudadano,
quien
más
puede
aportar
en
esta
y
otras
reformas
que
ahora
se
están
gestando.
¿Le preocupa
esa
reforma
de
los
Servicios
y
Colegios
Profesionales
que
ahora
quiere
aprobarse?
Si se está
barajando
el
proyecto
que
conocimos
estaremos
ante
una
de
las
peores
leyes
de
la
democracia.
En
su
contexto
es
una
Ley
Mordaza
para
los
Colegios
Profesionales.
Su
finalidad
es
controlar
a
los
Colegios
Profesionales.
Es
impensable
que
los
Colegios
con
20
euros
de
cuota
mensual
puedan
sobrevivir.
No entendemos
por
qué
se
quiere
condenar
a
los
Colegios
de
Abogados
a la
desaparición
con
este
cambio
normativo
con
el
buen
papel
que
hacen
en
relación
a la
Justicia
Gratuita
y a
salvaguardar
la
deontología
del
abogado.
Tampoco
es
buena
idea
que
estas
entidades
colegiales
pasen
al
control
de
una
entidad
pública
que
se
desconoce
cuál
es.
Otra cuestión
con
la
que
no
estamos
es
el
eximir
de
la
colegiación
a
aquellos
abogados
que
no
hacen
tribunales;
los
que
gestionan
temas
económicos
muy
sensibles.
También
prohíbe
la
reforma
cobrar
cuotas
de
acceso
cuando
la
Directiva
de
Servicios
lo
autoriza
y
dice
cómo
hacerlo.
Esa
división
de
la
profesión
entre
abogados
que
litigan
y no
litigan
no
es
muy
afortunada.
El Ministro
Catalá
se
ha
dado
de
plazo
hasta
el
31
de
diciembre
para
valorar
el
impacto
de
las
tasas
en
los
ciudadanos
¿Hace
falta
tanto
tiempo?
¿Podemos
esperar
más?
Hay que hacerlo.
Y le
voy
a
decir
porqué.
Las
leyes
que
están
en
cocción
son
tan
malas
y
aviesas
como
que
lo
más
prudente
sea
que
se
tramiten
de
forma
concienzuda
y
oyendo
a
todas
las
partes
implicadas.
Estamos padeciendo
los
efectos
de
una
legislación
inadecuada.
Se
ha
improvisado
mucho
y no
se
han
hecho
las
cosas
bien
en
este
sentido.
Ahora
el
Ministro
Catalá
con
el
apoyo
de
los
operadores
jurídicos
se
ha
propuesto
sacar
aquellas
leyes
que
sean
necesarias
y
con
una
calidad
elevada.
Por cierto,
le
hago
un
inciso
pero
es
que
el
Ministro
saliente
Gallardón
ha
dicho
recientemente
en
una
conferencia
en
ICADE
que
es
consciente
que
las
reformas
de
la
justicia
iban
a
generar
problemas
sociales…
No sé realmente
a
que
se
refiere
el
señor
Gallardón.
Pero
sus
intentos
de
reforma
han
dañado
y
mucho
a la
administración
de
Justicia
como
se
puede
comprobar.
Recuerdo que
le
invitamos
al
CGAE
para
que
delante
de
los
83
decanos
y
consejeros
de
la
entidad
nos
explicara
sus
líneas
de
acción.
Incluso
se
comprometió
a
poner
tasas
en
primera
instancia,
comentario
que
hizo
de
forma
reiterada,
añadiendo
que
la
tasa
en
apelación
sería
poco
elevada.
Sus promesas
jamás
cumplió.
Para
colmo
en
un
país
como
el
nuestro
con
escaso
número
de
jueces,
frente
a
otros
países
de
la
UE,
puso
en
la
calle
a
los
1.300
jueces
y
fiscales
sustitutos
que
desempeñaban
una
gran
labor
en
ese
momento.
¿Qué perseguía
Gallardón
con
este
tipo
de
medidas,
entonces?
No casa la
regeneración
de
la
justicia
con
este
tipo
de
medidas
que
tomó
Gallardón.
No
sabemos
los
verdaderos
intereses
del
Ministro
con
las
tasas
o la
imposición
de
costas
bajo
el
criterio
objetivo
del
vencimiento
en
la
jurisdicción
contenciosa-administrativa,
lo
que
ha
hecho
que
desciendan
los
pleitos
en
un
50
por
ciento.
Tampoco
es
una
buena
la
reducción
del
salario
de
los
jueces
en
los
últimos
años.
Al
final
no
es
casualidad
que
todos
los
operadores
jurídicos
estuvieran
en
contra
de
su
política.
En este contexto
a la
abogacía
no
le
quedó
más
que
salir
a la
calle
y
manifestarse.
Así
se
ha
hecho
a lo
largo
de
estos
dos
años.
Le
recuerdo
la
manifestación
de
este
verano
de
las
Juntas
de
Gobierno
de
todos
los
Colegios
de
Abogados
que
vinieron
a
Madrid
a
solidarizarse
y
luchar
por
frenar
la
reforma
de
la
justicia
gratuita.
Pese a
todo
se
puso
en
marcha
una
Comisión
Mixta
con
Justicia
que
ahora
se
recupera.
Aún no han
empezado
los
nuevos
trabajos
pero
se
iniciarán
de
inmediato.
Sobre
el
trabajo
pasado
si
resaltar
que
esa
Comisión
sacó
adelante
la
prueba
de
examen
de
la
primera
promoción
de
abogados
sobre
acceso
a la
profesión
después
del
Master,
también
el
propio
examen
y se
acercaron
las
distancias
sobre
la
reforma
de
la
Justicia
Gratuita.
Volviendo
a
las
tasas,
el
Ministro
Catalá
está
muy
obcecado
en
hacer
un
ajuste
a la
baja
si
se
comprueba
que
las
tasas
son
dañinas
para
el
ciudadano.
Así
lo
comentó
en
la
Sectorial
a
los
CCAA
con
competencias
transferidas.
Ese planteamiento
no
nos
vale
a
los
abogados.
Lo
que
le
hemos
planteado
es
la
derogación
de
la
Ley
de
Tasas.
Incluso
mucho
antes
que
se
lo
plantearan
el
resto
de
las
fuerzas
políticas
que
salvo
el
PP
advierten
los
problemas
inherentes
a
esa
aprobación
al
cercenar
derechos
fundamentales
de
los
ciudadanos.
En
su
comparecencia
primera
en
el
Congreso
el
resto
de
los
diputados
así
se
lo
pidieron
al
ministro.
Nadie duda,
presidente
Carnicer,
que
ese
cambio
de
mentalidad
en
nuestros
diputados
es
gracias
a su
trabajo
de
lobby
entre
ellos
explicándoles
el
alcance
de
las
tasas.
Eso fue lo
que
hicimos
en
varios
momentos
de
este
año
y en
seguida
se
dieron
cuenta
de
la
problemática
de
nuestras
tasas
judiciales.
Esta
cuestión
nunca
ha
sido
corporativa,
como
se
ha
pretendido
comentar
desde
otros
ámbitos.
Privar
a un
ciudadano
de
su
derecho
a la
justicia
es
una
violación
de
los
derechos
humanos
que
es
fundamental.
No podemos
presumir
de
Estado
de
Derecho
si
estamos
generando
miles
de
asuntos
donde
se
violan
esos
derechos.
Por
eso
fuimos
tan
radicales
desde
el
primer
momento.
En
ese
momento
además
muchos
Colegios
sufrían
los
retrasos
en
los
pagos
por
el
Turno
de
Oficio.
Así
ha
pasado
en
la
Comunidad
Valenciana
o
Andalucía
por
citarle
dos
ejemplos
claros.
En este contexto,
el
Gobierno
de
forma
lamentable
coloca
a
las
tasas
judiciales
como
la
salvación
de
los
abogados
de
Justicia
Gratuita.
Y
asi
venia
reflejado
en
el
ya
famoso
artículo
11
de
la
citada
Ley
de
Tasas.
Pese
al
estado
de
necesidad
de
muchos
compañeros
no
admitimos
ese
tipo
de
negociación.
Ahora que
habla
del
dinero
de
las
tasas
judiciales
¿Van
a
reclamar
esos
512
millones
para
que
sufraguen
la
Justicia
Gratuita?
No, para nada.
Lo
que
queremos
es
que
se
regularice
y
mejore
el
funcionamiento
de
la
Justicia
Gratuita
en
nuestro
país.
No
es
tanto
pedir
estas
cantidades
como
el
dinero
justo
que
se
merecen
los
compañeros
y
compañeras
del
Turno
de
Oficio
que
ofrecen
este
tipo
de
servicios
jurídicos
sociales
que
son
admirados
en
muchos
lugares
del
mundo.
¿Y es cierto
que
detrás
de
las
tasas
judiciales,
justicia
gratuita
y
servicios
profesionales,
tres
reformas
que
afectan
a la
abogacía,
está
la
mano
del
Ministro
de
Guindos?
Es posible
que
así
sea.
El
Ministerio
de
Economía
y
Competitividad
es
uno
de
los
pilares
fuertes
de
este
Gobierno.
Pese
a
ello
tengo
que
decirle
que
confio
en
la
habilidad
del
Ministro
Catalá
y en
su
buen
hacer.
Le conocí
personalmente
cuando
fue
Secretario
de
Estado
por
el
Ministro
Michavila,
en
aquel
entonces
en
Justicia.
Logramos
consensuar
el
modelo
de
juicios
rápidos
que
hoy
se
conoce
en
la
actualidad
y
también
la
lucha
por
la
inhabilidad
del
sábado,
al
modificarse
la
LOPJ.
Analizando
esta
efeméride
respecto
a la
del
pasado
año,
donde
sí
hubo
varias
movilizaciones,
da
la
sensación
que
ustedes
han
dado
una
tregua
al
Ministro
Catalá.
Se puede pensar
así
aunque
este
año
hay
alguna
actividad
como
la
del
mediodía
en
el
que
integrantes
del
CEAJ
se
concentran
frente
al
Ministerio
de
Justicia.
Hay
que
darse
cuenta
que
el
tema
de
tasas
no
está
resuelto
aún
y se
debe
resolver.
No estamos
inactivos,
en
el
día
de
hoy
también
hay
un
evento
con
conocidos
juristas,
muchos
de
ellos
activistas
de
las
redes
sociales,
que
van
a
contar
su
visión
de
la
situación
desde
esta
perspectiva.
De todas
formas
debe
ser
una
satisfacción
comprobar
cómo
abogados
anónimos
están
ahí
en
la
calle
luchando
por
los
derechos
de
los
ciudadanos.
Es cierto, y
es
un
orgullo
para
mí
como
presidente
de
todos
los
abogados
saber
que
nuestro
activo
principal,
el
abogado
nos
responde
en
estas
circunstancias.
Con
ellos
estamos
contando
para
defender
esta
postura
colectiva.
Igual pasó
con
los
miembros
de
la
Junta
de
Gobierno
que
vinieron
a
Madrid
en
un
día
caluroso
de
julio
para
manifestarse
y
defender
los
derechos
de
los
ciudadanos.
Es
muy
grato
que
compañeros
y
compañeras
respondan
a
las
llamadas
de
las
instituciones.
El Ministro
Catalá
habla
de
determinadas
reformas
parciales
para
frenar
la
corrupción,
un
mal
que
asola
nuestra
sociedad.
¿Será
suficiente
para
combatirla?
El momento de
corrupción
en
nuestro
país
es
inadmisible
y
requiere
medidas
urgentes.
La
reflexión
profunda
es
necesaria
para
atajar
este
mal.
Es
necesario
mejorar
el
tratamiento
legislativo
y
punitivo
de
nuestras
leyes
y,
al
mismo
tiempo,
centrarnos
en
la
educación.
Las corruptelas
no
son
realmente
lo
que
son
y si
casos
de
corrupción.
Es
fundamental
enseñarlos
en
la
escuela.
En
los
centros
educativos
hay
que
profundizar
en
valores
como
el
esfuerzo
por
encima
de
las
prebendas
conseguidas
de
forma
irregular.
En ese
paquete
de
reformas
se
habla
de
la
Ley
de
Transparencia,
¿Cómo
cree
que
va a
obligar
a
las
instituciones
este
cambio
normativo?
¿Y
al
propio
CGAE?
Esperemos que
ayude
a
mejorar
el
trato
entre
las
administraciones
públicas
y
los
ciudadanos,
cuestión
que
es
necesaria
para
romper
su
escepticismo.
A
nivel
del
CGAE
ya
estamos
trabajando
para
adaptarnos
a
esos
parámetros
de
transparencia
que
se
nos
exige.
La
abogacía
quiere
ser
líder
de
la
transparencia
y
del
buen
hacer
profesional.
De todas formas
nuestra
entidad
ya
ha
hecho
algunas
cosas
importantes.
Desde
hace
un
par
de
años
es
miembro
activo
de
la
organización
Transparencia
Internacional;
se
ha
puesto
en
marcha
un
turno
de
oficio
de
defensas
pro
bono
y
organizaremos
dentro
de
unos
días
una
jornada
sobre
este
tema
en
el
propio
CGAE.
Finalizamos,
presidente,
le
dejamos
ahora
disfrutar
en
este
20N
¿Qué
espera
de
este
fin
de
año
que
llega?
Se pondrá en
marcha
de
nuevo
la
Comisión
Mixta
con
Justicia
y de
ella
esperamos
consenso
en
algunas
de
las
reformas.
Hay
que
darse
cuenta
que
muchas
de
estas
producciones
legislativas
se
pueden
tratar
en
Comisión
Única
y
tramitarse
por
vía
de
urgencia.
Así
sucedió
con
las
tasas
judiciales,
para
nuestra
desgracia.
A nuestro
juicio,
asuntos
con
el
de
las
tasas
o la
imposición
de
costas
por
razón
objetiva
del
vencimiento
necesitan
de
una
urgente
revisión.
Son
elementos
perversos
que
se
deben
eliminar
del
sistema.
En el caso de
las
costas
se
ha
roto
una
jurisprudencia
que
ya
estaba
asimilada
por
el
Supremo,
no
cabían
costas
en
el
contencioso
por
la
desigualdad
entre
ciudadano
y
administración
de
justicia.
Hay
un
gran
desequilibrio.
Espero
que
el
Tribunal
Constitucional
se
pronuncie
y lo
repruebe.
Y si
ya
se
juntan
con
las
costas
el
ciudadano
desiste
de
la
reclamación. |