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El
acuerdo
firmado
por
Carlos
Carnicer,
presidente
del
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española,
y
Jesús
Lizcano,
presidente
de
Transparencia
Internacional-España
(TI-España),
permite
ofrecer
una
amplia
serie
de
informaciones
sobre
la
institución
y
sus
actividades
 Y
llegó
el
fatídico
10
de
diciembre.
Es
fecha
marcada
en
rojo
en
todos
los
calendarios
supone
la
entrada
en
vigor
de
la
Ley
de
Transparencia
en
nuestro
país
y a
su
vez
el
desarrollo
de
diferentes
portales
informativos.
Del
general,
impulsado
desde
la
Administración
del
Estado
al
que
se
accede
a
través
de
DNI
y
claves,
http://transparencia.gob.es/, el
ciudadano
también
puede
consultar
otras
webs
abiertas
ahora
al
ciudadano
en
general.
Primero
fue
el
CGPJ,
quien
a
primeros
del
mes
de
julio
nos
presentó
su
Portal
de
Transparencia
http://goo.gl/b24Jzk,
mas
tarde
el
Tribunal
de
Cuentas,
http://goo.gl/WBCskR
con
su
ánimo
de
buscar
un
canal
de
comunicación
con
el
ciudadano.
Y
desde
este
martes
tras
el
acuerdo
que
han
suscrito
el
presidente
del
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española,
Carlos
Carnicer,
y el
presidente
de
Transparencia
Internacional-España
(TI-España),
Jesús
Lizcano,
lograr
una
mayor
transparencia
en
el
funcionamiento
de
las
corporaciones
de
derecho
público
y
garantizar
el
cumplimiento
del
principio
de
rendición
de
cuentas.
accesible
aqui.
Con
la
firma
de
este
Convenio,
el
Consejo
General
de
la
Abogacía,
institución
que
agrupa
a
los
83
Colegios
de
Abogados
de
toda
España,
asume
de
forma
voluntaria
una
serie
de
compromisos
sobre
transparencia,
tanto
en
cuanto
a su
política
de
funcionamiento
como
a
una
amplia
serie
de
informaciones
sobre
la
institución
y
sus
actividades,
ocupándose
TI-España
de
asesorarle
en
estas
materias
y
verificar
periódicamente
la
implementación
efectiva
de
sus
contenidos.
Durante
la
rúbrica
del
Convenio,
Carnicer
ha
afirmado
que
“para
la
Abogacía
es
un
orgullo
la
firma
del
Acuerdo
alcanzado
con
TI-España”
y ha
recordado
que
la
transparencia
“ha
sido
y es
una
conducta
habitual
de
esta
institución”.
De
esta
manera
recordó
la
proactividad
de
la
entidad
en
la
difusión
de
material
medioambiental
tras
suscribir
el
acuerdo
de
Aarhus.
Por
su
parte,
Lizcano
destacó
la
importancia
de
que
la
Administración
del
Estado
haya
puesto
en
marcha
su
Portal
de
Transparencia,
pero
ha
recordado
la
necesidad
de
que
“las
18.000
administraciones
públicas
cumplan
esta
norma”.
A
su
juicio,
parece
notable
una
indudable
correlación
entre
pobreza
y
corrupción
en
muchos
países
asolados
por
la
segunda.
La
entidad
presidida
por
Jesús
Lizcano
se
compromete
a
colaborar
y
asesorar
a la
Abogacía
en
el
diseño
de
programas
de
transparencia,
rendición
de
cuentas
y
buena
gobernanza
en
el
ámbito
de
las
competencias
del
Consejo
General
de
la
Abogacía.
Además,
TI-España
evaluará
anualmente
el
grado
de
cumplimiento
por
la
Abogacía
de
los
compromisos
asumidos
en
el
Convenio,
modificando
y/o
ampliando
en
su
caso
–siempre
en
colaboración
cron
el
Consejo-
los
contenidos
sujetos
a
publicidad
activa
e
indicadores
relacionados.
Portal
de
transparencia
de
la
abogacía
española
El
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española
ha
puesto
en
marcha
-desde
ayer
martes-
su
Portal
de
Transparencia
de
la
Abogacía
en
cumplimiento
de
lo
dispuesto
en
la
Ley
19/2013
de
Transparencia,
Acceso
a la
Información
Pública
y
Buen
Gobierno.
En
el
Portal
de
Transparencia
de
la
Abogacía-
los
ciudadanos
interesados
en
acceder
a la
información
de
la
Abogacía
pueden
conocer
la
estructura
y
diversas
actividades
del
Consejo
General,
la
información
sobre
convenios,
contratos
y
actividad
presupuestaria,
así
como
la
Memoria
Anual
de
la
Abogacía.
Con
la
puesta
en
marcha
de
este
Portal
de
Transparencia,
la
Abogacía
–como
indica
Carnicer-
“deja
constancia
de
nuestra
voluntad
de
actuar
al
lado
de
la
norma”
y se
da
continuidad
a
una
tradición
del
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española:
apostar
por
la
transparencia
y
acceso
de
los
ciudadanos
a la
información
del
Consejo,
Este
miércoles
10
de
diciembre
entra
al
fin
en
vigor
la
ley
19/2013
de
transparencia,
acceso
a la
información
pública
y
buen
gobierno.
El
preámbulo
de
esta
ley
dice
así:
“Solo
cuando
los
ciudadanos
pueden
conocer
cómo
se
toman
las
decisiones
que
les
afectan,
cómo
se
manejan
los
fondos
públicos
o
bajo
qué
criterios
actúan
nuestras
instituciones
podremos
hablar
de
que
los
poderes
públicos
comienzan
a
responder
a
una
sociedad
que
es
crítica,
exigente,
y
que
demanda
participación.
Los
países
con
mayores
niveles
en
materia
de
transparencia
y
normas
de
buen
gobierno
cuentan
con
instituciones
más
fuertes,
que
favorecen
el
crecimiento
económico
y el
desarrollo
social”. | 
