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El
acuerdo
de
archivo
señala
que
la
actuación
de
los
magistrados
queda
amparada
por
los
derechos
fundamentales
de
libertad
de
expresión
y de
opinión
 El
Promotor
de
la
Acción
Disciplinaria,
Antonio
Jesús
Fonseca-Herrero,
acordó
en
la
tarde
de
ayer
archivar
la
información
previa
abierta
el
pasado
mes
de
febrero
a
los
33
magistrados
y
jueces
catalanes
firmantes
del
llamado
“Manifiesto
por
el
derecho
a
decidir”.
Entiende
que
no
hay
falta
disciplinaria
alguna
aunque
censura
en
su
informe
el
contenido
del
documento
porque
contradice
la
doctrina
constitucional
al
querer
reconocer
a
Catalunya
como
un
Estado
soberano.
El
acuerdo
ha
sido
notificado
tanto
a
los
firmantes
del
manifiesto
como
al
denunciante,
Miguel
Bernad,
que
actuó
en
representación
del
Colectivo
de
Funcionarios
Públicos
Manos
Limpias.
El acuerdo
de
archivo
señala
que,
desde
el
punto
de
vista
estrictamente
jurídico,
en
el
manifiesto,
aisladamente
considerado
y en
función
de
los
datos
en
poder
del
Promotor,
“no
puede
apreciarse
que
los
firmantes
persigan
una
finalidad
diferente
que
el
mero
traslado
a la
ciudadanía
de
una
opinión
sobre
un
tema
de
interés
jurídico,
social
o
político,
actuación
que
queda
amparada
por
los
derechos
fundamentales
de
libertad
de
expresión
y de
opinión
consagrados
por
el
artículo
20
de
la
Constitución
Española”.
Esta
situación
hará
entonces
que
ni
siquiera
se
discuta
en
la
próxima
Comisión
Disciplinaria
del
propio
CGPJ:
“En
definitiva,
dan
su
opinión
jurídica
en
defensa
del
derecho
del
ciudadano
a
participar
en
asuntos
públicos,
de
decidir
sobre
posibles
jurídicos,
conducta
que,
como
se
acaba
de
adelantar,
debe
quedar
amparada
por
los
derechos
fundamentales
de
libertad
de
expresión
y de
opinión”,
añade
el
texto.
Por
todo
ello,
el
Promotor
concluye
que
no
se
puede
mantener
la
imputación
de
ilícitos
sancionadores
y
archiva
la
información
previa.
No obstante,
Fonseca-Herrero
considera
que,
en
el
plano
de
la
deontología
profesional,
la
actuación
de
los
jueces
y
magistrados
es
censurable
en
la
medida
en
que
su
actuación
viene
a
menoscabar
la
confianza
de
los
ciudadanos
en
la
judicatura,
esencialmente
“porque
parten
de
una
afirmación
que
carece
de
todo
apoyo
normativo
y
contradice
la
doctrina
constitucional
cuando,
en
forma
implícita,
vienen
a
reconocer
a
Cataluña
la
cualidad
de
sujeto
jurídico
y
político
soberano
al
afirmar
tajantemente
que:
‘Hay
que
partir
de
un
hecho
que
–pensamos-
no
admite
discusión:
Cataluña
es
una
nación…’
‘Este
hecho
–la
realidad
nacional
de
Cataluña-
radica
en
la
base
de
la
Constitución
de
1978
y en
los
Estatutos
de
Autonomía
de
1979
y
2006’”.
La investigación
del
promotor
se
inició
el
pasado
mes
de
febrero
a
raíz
de
una
denuncia
de
Manos
Limpias,
que
considera
que
los
magistrados
catalanes
podrían
haber
incurrido
en
una
falta
muy
grave
"por
no
acatar
el
mandato
de
la
Constitución".
La denuncia
del
colectivo
de
funcionarios
señalaba
también
que
la
declaración
que
suscribieron
los
citados
jueces
excedía
del
derecho
a la
libertad
de
expresión
y de
manifestación.
Los
magistrados
firmantes
defendían
en
su
manifiesto
que
la
consulta
de
autodeterminación
que
defiende
el
Govern
para
que
los
catalanes
ejerzan
su
'derecho
a
decidir'
cabe
perfectamente
en
el
actual
marco
de
la
Constitución.
El acuerdo
ha
sido
notificado
tanto
a
los
firmantes
del
manifiesto
como
al
denunciante,
Miguel
Bernad,
que
actuó
en
representación
del
Colectivo
de
Funcionarios
Públicos
Manos
Limpias.
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