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Rechaza
que
el
Ministerio
del
Interior
pueda
ordenar
intervenciones
telefónicas
sin
autorización
judicial
También
ve
inconstitucional
que
la
recogida
de
muestras
de
ADN
a un
detenido
se
pueda
hacer
sin
asistencia
letrada
 El
Consell
de
l’Advocacia
Catalana,
que
representa
a
los
14
Colegios
de
Abogados
de
Catalunya,
ha
reclamado
hoy,
coincidiendo
con
el
Día
Internacional
contra
la
corrupción,
que
el
Gobierno
estatal
destine
más
recursos,
humanos
y
económicos,
a
los
juzgados
para
poder
combatir
la
corrupción.
Por
otra
parte,
la
Abogacía
Catalana
manifiesta
su
rechazo
a
la
medida
introducida
por
el
Ministerio
de
Justicia
en
el
anteproyecto
de
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal
aprobado
el
viernes
por
el
Consejo
de
Ministros
que
permitiría
al
Ministerio
del
Interior
ordenar
a
las
fuerzas
del
orden
la
intervención
y
registro
de
comunicaciones,
telefónicas
o
mediante
cualquier
otro
sistema
telemático,
sin
autorización
judicial.
La
Abogacía
también
ve
inconstitucional
que
la
toma
de
muestras
de
ADN
a un
detenido
pueda
hacerse
sin
la
presencia
de
un
abogado.
El
Consell
de
l’Advocacia
Catalana
reclama
que
el
gobierno
estatal
destine
más
recursos,
tanto
económicos
como
humanos,
a
los
juzgados,
para
agilizar
la
justicia
y
poder
luchar
eficazmente
contra
la
corrupción.
El
presidente
de
la
Abogacía
Catalana,
Abel
Pié,
considera
que
"se
debería
reforzar
el
plantel
judicial
con
recursos
suficientes
para
poder
evaluar
de
forma
inmediata
si
ha
habido
delito",
para
añadir
que
"la
justicia
es
tan
lenta
que
el
tiempo
de
instrucción
se
alarga
y
los
casos
de
corrupción
se
eternizan
en
los
juzgados".
Para
Pié
"si
no
se
aumentan
y
refuerzan
las
plantas
judiciales,
la
reforma
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal,
limitando
a
seis
meses
la
instrucción,
no
cumplirá
sus
objetivos".
Rechazo
a
las
intervenciones
telefónicas
sin
autoritzación
judicial
Por
otra
parte,
la
Abogacía
Catalana
manifiesta
su
rechazo
a
algunas
de
las
medidas
incluidas
en
el
anteproyecto
de
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal
aprobado
por
el
Consejo
de
Ministros
el
pasado
viernes.
Concretamente,
la
que
permite
al
Ministerio
del
Interior
ordenar
a
las
fuerzas
del
orden
la
intervención
y
registro
de
comunicaciones,
telefónicas
o
mediante
cualquier
otro
sistema
telemático,
sin
autorización
judicial.
Para
el
presidente
del
Consell
de
l’Advocacia
Catalana,
Abel
Pié,
"la
comunicación
es
privada.
Si
hay
que
hacer
una
intervención
telefónica,
debe
ser
con
autorización
judicial".
Rechazo
a la
recogida
de
muestras
de
ADN
sin
necesidad
de
abogado
La
otra
medida
a la
que
se
opone
la
Abogacía
es
la
supresión
de
la
necesidad
de
asistencia
letrada
para
la
recogida
de
pruebas
de
ADN
de
un
detenido.
"En
toda
prueba
de
ADN
debe
haber
presente
un
abogado
para
certificar
que
todo
se
ha
hecho
correctamente",
ha
dicho
Pié,
para
quien
la
medida
que
contempla
el
anteproyecto
de
ley
vulneraría
los
artículos
17.3
y 24
de
la
Constitución.
Además,
la
Abogacía
recuerda
que
esta
disposición
se
contradice
con
el
criterio
del
Tribunal
Supremo,
que
el
pasado
24
de
septiembre
extremó
las
garantías
para
la
recogida
de
muestras
de
ADN
y
dictó
que
no
se
podrán
utilizar
como
prueba
sin
que
se
haya
avisado
al
abogado
y
éste
haya
aconsejado
a su
cliente.
La
Abogacía
Catalana
pedirá
al
Ministerio
de
Justicia
que
reconsidere
ambas
medidas
y
las
retire
del
anteproyecto
de
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal. | 
