JUSTICIA

Cerca de sesenta medidas pergeñan un documento técnicamente impecable en el que el medio centenar de jueces decanos que ha acudido a estas jornadas de Valencia han expresado su punto de vista sobre los males crónicos de nuestra justicia y el problema latente de la corrupción. En esta ocasión, pese a la trascendencia de la cita, fuentes de la organización nos han comentado el detalle que un Ministro de Justicia, como Rafael Catalá se haya acercado a conversar con este colectivo de magistrados, claves en nuestro ordenamiento jurídico. Así lo hizo también Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del TS en el acto de inauguración de este encuentro, ya tradicional en estas fechas. El colofón del estudio que se ha repartido entre los medios informativos no puede ser más concluyente; más inversión en justicia, se pide el 3 por ciento que hay en todos los países lo que triplicaría la inversión actual; más jueces que ayuden a los que ya trabajan, donde a juicio de muchos jueces decano el papel de los jueces sustitutos, ahora en tierra de nadie podría ser muy valioso, y reformas procesales que agilicen los procesos y  no conviertan los macroprocesos en odiseas. En esa lucha contra la corrupción también se plantea la creación de una Ley que proteja al Denunciante, como ya sucede en muchos países occidentales.

Tres días de intensos debates han originado un documento que en los próximos días se convertirá en uno de los más leídos  a nivel jurídico. Los jueces decano, cuyo papel en la administración de justicia es clave, reclaman más medios humanos y materiales “posiblemente ahí estaríamos en el doble de jueces que tenemos para llegar a la media Europea, aún sabiendo que podríamos utilizar a los propios jueces sustitutos, muchos de ellos defenestrados por el anterior Ministro”, apunta Pedro Viguer, juez decano de Madrid. Uno de sus comentarios, EL poder judicial será lo eficiente que así lo desee el ejecutivo y el legislativo es una de las frases de día. “Hay formas sutiles de condicionar el trabajo de los jueces y la parte económica es una de ellas; sin  el apoyo político no se crearán más plazas de jueces ni se harán las reformas procesales que hacen falta”, indica.

En ese documento han pedido que aquellos juzgados con temas complejos tengan refuerzos para que asi los propios jueces puedan dedicarse al asunto en cuestión “los juzgado más castigados son los centrados en las jurisdicciones civil, social y mercantil y hay que darse cuenta que las reformas procesales no cuestan dinero. Para nosotros sería una idea buena que en circunstancias concretas excepcionales se pudiera contar con jueces sustitutos, que todos sabemos que han hecho su trabajo hasta ahora bien. De esa forma los jueces se podrían centrar en asuntos de corrupción.

Los jueces decanos han reclamado este miércoles más medios humanos y materiales, la "dotación ágil de refuerzos a juzgados que lleven asuntos de especial complejidad, especialmente de corrupción", para que sus titulares se dediquen "en exclusiva a este asunto las 24 horas del día", así como la "revisión y, en su caso, supresión de aforamientos", al considerar que "entorpecen y ralentizan de forma evidente y clara la instrucción de los procedimientos".

Esas son algunas de las medidas incluidas en las conclusiones del XXIV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, que han congregado en Valencia a cerca de 50 profesionales, en representación de cerca de 2.000 jueces españoles, "en un momento clave para la justicia española, en el que está en juego el prestigio del sistema judicial" y en el que afirman estar "preparados" para afrontar los retos actuales, pero advierten de que "solos" no pueden por su dependencia "en lo económico y en cuanto a leyes e instrumentos procesales".

"El poder judicial será lo eficiente que quiera que sea el poder ejecutivo y legislativo", ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en la presentación del documento, en la que su homólogo de Málaga, José María Páez, ha urgido a "sacar la justicia del debate político" y ha reclamado "un gran pacto entre partidos para definir, de una vez, el modelo de justicia que se quiere tener".

"Tardaremos, pero vamos a llegar, y la ciudadanía puede estar absolutamente tranquila porque la justicia se aplica en España y la justicia funciona, lenta pero funciona", ha recalcado Páez, quien considera "muy difícil afrontar macrocausas" con los medios actuales.

Los jueces también han pedido una "ley de segunda oportunidad" para "permitir salir del agujero" a "pequeños deudores" abocados a concursos, "olvidados" por la ley actual y que "pierden todos sus bienes y, a pesar de ello, sus deudas le van a perseguir toda su vida sumiéndolo en la muerte civil y en la economía sumergida".

Limitar los indultos

Han abogado asimismo por limitar los indultos a los que tengan informe favorable del tribunal y la suspensión de la pena mientras tramitan la petición, tras el "abuso" registrado, así como por contar con tribunales y juzgados especializados en asuntos económicos a nivel autonómico e incluso provincial, por potenciar la cooperación jurídica internacional para eliminar paraísos fiscales y por crear "una policía judicial auténtica", la figura de "juez asesor" y un cuerpo de peritos contables que asesoren a los jueces.

Junto a los decanos de Valencia y Málaga, han comparecido sus homólogos de Madrid, Antonio Viejo, de Murcia, Miguel de Riquelme, de Oviedo, María Pilar Martínez, y de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que se ha ausentado sin intervenir para no perder el AVE.

En materia de corrupción, piden ampliar el plazo de prescripción, introducir el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato y el de financiación ilegal de partidos políticos y agravar las penas por tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros.

Defienden asimismo reducir la cuota defraudada en delitos contra la Hacienda Pública, agravar penas por omisión del deber de denunciar y perseguir determinados delitos, introducir una modalidad de delito de obstrucción a la justicia por no remitir al juez la documentación requerida o enviarla incompleta, agravar la desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario, limitar o prohibir suspender o sustituir penas por corrupción y despenalizar faltas.

En sus '58 reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción', también incluyen aumentar la ratio actual de 11 jueces por cada 100.000 habitantes hasta la media europea de 21, destinar a justicia "al menos el 3 por ciento" de los Presupuestos Generales del Estado, autonomía presupuestaria o un porcentaje "mínimo y garantizado" para justicia, ordenar el reparto de competencias, modernizar y compatibilizar sistemas informáticos autonómicos y con FISCALÍA, y flexibilizar la organización judicial.

A su juicio, convendría realizar "profundos cambios" en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que consideran "excesivamente dependiente de los partidos políticos".

Suprimir "privilegio" de declarar por escrito

Proponen asimismo medidas de refuerzo y apoyo y de reforma del proceso penal, básicamente para agilizarlo, como reformar el sistema de recursos contra "resoluciones de mero trámite que dilatan enormemente los sumarios", instaurar un sistema de costas y sanciones que "disuadan de pretensiones acusatorias temerarias", suprimir el "privilegio" de ciertas autoridades de declarar por escrito sin comparecer ante el juez o permitir al fiscal valorar si conviene iniciar o no el proceso penal en caso de pequeñas infracciones.

Además, proponen que los delitos cometidos por aforados y los relativos a la corrupción dejen de ser competencia del Tribunal del Jurado y, en cuanto a los aforamientos, plantean "atribuir al juez ordinario el conocimiento e instrucción de causas" de aforados, restringir esa condición a la fase de enjuiciamiento, no instrucción, y a delitos cometidos en el ejercicio del cargo e "imposibilidad de cambios de tribunal" aunque se deje de estar aforado o viceversa.

Más medios para fiscalía anticorrupción

Respecto a la FISCALÍA, en caso de que se le atribuya la instrucción, abogan por reforzar su independencia del poder ejecutivo y la inamovilidad de los fiscales, especialmente en asuntos de corrupción o que afecten a autoridades políticas, y piden más medios para Anticorrupción y mantener la acusación popular "como contrapeso del Ministerio Fiscal, en especial si se pretende que en un futuro asuma la investigación, pero con límites para evitar abusos".

Plantean igualmente agilizar el aseguramiento cautelar de las responsabilidades pecuniarias desde el inicio de la investigación y "facilitar la actuación contra testaferros" y la colaboración con la Agencia Tributaria, Banco de España, Patrimonio e Intervención, así como mejorar la "ineficaz" Ley de Protección de Testigos y Peritos.