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Cerca
de
400
profesionales
se
reúnen
en
Madrid
para
analizar
el
estado
de
la
cuestión
y la
posible
reforma
de
la
ley
1/2004
 Los
pasados
días
1 y
2 de
Diciembre
tuvo
lugar,
en
el
antiguo
edifico
del
Senado,
el V
Congreso
del
Observatorio
para
la
Violencia
Doméstica
y de
Género.
Lo
primero
que
llama
la
atención
del
mismo
es
la
diferencia
entre
los
ponentes
del
programa
originario
y
los
que
finalmente
acudieron,
habida
cuenta
de
dimisiones
y
otras
circunstancias.
A
este
Congreso,
que
tenía
como
leit
motiv
una
reflexión
sobre
los
diez
años
de
vigencia
de
la
Ley
Integral,
bajo
el
título
“De
la
Ley
Orgánica
1/2004
al
Convenio
de
Estambul”
asistieron
gran
número
de
profesionales
de
los
distintos
ámbitos
profesionales
que
trabajan
día
a
día
con
el
problema
de
la
Violencia
de
género,
desde
Jueces,
Fiscales,
Secretarios
Judiciales
y
Médicos
Forenses
hasta
abogados,
trabajadores
sociales,
organizaciones
de
mujeres,
periodistas
y
cualquier
otra
profesión
relacionada
con
la
materia.
Tras
la
inauguración
y
discursos
institucionales,
tuvo
lugar
la
primera
mesa
redonda
en
la
que
las
diferentes
ponentes
coincidieron,
en
primer
término,
en
lamentar
la
ausencia
de
la
ya
ex
vocal
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
recientemente
dimitida,
cuya
valía
loaron
todas
ellas.
El
contenido
de
las
intervenciones
se
centró
en
exaltar
las
bondades
de
la
ley
y
contar
las
circunstancias
en
que
se
gestó,
con
algunas
referencias
a
los
avances
en
este
tema
y
los
proyectos
de
futuro.
Tras
las
intervenciones
de
los
ponentes,
no
hubo
lugar
a
debate
por
no
haberlo
así
previsto
la
organización.
Especialmente
interesante
se
presentaba
la
mesa
redonda
sobre
la
importancia
de
los
medios
de
comunicación
en
la
prevención
de
la
violencia
de
género.
Fue
muy
aplaudida
la
intervención
de
Ana
Peláez
Narváez,
que
supo
abrir
los
ojos
a
los
asistentes
sobre
los
enormes
problemas
con
que
han
de
enfrentarse
diariamente
las
mujeres
y
niñas
con
discapacidad
cuando
además
son
víctimas
de
violencia
doméstica
o de
género,
un
colectivo
especialmente
vulnerable
y no
todo
lo
protegido
que
debiera.
Esclarecedora
asimismo
la
exposición
de
Yolanda
Besteiro,
presidenta
de
Mujeres
Progresistas,
acerca
de
las
carencias
de
la
ley
y
sobre
todo,
de
la
falta
de
desarrollo
de
algunas
partes
de
la
misma.
Asimismo,
muy
contestadas
fueron
las
intervenciones
de
Nativel
Preciado
y
Ana
Rosa
Quintana
quienes,
tras
exponer
los
indudables
avances
en
el
tratamiento
de
la
violencia
de
género
en
los
medios
de
comunicación,
entraron
en
debate
con
algunos
de
los
asistentes,
que,
pese
a
reconocer
tal
avance,
impetraban
una
mayor
seriedad
y
compromiso
en
las
informaciones
en
esta
materia,
sobre
todo
en
determinadas
tertulias
televisivas
y
radiofónicas,
y
planteaban
el
conflicto
entre
la
responsabilidad
del
periodista
y el
negocio
que
gira
en
torno
a la
prensa.
En
la
segunda
jornada
tuvieron
lugar
dos
mesas
redondas,
la
primera
referente
a
las
administraciones
públicas
y la
segunda
a
los
operadores
jurídicos.
La
primera
de
ellas
se
dedicó
fundamentalmente
a
exponer
todo
aquello
que
se
ha
hecho
y lo
que
se
pretende
hacer,
quizás
en
una
clave
demasiado
positiva
en
comparación
con
la
realidad.
En
la
segunda
de
las
mesas
redondas,
se
echó
en
falta
la
presencia
de
alguno
de
los
operadores
jurídicos
que
día
a
día
se
enfrentan
con
este
problema
desde
los
Juzgados.
La
fiscal
de
Sala
delegada
contra
la
Violencia
sobre
la
Mujer
ofreció
una
visión
práctica
y
realista
de
lo
que
ella
misma
definió
acertadamente
como
“enfermedad
social”
y
las
dificultades
con
las
que
se
enfrenta
el
Ministerio
Público
en
este
trabajo.
No
hubo
sin
embargo
un
análisis
paralelo
por
parte
de
miembros
de
la
judicatura,
más
allá
de
la
exposición
institucional
de
la
Presidenta
del
Observatorio
contra
la
Violencia
Doméstica
y de
Género
que,
como
es
sabido,
es
Vocal
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
de
procedencia
no
judicial.
No
obstante,
dicha
carencia
fue
suplida
con
creces
por
las
intervenciones
de
varios
de
los
jueces
y
magistrados
presentes,
que
expusieron
las
carencias
con
que
en
la
práctica
se
encuentran
día
a
día,
como
ocurre
con
los
denominados
juzgados
mixtos
o
compatibles,
que
simultanean
la
violencia
de
género
con
las
más
variadas
materias
de
índole
civil
y
penal,
o la
falta
de
especialización
de
muchos
de
los
órganos
juzgadores
frente
a la
especialización
de
quienes
instruyen. |
