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El informe
sobre
derechos
humanos
y
discapacidad
relativo
a
2013
evidencia
que
el
año
pasado
aumentó
un
33,1%
el
número
de
consultas
recibidas
en
la
Asesoría
Jurídica
del
Cermi,
que
ascendieron
a un
total
de
422,
105
más
que
en
2012.
 El presidente
del
Comité
Español
de
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad
(CERMI),
Luis
Cayo
Pérez
Bueno,
denunció
este
miércoles,
Día
de
los
Derechos
Humanos,
un
"empeoramiento"
en
el
ejercicio
de
estos
derechos
por
parte
de
las
personas
con
discapacidad.
Pérez
Bueno
presentó
en
Servimedia
'Derechos
humanos
y
Discapacidad.
Informe
España
2013',
un
texto
que
repasa
los
principales
aspectos
que
atentan
contra
los
derechos
humanos
de
las
personas
con
discapacidad,
entre
los
que
figuran
la
privación
del
voto
a la
que
están
sometidos
unos
80.000
ciudadanos
con
discapacidad,
o
las
esterilizaciones
forzosas,
que
"siguen
existiendo".
Según indicó
Pérez
Bueno,
el
informe,
como
el
de
años
anteriores,
constata
que
el
ejercicio
de
los
derechos
humanos
de
los
ciudadanos
con
discapacidad
en
España
"empeora"
desde
2008
y
que
lo
hace
por
dos
factores
fundamentales:
la
crisis
económica,
social
y
financiera
y la
"inacción"
de
las
administraciones
públicas.
La crisis
económica,
explicó
el
presidente
del
Cermi,
impacta
en
las
personas
con
discapacidad
de
un
modo
"mucho
más
intenso"
que
en
el
resto
de
la
población,
lo
que,
a su
vez,
redunda
en
el
ejercicio
de
derechos.
Con respecto
a la
"inacción",
Pérez
Bueno
señaló
que
buena
parte
de
los
derechos
humanos
están
ligados
o
dependen
de
cuantías
económicas
que
han
de
estar
sostenidas
en
medidas
financieras
que
no
llegan.
No obstante,
el
presidente
del
comité
representativo
de
las
personas
con
discapacidad
quiso
dejar
claro
que
no
todos
los
derechos
humanos
están
vinculados
a
partidas
económicas
y
que,
aún
así,
muchos
de
ellos
no
se
cumplen.
Y no se cumplen,
consideró,
porque
dependen
de
"inercias
históricas
heredadas",
un
hecho
que
requiere
de
un
cambio
de
modelo
y de
una
"profunda
evolución
normativa".
DERECHO DE
SUFRAGIO
Como ejemplo
de
derechos
humanos
que
no
requieren
de
dinero
para
su
ejercicio
por
parte
de
los
ciudadanos
con
discapacidad,
el
presidente
del
CERMI
puso
el
del
voto,
del
que
están
privados,
dijo,
unos
80.000
españoles
con
discapacidad.
En este sentido,
citó
el
artículo
12
de
la
Convención
de
la
ONU
sobre
los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad,
que
señala
que
"los
Estados
Partes
reconocerán
que
las
personas
con
discapacidad
tienen
capacidad
jurídica
en
igualdad
de
condiciones
con
las
demás
en
todos
los
aspectos
de
la
vida".
El mismo artículo
continúa
diciendo
que
también
los
Estados
Partes
"adoptarán
las
medidas
pertinentes
para
proporcionar
acceso
a
las
personas
con
discapacidad
al
apoyo
que
puedan
necesitar
en
el
ejercicio
de
su
capacidad
jurídica".
Otro ejemplo
de
derechos
que
no
necesitan
de
medidas
financieras
para
ejercerse
está
en
algo
"tan
abominable"
como
la
esterilización
forzosa
a la
que
continúa
sometiéndose
a
personas
con
discapacidad
intelectual,
especialmente
a
mujeres,
o en
los
internamientos
igualmente
forzosos
a
ciudadanos
con
enfermedad
mental,
que
"siguen
existiendo".
"Nadie puede
ser
privado
de
su
libertad
por
su
enfermedad
mental",
afirmó
Pérez
Bueno,
quien
añadió
que
sí
se
entiende
esa
privación
cuando
la
causa
es
la
comisión
de
un
delito.
Relacionado
con
la
situación
de
los
ciudadanos
con
enfermedad
mental
y el
ejercicio
de
los
derechos
humanos
está
la
modificación
de
las
medidas
de
seguridad
que
se
aplican
a
los
ininputables,
que
son
quienes
no
tienen
conciencia
de
haber
cometido
un
delito,
prosiguió
el
máximo
representante
del
CERMI.
Esta modificación
se
plasma
en
la
reforma
del
Código
Penal,
en
trámite
parlamentario,
que
introduce
el
término
de
"peligrosidad
social"
asociado
a
los
autores
de
delitos
con
enfermedad
mental.
Por todo esto,
el
Cermi
pide
a
los
grupos
parlamentarios
que
desestimen
esta
modificación
y al
Gobierno
que
impulse
las
medidas
necesarias
para
permitir
que
las
personas
con
discapacidad
privadas
del
derecho
de
sufragio
puedan
ejercerlo,
aunque
sea
con
apoyos
si
los
precisan.
EL INFORME
El informe
sobre
derechos
humanos
y
discapacidad
relativo
a
2013
evidencia
que
el
año
pasado
aumentó
un
33,1%
el
número
de
consultas
recibidas
en
la
Asesoría
Jurídica
del
CERMI,
que
ascendieron
a un
total
de
422,
105
más
que
en
2012.
De estas 422
consultas,
32
se
tramitaron
como
posibles
vulneraciones
de
derechos
fundamentales,
mientras
que
el
resto
corresponden
a
solicitudes
de
información.
En cuanto a
la
distribución
por
sexos,
el
60%
de
las
consultas
las
realizaron
hombres
y el
40%
restante,
mujeres. | 
