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Pide
criterios
más
claros,
justos
e
iguales
en
relación
con
la
capacidad
económica
y la
participación
en
el
coste
de
las
prestaciones
por
parte
de
las
personas
beneficiarias.
Solicita
la
exención
de
aportación
por
debajo
de
un
determinado
umbral
de
capacidad
económica
(2,5
veces
el
Indicador
Público
de
Renta
de
Efectos
Múltiples
-IPREM-);
la
limitación
máxima
en
la
participación,
que
quedaría
fijada
en
el
60%
del
precio
de
referencia
del
coste
del
servicio;
o la
seguridad
de
un
mínimo
para
gastos
personales,
que
no
sería
inferior
al
40%
de
la
capacidad
económica.
 El
Comité
Español
de
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad
(CERMI)
pondrá
en
marcha
de
una
Iniciativa
Legislativa
Popular
(ILP)
para
modificar
la
Ley
de
Dependencia
y
establecer
criterios
más
claros,
justos
e
iguales
en
relación
con
la
capacidad
económica
y la
participación
en
el
coste
de
las
prestaciones
por
parte
de
las
personas
beneficiarias.
Así
lo
pondrá
en
marcha
el
CERMI,
con
arreglo
a lo
establecido
en
la
Constitución
Española
y en
la
Ley
Orgánica
3/1984,
de
26
de
marzo,
reguladora
de
la
iniciativa
legislativa
popular,
con
el
propósito
de
recabar
en
los
próximos
meses
500.000
firmas
de
ciudadanos
y
ciudadanas
que
permita
llevar
esta
propuesta
de
cambio
legal
a
las
Cortes
Generales
para
su
aprobación.
En
este
sentido,
hace
un
llamamiento
al
conjunto
de
la
sociedad
española
para
solidarizarse
con
estos
objetivos
plasmando
su
respaldo
en
la
firma
masiva
de
la
Iniciativa
Legislativa
Popular
para
la
aprobación
de
la
“Proposición
de
Ley
de
modificación
de
la
Ley
39/2006,
de
14
de
diciembre,
de
promoción
de
la
autonomía
personal
y
atención
a
las
personas
en
situación
de
dependencia,
en
materia
de
participación
en
el
coste
de
de
las
prestaciones
y
servicios
de
las
personas
beneficiarias”.
El
CERMI
lo
ha
explicado
así
en
su
manifiesto
con
motivo
del
Día
internacional
y
europeo
de
las
personas
con
discapacidad,
‘No
al
copago
confiscatorio,
que
expulsa
a
las
personas
con
discapacidad
y
sus
familias
de
la
protección
y
los
derechos
sociales.
Por
la
reforma
de
la
Ley
39/2006,
de
Autonomía
Personal
y
Atención
a la
Dependencia’.
Según
el
manifiesto,
la
promulgación
de
la
Ley
39/2006,
de
14
de
diciembre,
de
promoción
de
la
autonomía
personal
y de
atención
a
las
personas
en
situación
de
dependencia
“debió
suponer
un
avance
significativo
en
la
extensión
e
intensificación
de
los
derechos
sociales
de
amplias
capas
de
la
población”,
como
“derecho
subjetivo”
e
“inauguró
una
nueva
forma
de
concebir
y
aplicar
las
políticas
sociales
que
generó
enormes
expectativas
en
todo
el
tejido
social”.
Tras
más
de
siete
años
desde
la
aprobación
de
esta
Ley,
señala
el
CERMI,
el
despliegue
de
este
nuevo
sistema
de
protección
se
ha
enfrentado
a un
sinfín
de
vicisitudes,
entre
ellas,
y
como
más
relevante,
la
crisis
económica
y
social,
que
ha
inducido
a
aplicar
feroces
políticas
de
recorte
de
gasto
público,
en
combinación
con
otros
múltiples
factores
políticos,
sociales
y de
gobernanza
del
sistema.
Uno
de
los
aspectos
que
sin
duda
más
rechazo
ha
suscitado
en
estos
años
de
despliegue
del
SAAD
por
parte
de
las
potenciales
personas
beneficiarias
de
la
Ley,
ha
sido
lo
relativo
al
“copago”,
“percibido
como
una
reglamentación
carente
de
equidad
y
justicia
material,
próxima
a lo
confiscatorio
y
que
más
que
invitar
a
ejercer
el
derecho
subjetivo,
expulsaba
a
las
personas
mayores
y a
las
personas
con
discapacidad
destinatarias
naturales
del
sistema”.
“Esta
desacertada
y
más
que
injusta
regulación
de
los
aspectos
económicos
de
participación
en
el
coste
de
las
prestaciones
ha
de
ser
corregida
de
inmediato”,
asegura
el
CERMI,
quien
insiste
en
que
“así
lo
avala
no
solo
la
opinión
mayoritaria
de
los
movimientos
sociales
de
personas
mayores
y
personas
con
discapacidad
y
sus
familias,
sino
también
el
criterio
de
los
profesionales
de
los
servicios
sociales
y de
las
personas
expertas
y
analistas”.
Según
señala,
“resulta
urgente
e
imprescindible
modificar
la
Ley
39/2006
para
establecer
criterios
más
claros,
justos
e
iguales
en
relación
con
la
capacidad
económica
y la
participación
en
el
coste
de
las
prestaciones
de
autonomía
personal
y
atención
a la
dependencia
por
parte
de
las
personas
beneficiarias,
mujeres
y
hombres
con
discapacidad
y de
edad
avanzada”.
Por
ello,
piden
la
modificación
del
artículo
14
de
la
vigente
Ley,
para
precisar
que
será
también
objeto
de
normativa
reglamentaria
estatal
la
regulación
de
la
participación
en
el
coste
de
las
prestaciones,
al
igual
que
ocurre
ahora
con
la
capacidad
económica,
así
como
la
ampliación
de
los
factores
que
se
tienen
presentes
a la
hora
de
determinar
tanto
la
renta
como
el
patrimonio,
añadiendo
a la
edad
el
momento
vital
de
aparición
de
la
situación
de
dependencia
y su
mayor
o
menor
prolongación
a lo
largo
de
la
vida
de
la
persona
beneficiaria.
Asimismo,
solicita
la
modificación
del
artículo
33
del
texto
legal
para
incorporar
garantías
para
las
personas
beneficiarias
que
modulen
su
esfuerzo
de
participación
en
el
coste
de
las
prestaciones
que
reciben,
como
la
exención
de
aportación
por
debajo
de
un
determinado
umbral
de
capacidad
económica
(2,5
veces
el
Indicador
Público
de
Renta
de
Efectos
Múltiples
-IPREM-);
la
limitación
máxima
en
la
participación,
que
quedaría
fijada
en
el
60%
del
precio
de
referencia
del
coste
del
servicio;
o la
seguridad
de
un
mínimo
para
gastos
personales,
que
no
sería
inferior
al
40%
de
la
capacidad
económica. | 
